Debe ser que me estoy cansando de decir “lo mismo… lo mismo… lo mismo” en este blog. Cualquiera diría que los gobiernos en Puerto Rico no saben atender las crisis económicas y fiscales—creadas irresponsablemente por esos mismos gobiernos—sin que sea “el de abajo” el que pague los platos rotos.
Ahora, luego de varias semanas de estarse discutiendo la implantación de una nueva ley para declarar una “emergencia fiscal” en Puerto Rico, la misma acaba de ser aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el gobernador García Padilla. Se trata de la Ley Número 66 de 17 de junio de 2014 (Ley 66-2014), conocida como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Una ley que del saque se ha dado en decir que es una nueva versión de la Ley Número 7 de 9 de junio de 2009 (Ley 7-2009), conocida como la “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”, firmada por el entonces gobernador Luis G. Fortuño Burset. Dos leyes con largas exposiciones de motivos (23 páginas en la Ley 7-2009 vis a vis 44 páginas en la Ley 66-2014), llenas de datos, gráficas y estadísticas para justificar sus respectivas existencias. Pero ambas van dirigidas a un mismo fin: tratar de atender una crisis de la creación de los gobiernos que las implantaron, sin asumir mayor responsabilidad que la de ponerlas en el papel (o en el formato de documentos digitales, PDF—porque hay que hacerlo “a la moderna”, ¿vi’jte?) para la posteridad. Para que se les recuerde—y se les “quiera” en el proceso (dándole su voto en las próximas elecciones generales).
Y si vamos a hablar de recordación, la de la Ley 7-2009 y sus lamentables consecuencias aún está fresquecita, y no con mucho cariño que digamos. Y yo la sigo viviendo todos los días en mi lugar de trabajo. Pero vamos a seguir con lo que hoy nos trae hasta aquí.
Por lo menos esta vez, la Ley 66-2014 no nos promete retiros tempranos ni renuncias “voluntariamente involuntarias” o “involuntariamente voluntarias” (o como diría Cantinflas, “ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario”) como las de la Ley 7-2009—digo, si le creemos a la declaración de política pública en el segundo artículo de la Ley 66-2014. (Sí, porque parece que la situación fiscal del gobierno es de tal magnitud, que no hay para proveer los lindos chalecos salvavidas con el emblema de los dueños de la nave que quiere llegar a puerto con la carga, los pasajeros y la tripulación—la que como siempre, NUNCA está de más—que ofrecieron la última vez.) Más bien propone una variedad de medidas que deben estar en vigor hasta el 1 de julio de 2017 (o sea, hasta casi 7 meses después de las elecciones generales de 2016), o que podrían expirar antes si se certifica que el producto nacional bruto del país habría aumentado en 1.5% (1,5%) para un próximo año fiscal, las casas acreditadoras de la Calle Wall neoyorkina resuelven que las obligaciones financieras gubernamentales no son chatarra y el año fiscal que cierra lo haga sin un déficit (a menos que algún legislador de pueblo chiquito se haya despertado de su siesta en plena sesión para reclamar que a su municipio no lo dejan beneficiarse de las “medidas importantes”… ¡como los déficits!). Medidas tales como reducción en la contratación de servicios profesionales; reducción en el gasto de nómina de empleados de confianza; prohibición de nombramientos de empleados regulares, de carrera, transitorios o irregulares para puestos (excepto que rindan servicios directos o sean esenciales para los recaudos de la agencia implicada, o por varias otras razones); autorización de traslados o destaques de empleados dentro de una misma agencia o entre agencias (sin disminución de sueldo o beneficios marginales); prohibición en la concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria; extensión de las cláusulas no económicas de los convenios colectivos vigentes en las agencias de gobierno que se rigen bajo la Ley Número 45 de 25 de febrero de 1998 (Ley 45-1998), conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico” (los cuales serán negociados luego de concluir la vigencia de la Ley 66-2014); prohibición de los gastos en las agencias de gobierno, en exceso de los fondos presupuestados; suspensión de las cláusulas no económicas en los convenios vigentes en las corporaciones públicas (las cuales se rigen por otras leyes que no son la Ley 45-1998), incluida la prohibición de liquidar monetariamente los balances acumulados de licencia de sus empleados; prohibición del uso de fondos públicos para pagar escoltas a jefes de agencias (con algunas excepciones), así como para viajes no esenciales al extranjero, contratación de servicios profesionales y adquisición de equipos tecnológicos personales de uso exclusivo (ustedes saben: celulares inteligentes, PDAs—¿hay quien todavía usa eso habiendo actualmente celulares más inteligentes que un PDA?—y demás); y disminuciones en los gastos de arrendamiento (por ejemplo, de edificios) y en el consumo de electricidad y agua de las agencias públicas.
(La Ley 66-2014 también tiene otras medidas que aplican a las ramas legislativa y judicial, pero para los efectos de esta entrada me enfocaré en lo resumido en el párrafo anterior.)
