Cuando tenga la tierra…

¡Saludos, mi gente!

Ustedes saben que en entradas anteriores he escrito sobre el trabajo que hacen las organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico.  Es más, déjenme retroceder un poco para ver lo que escribí el año pasado al respecto, cuando contrasté la digna labor de las organizaciones de base comunitaria con el bochornoso espectáculo de los legisladores boricuas (en eventos separados ocurridos un mismo día):

De particular interés fueron las presentaciones que hicieron los líderes o representantes de las comunidades, ya que como la experiencia reciente ha demostrado, estas comunidades son las que están desarrollando las maneras de resolver sus propios asuntos y de reclamarle a los gobiernos pertinentes (particularmente los gobiernos municipales) la atención debida a sus necesidades.  En dichas presentaciones se observaba el interés, el empeño, el tesón con el que estas comunidades luchan día a día contra vientos y mareas, para exigir la reparación de los agravios que cometemos todos los días contra nuestro ambiente.  Ya sea exigir respeto por los árboles cuando éstos son cortados por razones que al final resultan espurias… o defender los derechos de una comunidad que vive, trabaja y sueña dentro de lo que ha sido su hogar histórico… las comunidades nos demuestran que toman su responsabilidad en serio, que tienen el empeño de legarle a las futuras generaciones, un futuro de paz, donde puedan disfrutar de una vida segura, en armonía con su medio ambiente.

Dos ejemplos de conducta pública en un día (10 de febrero de 2008 ) (el énfasis está incluido en el original)

Y hasta insistí en eso mientras esperábamos a que se realizaran las pasadas elecciones generales en Puerto Rico:

En lo que el hacha va y viene, lo mejor que yo puedo hacer es pensar en las cosas que me hubiera gustado ver en los cuatro programas de gobierno para el ejercicio electoral de 2008.  Cosas como por ejemplo, un mayor apoyo del gobierno a las organizaciones comunitarias, que en el análisis final, son las que están ayudando a la gente a pararse sobre sus propios pies, sin “recostarse” de las dádivas de los programas de asistencia social estadounidense.

Cosas que a mí me hubiera gustado ver (27 de octubre de 2008 )

Yo no sé, pero me pregunto si un gobierno—sea del partido político que sea—puede estar en contra de que la gente más necesitada sea capaz de pararse sobre sus propios pies.  Después de todo, una de las funciones de los partidos políticos es buscar alternativas para ayudar a la gente a solucionar los males que la aquejan—me refiero a problemas tan serios como la pobreza, la violencia delictiva, la salud física y emocional, el deterioro de la economía, etc.—y pueda vivir su vida aportando al bienestar y el progreso del país… ¿o me equivoco?

El caso es que en los últimos días han salido a relucir dos proyectos de la Asamblea Legislativa puertorriqueña—pero para los efectos estoy hablando de una misma cosa—, que se han visto como una amenaza a la capacidad de apoderamiento (lo que algunos que pretenden hablar inglés sin siquiera saber hablar buen español llaman empowerment) de estas comunidades pobres.  Tanto el Proyecto del Senado 365 como el Proyecto de la Cámara de Representantes 1403 pretenden enmendar una ley del 2004, por medio de la cual los terrenos en las márgenes del Caño Martín Peña se traspasan (en última instancia) a las comunidades existentes a uno y otro lado.

Para quienes no conocen la zona, el Caño Martín Peña (el cuerpo de agua que se indica con la tachuela roja en este mapa) discurre de este a oeste desde la Laguna San José hasta donde se une con el Río Puerto Nuevo, cerca de donde éste desemboca en la Bahía de San Juan.  El caño separa los distritos sanjuaneros de Santurce al norte y Hato Rey al sur.  A ambos lados del caño están asentadas unas ocho comunidades (Barriada Israel-Bitumul, Parada 27, Península de Cantera, Las Monjas, Barrio Obrero Marina, Barrio Obrero, Buena Vista de Santurce y Buena Vista de Hato Rey), cuyos 27000 habitantes, al decir del Consorcio del Estuario de la Bahía de San Juan (SJBEC), viven “en condiciones de marginalidad y pobreza”.  Dichos residentes, según la página informativa del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña,

… son vulnerables a problemas de salud e inundaciones frecuentes relacionadas con la falta de infraestructura de alcantarillado sanitario y la resultante degradación de este cuerpo de agua.

