De Vuelta al Paseo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project, Inc.;
Firstbank Puerto Rico, Inc.

Apelados-Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de Justicia; Junta de Planificación representada por su Presidente; Administración de Reglamentos y Permisos representada por su Administrador, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales representado por su Secretario

Apelantes-Recurridos

Hilton International of Puerto Rico, Inc.; Hotel Development Corp.

Demandados
***********************************

CT-2008-04

Certificación

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

En esta ocasión, nos corresponde resolver una controversia que trasciende las particularidades fácticas del caso de epígrafe. En esencia, debemos determinar si ciertos terrenos ganados al mar mediante rellenos realizados en la entrada de la Isleta de San Juan a mediados del siglo pasado –sobre los cuales actualmente se erige parte del proyecto de desarrollo mixto comúnmente conocido como Paseo Caribe- son bienes privados o de dominio público.

Al resolver dicha interrogante, tenemos presente que las obras de relleno en controversia formaron parte de una política urbanista promovida por el Estado durante la primera mitad del siglo XX que resultó en la modificación de una tercera parte del litoral de San Juan y en el asentamiento de diversas zonas históricas del área metropolitana, tales como Puerta de Tierra, Barrio Obrero, Isla Verde, Sabana, Amelia, Ocean Park, Isla Grande, Juana Matos y el Condado. No cabe duda que la clasificación dominical que hoy le otorguemos a las tierras objeto de este pleito tendrá serias consecuencias sobre los derechos propietarios y la seguridad jurídica de las miles de familias que habitan en esas comunidades de San Juan y de otras partes de Puerto Rico con un tracto similar, pues gran parte de éstas también se cimentaron sobre terrenos ganados al mar.

Luego de analizar el derecho aplicable, concluimos que al momento de realizarse los mencionados rellenos era suficiente cumplir con un esquema administrativo para la desafectación de los terrenos ganados al mar. Toda vez que las agencias competentes autorizaron a título de dominio las obras de relleno realizadas en el Coast Guard Parcel en el año 1941 y en el Condado Bay Parcel en la década de los cincuenta, resolvemos que dichos predios son bienes patrimoniales susceptibles de apropiación particular. En vista de que no se desprende de los autos que se presentara prueba sobre error o fraude en la concesión de los permisos correspondientes, y dado que San Gerónimo Caribe Project, Inc. es el titular de los referidos terrenos privados, confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

(Caso CT-2008-04, 31 de julio de 2008, páginas 1–2 [de un total de 146 páginas].  Énfasis añadido.)

íSaludos, mi gente, dondequiera que estén!

Francamente, todavía estoy tratando de entender lo que acaba de suceder.  Y lo que acaba de suceder es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz de su presidente, Hon. Federico Hernández-Denton, ha determinado (pese a la opinión disidente de la Hon. Liana Fiol Matta) que los terrenos del lujoso proyecto residencial conocido como “Paseo Caribe” no constituyen bienes de dominio público del Pueblo de Puerto Rico, toda vez que el gobierno que en su momento debió haber ejercido su autoridad en ese sentido, permitió que se transformaran esos terrenos en unos dedicados a fines particulares.

(Para quienes leen esto fuera de Puerto Rico, si no se acuerdan de lo que trata este caso, les refiero a este mensaje que escribí en junio del año pasado.  Y también a este mensaje de agosto del año pasado.  Y a éste otro, sobre el papelón de “siete machos” representado por un senador estatal en los predios del proyecto.)

La certificación que cito arriba plantea la consideración de un proceso histórico de desarrollo urbano en la zona metropolitana de San Juan, el cual ha producido como resultado la ubicación de una serie de comunidades como las que se mencionan en la cita.  Por supuesto, para el momento histórico en que se da ese tipo de urbanismo, no existía mucho del conocimiento que hoy tenemos sobre riesgos costeros, entre otras áreas, ni existía mucha de la preocupación (o tal vez, conciencia) que existe hoy en día por proteger vidas y propiedades; si hubiera sido así, creo que tal vez muchas de esas comunidades nunca se hubieran ubicado donde hoy están.  Pero como dicen por ahí, “los perros nacen sabiendo”… ¡y lamentablemente no somos perros!

Una cosa que me llama la atención de la certificación emitida por nuestro más alto tribunal es que basa su determinación, entre otros criterios, en un concepto esbozado por dos catedráticos puertorriqueños de Derecho, sobre lo que determina el carácter público de un bien:

[e]l carácter de dominio público de un bien no depende de su naturaleza física o geológica. Lo determinante es su finalidad: el uso público del mismo. De ahí que un bien, originalmente de dominio público, pueda transformarse en bien patrimonial, susceptible de enajenación, si su uso cesa de ser público.

M. Godreau y J.A. Giusti, Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351, pág. 563 (1993).  (Citado en la página 52 de la Certificación CT 2008-04).

A mí lo anterior me da a entender que las mismas acciones pasadas del gobierno, como parte de la referida política urbanística practicada en tiempos anteriores, llevó a que el uso de esos terrenos cesara de tener un fin público, como lo es el acceso del público a la playa, lo cual lo abrió a ser aprovechado para el disfrute de particulares.  Así que al perder ese carácter, el Estado no puede reclamarlos para un fin público, como se pretende.

Sin entrar en los méritos de la legalidad (o falta de la misma) de la concesión de los permisos para el proyecto (algo que se supone que sea de mi incumbencia, de todos modos), la decisión del Tribunal Supremo resuelve que los terrenos de Paseo Caribe pertenecen a la entidad que está desarrollando el proyecto y no son bienes de dominio público en terrenos ganados al mar.  Sin embargo, en la misma decisión se establece que dicha entidad debe proveer una servidumbre para permitir el acceso al Fortín San Gerónimo del Boquerón, tanto para las obras de mantenimiento que tanta falta le hacen en estos momentos, como para el disfrute del público.  Me imagino que esto último debe ser algo así como un “premio de consolación” para quienes abogan por el libre acceso del público a nuestras playas y facilidades de recreación costera, algo así como un intento de complacer a la mayor parte de la gente la mayor parte del tiempo.

No voy a entrar en las reacciones que siguieron a esta decisión, porque las mismas son tan y tan y tan predecibles que no vale la pena entrar en ellas (para eso están los mensajes míos anteriores que les refiero arriba).  Pero aún sigo creyendo que situaciones como la de Paseo Caribe, bien pueden evitarse que lleguen a un punto en el que la injusticia sea la norma, venga del lado de donde venga.  Como dije en mi mensaje de hace un año,

. . . el caso es que hasta que no se reformen las leyes para prevenir que se repitan situaciones como la que me ocupa hoy, pero más aún, hasta que no se asegure que el proceso gubernamental de concesión de permisos para desarrollo no se preste para la burda manipulación por parte de quienes creen que pueden abusar del resto de nosotros, tendremos que seguir tolerando que cualquiera, con cualquier agravio por más tonto que sea, trate de poner de rodillas a una sociedad civilizada, sin que haya la voluntad de defenderla de quienes creen actuar “por el pueblo”.

(El énfasis lo añadí yo esta vez.)

Y creo que mientras pueda, voy a seguir insistiendo en ello.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  ¡Hasta luego!

LDB

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Autor: Luis Daniel Beltrán

Planificador ambiental en Puerto Rico, con preparación de Maestría en Ciencias en Biología. (An M.S.-degreed Biologist working as a Licensed Professional Planner in Puerto Rico.)

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