Que Hace Toda Esa Gente Metida En Una Cama?

¡Hola, mi gente!  Seguro que me echaron de menos por el pasado par de semanas, pero no se preocupen, que aquí estoy nuevamente con ustedes.  La cosa es que…

No van ni las primeras tres semanas del 2008, y las controversias se ponen cada vez más fuertes en Puerto Rico y en el mundo.  Aun entre quienes profesan estar en un mismo bando, no deja de haber molestia por algún comentario sobre un tema delicado, que se toma como algo ofensivo (real o potencialmente).  (Algo más o menos como la controversia entre los dos pre-candidatos del Partido Demócrata estadounidense a la presidencia de los EE.UU., Hillary Clinton y Barack Obama, por un comentario de la primera—o del esposo de ésta, el ex-presidente Bill Clinton—que algunos tomaron como un insulto al recuerdo del Dr. Martin L. King, al valorar más la firma de la Ley Federal de Derechos Civiles por el entonces presidente Lyndon B. Johnson.)  Pero no es a esa clase de controversia a lo que quiero dedicar mi tiempo hoy.

A lo que voy es a comentar sobre la controversia que lleva algún tiempo, en torno a la propuesta de la legislatura puertorriqueña para que se eleve a rango constitucional el matrimonio entre las parejas heterosexuales en Puerto Rico, mediante una enmienda que se votaría en las elecciones generales del 11/04/2008.  La Resolución 99 (que presumo es una resolución conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado) procura que sea política pública del Estado Libre Asociado reconocer el matrimonio como la unión hombre-mujer, lo que podría dejar fuera de la protección de la carta magna a las parejas heterosexuales que cohabitan sin haberse casado y a los matrimonios entre parejas del mismo sexo.  Como es de esperarse, se han tomado bandos en torno a la medida: los sectores religiosos y defensores de la familia, se agarran de la resolución aun si ésta fuese un clavo caliente, por considerar que se protege a la familia según se concibe tradicionalmente; por su parte, los sectores más liberales y «progresistas» (y las comillas no se las pongo con mala intención, ¡que conste!) atacan la medida, por considerar que deja fuera las parejas del mismo sexo y que la pretendida política pública que se implantaría podría degenerar en una campaña de odio contra las mismas.

Tal vez una manera interesante de ver este asunto sería definiendo lo que es política pública.  Para los fines presupuestarios del gobierno de Puerto Rico, esta frase se define así:

Política Pública – Posición básica o curso de acción seleccionado por el gobierno para orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Las principales fuentes de expresión de política pública son la Constitución, el Código Político, las leyes, el Programa de Gobierno y los pronunciamientos oficiales del gobierno. Las políticas públicas definen un orden de prioridad y el ámbito de acción del gobierno en el tratamiento de los problemas o necesidades, según su naturaleza y urgencia.

(FUENTE: Definiciones Presupuesto de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.)

Si mi entendimiento de esta controversia es el correcto, esto implica que el gobierno de Puerto Rico, ante lo que percibe como una necesidad o interés apremiante de sus ciudadanos, estaría llamado a adoptar una posición básica en el sentido de validar el matrimonio entre el hombre y la mujer, y daría prioridad a ese único tipo de unión legal en la validación de sus derechos y prerrogativas.  Si eso es así, me pregunto si quienes impulsan la resolución saben exactamente cuales son las implicaciones de lo que están proponiendo, y si hay alguna manera de aliviar las situaciones que se podrían generar como consecuencia de que se implante la resolución.  Por ejemplo, ¿qué habrá que hacer con las parejas de hecho?  ¿Qué derechos cobijarán a este otro tipo de unión, a la que se dejará de lado en favor del matrimonio legal?  ¿Y qué hay de los hijos que se produzcan de las uniones de hecho?  Y en cuanto a las parejas del mismo sexo—que dicho sea de paso, es un estilo de vida que yo personalmente no favorezco, aunque sí respeto a quien hace esa elección personal—, ¿estarán compitiendo en desigualdad de condiciones con las parejas «normales»?  ¿Serán objeto de la ignorancia, el odio y la ira de quienes creen ser mejores hijos de Dios que los demás?  O si viene alguna de esas personas bañadas de «rectitud» de arriba para abajo, a decirme que eso no es así, ¿qué soluciones propondrá para atender el problema que resultaría si se elevara el matrimonio heterosexual  a un rango constitucional?

(Y que conste, esta vez las comillas en la palabra «rectitud» son con todo propósito.  Y además, la última pregunta en el párrafo anterior es para ver cómo enmudece gente como ésa… ¡eso nunca falla!)

Y ya que hablamos de personas bañadas de «rectitud» de arriba para abajo, no hay más que mirar a los legisladores que propulsan esa resolución.  Del lado senatorial, la resolución es impulsada por Jorge de Castro, el mismo senador que protagonizó la patética «sacá ‘e pecho» de hace unas semanas frente al sitio donde se construye el proyecto Paseo Caribe (si se perdieron eso, vean mi mensaje de 12/16/2007).  Ahora bien, recién acaba de darse una ironía: el «distinguidísimo» senador se divorció de su esposa hace apenas un par de días… ¡por trato cruel!  ¿Y ésa es la clase de ejemplo que los legisladores le quiere dar a los demás, a quienes les tiene que aplicar la misma ley que ellos evaden?  Por su parte, la portaestandarte de la resolución en la Cámara de Representantes es Liza Fernández, a quien ya conocimos como alguien que parece que pasó por la Universidad, sin que necesariamente la Universidad pasara por ella.  (Por si acaso, es a ella a quien me refiero—aunque no la identifiqué entonces; sorry!—en el mensaje Luces Apagadas, en el que vemos cómo ante el fallecimiento de Don Enrique Laguerre ella demostró su cultura… ¡o la falta de la misma!)  ¿Será para congraciarse ambos legisladores con los sectores favorecedores de la medida?  ¿Tanto necesitarán de los votos de ese sector de nuestra sociedad para mantenerse en el poder?

Yo lo lamento mucho.  Pero por mejores intenciones que pueda tener una medida como la Resolución 99, la misma no me parece la forma más adecuada de resolver un problema social apremiante, como lo es la crisis del entorno familiar en Puerto Rico.  Esa es una crisis que requiere atención directa, que se busque ayudar a las familias en problemas, en lugar de perjudicarlas.  Es una crisis que debe atacarse de frente, con firmeza, responsabilidad y voluntad.  Y lamentablemente, ésas son cosas que le faltan a quienes actualmente tienen en sus manos el poder para resolver esa crisis, y en su lugar pueden acabar creando un problema mayor.

Bueno, ¡vamos a dejar eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta la próxima.  Bye!

LDB