Tal vez muchas de esas medidas suenan bien sobre el papel (o en la copia en formato digital). Pero no les suenan bien a todo el mundo. Particularmente a los empleados unionados de las corporaciones públicas (particularmente las autoridades de Acueductos y Alcantarillados y de Energía Eléctrica), los cuales han amenazado con envolver al país en un “paro nacional” si no se les excluye de la Ley 66-2014 (particularmente de lo relacionado con la prohibición en la concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria y la suspensión de las cláusulas no económicas en los convenios vigentes). Un paro que podría ocurrir como la visita anual de los 3 Reyes Magos, “de noche, con gran cautela, cuando nadie, sus pasos vela”. Un paro cuyos pininos se dieron hace unos días, cuando formaron una enorme congestión de tránsito en el Túnel Minillas, una de las principales vías de tránsito del San Juan metropolitano.
Pero, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué se quería lograr? Tal vez para mí no se logró nada, excepto que los principales medios de prensa captaran—intencionalmente o no, eso es inmaterial—el lado oscuro de las protestas obreras en Puerto Rico: manifestantes en pleno abuso contra los conductores a los que sólo les interesaba salir del barullo que se había formado en el túnel, con latas de cerveza en la mano (como si fuera una fiesta o un pasadía en la playa), incluso faltándole el respeto a los policías asignados a mantener el orden—que si vamos a ver, también son trabajadores, también tienen sus hachas que amolar (como la del tiempo trabajado por horas extra que nunca se les quiere pagar), pero también tienen la responsabilidad social de cumplir con su deber de garantizar la seguridad ciudadana, le guste a quien le guste.
Y después de todo ese “show of force”… ¡pa’ Plaza Las Américas! No precisamente para conseguirse “lo último en la avenida” y estar a la moda—aunque el mundo se joda—, sino a marchar por dentro del centro para revivir la eterna dialéctica entre “ustedes, los ricos” y “nosotros, los pobres”. (Me pregunto si estas personas sabrán que no todo el o la que va a “Plaza”—me incluyo, aunque sólo voy cuando sea estrictamente necesario—es porque quiere lucir la última moda de Armani Exchange, adornarse con las más exclusivas piezas de joyería de Gordon’s, o calzar unas lujosas y decadentes tacas de 6″ o 152 mm de alto de DiMorini o Novus. Pero ya eso es otra cosa.)
Por supuesto, no es la primera vez que las uniones obreras que representan los empleados de las corporaciones públicas tratan de convocar a un paro nacional (y por los mismos motivos), o que las mismas protestas se mudan a “Plaza”. Y no creo que sea la última vez que ello suceda.
Otras sindicales, las cobijadas por la Ley 45-1998 (que lamentablemente, no provee el derecho a la huelga a los miembros de dichas sindicales), han tenido que negociar los impactos de la hoy Ley 66-2014 antes de que la misma fuera aprobada. Tal vez porque entendían que era más responsable agarrar el toro por los cuernos y enfrentar directamente la amenaza de eliminación de sus conquistas laborales, a la vez que se evitara profundizar la crisis que nos ha traído hasta aquí—aunque se pudieran reservar la opción de embestir como hicieron los maestros sindicados hace unos meses, cuando vieron amenazado su sistema de retiro. Por supuesto, sólo el tiempo dirá si el enfoque de estas sindicales fue correcto o no, y si resulta que no, que sirva de lección para evitar tomaduras de pelo en el futuro.
Pero lo importante es que estamos viendo de nuevo lo mismo que en el pasado.
“(L)o que se está viendo no es muy agradable que digamos…. (L)a tendencia de los últimos años ha sido la de los gobiernos meter la mano en los bolsillos del pueblo para tapar su propia incompetencia—porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Tal vez mediante leyes traídas por los pelos, legisladas en sesiones extraordinarias convocadas con mucho sigilo, mientras el resto del país se ofusca celebrando ‘las Navidades más largas del mundo’…. Leyes que responden a un deseo de quedar bien con los tenedores de bonos o ‘bonistas’—los mismos de los que la Constitución de Puerto Rico de 1952 nos recuerda que hay que apaciguar antes que a nadie más—y con las casas de corretaje de la calle Wall neoyorquina que esperan pacientemente como buitres, que a un verdadero propósito de ayudar a un prójimo que se muere de la nada.
“¿Y los responsables de todo esto? Siempre las mismas caras, las mismas figuras. Lo mismo los azules del PNP que los rojos del PPD. Unos y otros diciéndole a sus conciudadanos que lo están haciendo ‘por su bien’. Cualquiera diría que el paternalismo de otros tiempos, como lo diría la vieja canción, no estaba muerto, sino que anduvo de parranda por un tiempo.”
Y me temo que al final, el resultado será siempre el mismo.
“(D)e ahora en adelante seguiremos viendo a un bando y al otro haciendo sus movidas correspondientes, a ver quién prevalece en un juego de ajedrez en el que los que estamos en medio somos peones…. Lo que estamos viendo en estos días, es tan sólo el comienzo de la partida.”
O tal vez la continuación de una partida de ajedrez que tuvo su inicio hace largo tiempo y está actualmente en su fase de combate, pero cuya resolución está todavía muy lejos de verse.
¡Y vamos a dejarlo ahí! Cuídense mucho y sean personas razonables.
LDB
El Mundo de Luis Daniel Beltrán 