Irónicamente, estas ocho comunidades pobres se encuentran a poca distancia del tramo de las avenidas Ponce de León (carretera [25] en el mapa) y Muñoz Rivera (carretera [1], no identificada en el mapa, pero que discurre paralela a la Ponce de León) entre el caño y el sector central de Hato Rey, donde radican algunas sedes de los principales bancos e instituciones financieras de Puerto Rico, conocido como “la Milla de Oro”.  ¡Nada más con el testigo! 

(Por cierto, les dejo aquí este enlace para que conozcan parte de la historia de las comunidades que rodean el caño, a través de un proyecto de historia oral dirigido por el profesor Pedro González. de la Universidad Interamericana de Puerto Rico [UIAPR].)

Volviendo al tema, los proyectos legislativos que mencioné arriba procuran intervenir con el Artículo 16 de la Ley 489 del 24 de septiembre de 2004, la Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña.  Según está redactado, ese artículo establece lo siguiente:

Las Agencias Públicas, según definidas en esta Ley, que administren, custodien, dominen, arrienden o posean terrenos en el Distrito se entenderá por esta Ley que han transferido, a partir de los ciento sesenta (160) días de la vigencia de la misma, el respectivo título a la Corporación.  En el caso de los terrenos de dominio o patrimonio público la titularidad de los mismos queda por esta Ley investida en la Corporación, con las excepciones más adelante establecidas en relación con la Zona Marítimo Terrestre.

Pero más allá de lo que esto signifique, sería bueno ver la intención detrás de que la Corporación sea la dueña de esos terrenos bajo esta ley.  Tres artículos más adelante, la Ley 489 de 2004 crea el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, el cual abarcará todos los terrenos que le se le hayan transferido a la Corporación del Proyecto ENLACE (que también se crea bajo dicha ley).  Según redactado,

(a) El Fideicomiso de la Tierra tendrá los siguientes objetivos: (1) Contribuir a resolver el problema de titularidad de muchos residentes en el Distrito mediante la tenencia colectiva del terreno.  (2) Atender con equidad el desplazamiento físico o económico de los residentes de bajos ingresos que resulta de los proyectos de reconstrucción urbana, evitando la desintegración y el desplazamiento de la comunidad.  (3) Garantizar viviendas asequibles en el Distrito.  (4) Adquirir y poseer tierras en beneficio de la comunidad, incrementando el control local sobre la tierra y evitando la toma de decisiones por dueños ausentes.  (5) Facilitar la participación de los residentes y la inversión estratégica del sector privado, y redistribuir con equidad el aumento en el valor de la tierra mediante el mecanismo de bonos de participación, diversificando las fuentes de ingresos de las familias y reinvirtiendo en el Distrito.  (6) Facilitar la reconstrucción y valorización de los espacios urbanos, de acuerdo a la política pública establecida por esta Ley, y los planes de desarrollo y uso de suelo que adopte la Junta de Planificación para el Distrito….

(b) Para cumplir con estos objetivos, el Fideicomiso podrá:…

(Agárrense de sus asientos, porque aquí es que viene lo bueno…)

…  (6) Adquirir por medio de la transferencia de título, los terrenos y solares de origen público que se determina por el estudio que se ordena en el Artículo 16 de esta Ley y proteger los bienes patrimoniales de Puerto Rico en el Distrito….  (8) Administrar los terrenos de forma efectiva para el beneficio equitativo de los residentes del Distrito….

Ley 489 de 2004, Artículo 19 (énfasis añadido por mí intencionalmente).

Digo yo, si como lo dice el artículo de ley que acabo de citar, la obtención de esos terrenos por parte del fideicomiso que se crea bajo esa ley es para el beneficio equitativo de los residentes del distrito del Caño Martín Peña, ¿quién puede tener alguna objeción a ello?  Claro está, a menos que se trate de otros intereses que tienen puestos sus ojos en los terrenos alrededor del caño, especialmente los que las agencias públicas poseen en el área.  Intereses que ven en los terrenos alrededor del Caño Martín Peña la posibilidad de desarrollo, pero no la clase de desarrollo que beneficie a los residentes de la zona.  Y no hace falta decir a qué me refiero, pero eso incluye la construcción de apartamentos y viviendas de lujo, de esas que comienzan en los “bajos” US$500000 (y eso es el modelo “básico” con un sólo dormitorio y un cuarto de baño, con estacionamiento para un sólo auto)… la clase de vivienda en la que ninguna de las familias que residen actualmente en estas comunidades podrá poseer, a menos que (en el mejor de los casos) se saquen los millones de dólares en el premio mayor de la Lotto

(Y aún si fuese así, yo sigo cuestionando si en realidad existe en Puerto Rico tal demanda que justifique la venta de viviendas a precios como ése, porque yo lo veo muy dudoso… ¡pero ésa es sólo mi opinión!)

Ante ese cuadro, la impresión es que la Asamblea Legislativa ha salido al rescate… pero no de los residentes de las ocho comunidades alrededor del caño (que se han hecho bautizar “G-8”, como los países que forman la cumbre de países industrializados), sino de los propios intereses desarrollistas que tienen en la mira los terrenos alrededor del caño.  O por lo menos, eso es lo que vemos en los siguientes comentarios sobre la manera en la que el Senado aprobó su versión del proyecto (P.S. 365), por descargue, sin una discusión concienzuda de los méritos del proyecto en el hemiciclo:

La medida me parece un enorme retroceso en el proceso de apoderamiento social y de autogestión, y plantea un empujón a la agenda gubernamental que en ocasiones parece descartar a las comunidades a la hora de tomar decisiones sobre sus tierras.  Eso, por no hablar del desplazamiento que era la norma antes de la aprobación del Fideicomiso.  Ya sabes: sacamos a los pobres para construir para los ricos.  Lo peor de todo es que la aprobación por descargue se dio sin siquiera avisar a las comunidades afectadas.

Caño Martín Peña: Golpe mortal a la autogestión (Julio Rivera Saniel: Blogueando, 22 de mayo de 2009)

Esta aprobación pone en serio riesgo un proyecto que ejemplifica extraordinariamente los principios de democracia participativa, autogestión comunitaria, integración de los objetivos de superación de la pobreza con el medioambiente y mecanismos efectivos para lograr justicia distributiva en materia patrimonial.  Por lo que su defensa, permanencia y éxito beneficia a todos los proyectos comunitarios que se basan en estos principios.

Una vez más: Apoya al Caño desde donde puedas…, por la Lcda. Érika Fontánez Torres (Poder, Espacio y Ambiente, 21 de mayo de 2009)

De hecho, a mí me parece que esto podría ser un disparo de advertencia en una guerra no declarada, entre los intereses desarrollistas y sus aliados legislativos, de un lado, y las comunidades y sus organizaciones de base, del otro lado, con el propósito de reducir a estas últimas a entes impotentes, a simples mantenidos dependientes del estado benefactor, que ni sueñen con tener la capacidad de hacerse una vida mejor sin la “ayuda” de un gobierno o partido político (el que sea).  Que no tengan la capacidad de defenderse en contra de las injusticias provocadas por un desarrollo desmedido y que las acepten sin protestar, para que no se perjudiquen el “progreso” y el “bienestar económico” del país.  (¿No se les parece esto último al fin con el cual las corporaciones en los Estados Unidos suelen usar—más bien, abusar—de lo que se conoce como la demanda estratégica contra la participación pública, SLAPP?*  ¿Será esto una señal de lo que está por venir?)

Yo no sé en qué acabe esto, pero me parece que es el reflejo de cómo la ambición de unos pocos, ayudada por la complicidad—y la complacencia—de los mecanismos políticos principales, busca acabar con las ansias de superación de los seres humanos con mayor desventaja social.  (Y después nos preguntamos de dónde sale tanta violencia, tanto desasosiego, tanto pesimismo.)  Pero creo que de las comunidades depende elegir entre dejarse vencer o ponerse de pie… ¡y yo creo que se mantendrán de pie y seguirán de pie, le guste a quien le guste!

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta luego.


* Por cierto, en mi búsqueda de información para esta entrada acabo de dar con un libro escrito por los dos catedráticos de la Universidad de Denver que descubrieron y alertaron sobre la tendencia de las SLAPP en la década de 1980:

SLAPPs.  Getting Sued for Speaking Out, por George W. Pring y Penelope Canan.  Philadelphia, PA: Temple University Press, 1996.  296 pp.  ISBN: 1-56639-369-8 en rústica, ISBN: 1-56639-368-X en tapa dura.


LDB

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Autor: Luis Daniel Beltrán

Planificador ambiental en Puerto Rico, con preparación de Maestría en Ciencias en Biología. (An M.S.-degreed Biologist working as a Licensed Professional Planner in Puerto Rico.)

7 comentarios en “Cuando tenga la tierra…”

    1. ¡Saludos, Karla!

      En realidad, lo que escribí en la entrada es apenas una opinión “desde afuera” sobre un asunto del que no es mucha la información que tengo, salvo lo que cité directamente allí. Posiblemente, fuentes como el Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la Lcda. Érika Fontánez Torres (de la Escuela de Derecho de la UPR) y el proyecto oral del Prof. Pedro González, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico te podrán proveer—a ti o a cualquier persona que esté interesada en el tema—más datos de los que yo pueda presentar aquí.

      De todos modos, lo importante de la entrada es el contraste entre la defensa que las ocho comunidades del Caño Martín Pena han estado haciendo de lo que entienden es su derecho a organizarse para echar pa’lante, vis a vis la intención del gobierno actual de borrar de un plumazo todo eso que se ha logrado hasta ahora. Y si resulta que esto se debe a un acto de revanchismo político por parte del actual gobierno (el cual está muy mal, venga de donde venga)… pues allá Juana con sus pollos).

      Espero con lo anterior haberte orientado lo mejor posible. De haber cualquier otra cosa, por favor házmelo saber. Y gracias por visitar mi blog. Hasta luego.

      LDB

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  1. ¡Y aquí fue donde la puerca entorchó el rabo, mi gente! El 23 de junio de 2009, el gobernador Fortuño—con algunos ecos de ciertos “estilos del pasado”—convirtió en ley los proyectos que anulan de facto el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Pero para echarle sal a la herida, ahora las autoridades estatales y municipales de San Juan proclaman que el propósito de esta acción es otorgarle a los residentes los títulos de propiedad sobre los terrenos públicos que el Fideicomiso tenía a su haber, y con ello “evitar la especulación” con los mismos (que no es en realidad de lo que se trataba, si se lee bien el texto de la Ley 489 de 2004 que se quiso atacar). Así que ahora nuestros pseudolíderes políticos locales—con el aplauso de dos o tres mantenidos, de esos que siempre creen que recibirán algo a cambio por su lealtad… ¡y los hay que esperan eso toda su vida!—quieren presentarse como “los buenos”, como los “salvadores”, como “el amigo de los que no tienen amigos”, mientras que quienes defienden el esfuerzo de autogestión que las ocho comunidades estaban llevando a cabo en la zona del caño son “los malos”, un enemigo al que hay que aniquilar a como dé lugar (hasta en los tribunales, como lo insinuó el alcalde de San Juan). Pero así están las cosas, y habrá que ver qué más sucede desde aquí.

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  2. La verdad es que me equivoqué (tal vez por querer ser optimista o por hacerme de ilusiones) cuando al final de la entrada expresé que no sabía cómo iba a terminar el proceso relacionado con la anulación legislativa—que en la práctica, de eso es lo que se trata—del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña (y consecuentemente, la anulación de los sueños e ilusiones de progreso las comunidades marginadas).

    Sí, me equivoqué, porque debí haber sospechado que la propia Asamblea Legislativa aprobaría los proyectos P.S. 365 y P.C. 1403 “como el ladrón en la noche” (¡por no perder la costumbre!), por descargue, en una movida que tomó a muchos por sorpresa, en un abierto menosprecio al sentir de quienes hemos cuestionado las verdaderas intenciones de ambas medidas.

    Y aunque se han hecho varios llamados al gobernador Fortuño para que no firme la ley que resultaría de este ejercicio, una vez la misma llegue a su escritorio, yo no tengo mucha fe de que él cambie de parecer. Después de todo, es evidente dónde están las lealtades de quienes “mandan” (o dicen que mandan) en este país.

    Y si a alguien le quedaba alguna duda… vea esta entrada.

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  3. ¡Muchísimas gracias, Profesor Valdez! Con esta entrada he querido unir mi voz a la de Érika y a la de muchos y muchas a quienes nos preocupa cómo la codicia de unos desarrolladores, con la complicidad de quienes los apoyan en las esferas del poder político, amenaza con poner de rodillas a unas comunidades cuyo único “pecado” es quererse levantar por sí mismas. De nuevo, muchas gracias por su visita a mi blog, ¡y que se repita!

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