¿A qué mundo he regresado?

Amigas y amigos, mi gente,

Ahora que me saqué del buche lo sucedido con mi padre y cómo eso me ha puesto la vida desde entonces, no me queda más que tratar de retomar las cosas donde las dejé anteriormente (con excepción de las ensartas de disparates que veo a cada rato en Facebook, Twitter, etc., porque una de ésas sale a cada rato—y seguirán saliendo, es cuestión de tiempo Sarcástico ).  Y francamente, las cosas parece que están cada vez más de mal en peor.

Resulta que en 2016, “el americano” habló.  Y al hablar admitió—aún sin quererlo—que lo que le dijo al mundo en 1953 sobre Puerto Rico fue una gran mentira, un gran engaño, una enorme tomadura de pelo.

Una de esas “maldades” que se hacen, sólo porque quienes las hacen se pueden dar el lujo de hacerlas y quedar impunes en el proceso.

Y la “maldad” en cuestión fue decirle al mundo que al haberse constituido un año antes como “Estado Libre Asociado” (whatever it means now), Puerto Rico tenía el poder para gobernarse a sí mismo.  Que aun cuando dependería en parte—en gran parte… en una grandísima parte—de lo que dispusiera el Congreso estadounidense, Puerto Rico tenía el poder para hacer sus propias leyes, y hacerlas cumplir.  Que como país, Puerto Rico podía hacer lo que le diera la gana…

Y lamentablemente, much@s puertorriqueñ@s cayeron en ese engaño.  Desde quienes ayudaron gustosamente a montar la farsa, hasta quienes se prestaron solícitamente para actuarla, e incluso para buscar un papel de mayor protagonismo.  De una y otra tendencia ideológica.  Estadolibristas y estadoístas, un@s y otr@s por igual.

Much@s de es@s un@s y es@s otr@s se adscribieron al mito de que podían hacer lo que les diera la gana.  Y empezaron a hacer lo que les diera la gana.

Y al sol de hoy siguen haciendo lo que les da la gana.

Y quieren seguir haciendo lo que les dé la gana.

Pero en eso de hacer lo que les dé la gana, es@s un@s y es@s otr@s cometieron—¿o ayudarían a cometer?—la torpeza de causar una crisis económica y fiscal.  Una crisis acentuada por una deuda pública de más de US$72,000,000,000 (US$72.000.000.000).  Deuda que, si ustedes se acuerdan bien (y si no, busquen la nota 1 en esta entrada), corresponde a la que el Artículo VI, Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico de 1952 dispone que se pague antes que a todo lo demás.  O sea, antes que a la Policía para proteger a los ciudadanos de una ola delictiva cada vez más imparable, antes que al Departamento de Salud para atender  desde los problemas básicos de salud hasta las epidemias de dengue, zika y otros males de difícil pronunciación, antes que al Departamento de la Familia para atender la enormidad de las situaciones de maltrato y violencia familiar, antes que a la Autoridad de Energía Eléctrica para modernizar el sistema de provisión de energía eléctrica…

Oops!  Too late!  El miércoles 21 de septiembre de 2016, hubo un colapso total en el sistema eléctrico de Puerto Rico, del que prácticamente nadie se pudo librar (ni siquiera yo, ahora que estoy haciendo mi vida solo).  Aproximadamente 1.5 (1,5) millones de abonados del servicio eléctrico.  Y aunque luego de las 58 horas que tuve que esperar mientras me restablecían ese servicio, todavía quedaban algunas regiones en Puerto Rico a oscuras, se podría decir que esta crisis había sido superada.  Digo, me parece a mí…

Aunque no sin dejar el mal sabor de que en Puerto Rico, somos rehenes de un sistema eléctrico cuya prioridad es protegerse a sí mismo.  Y en el proceso, proteger a quienes se han enriquecido del mismo.  Y el resto de nosotr@s, ¡que se fastidie!

De eso es de lo que se trata esto.

Y eso es lo que parece que al “americano” no le gustó.  (O al menos, ésa es la teoría.)

En fin, que “el americano” dejó que “los nativos” hicieran y deshicieran como les dio gusto y gana.  Pero llegó el momento de empezar a imponerles disciplina.  Porque ellos no se saben comportar.  Porque no se portan bien.  Y hay que “educarlos”.  Hay que enseñarles a ser “buenos”, “obedientes”, “leales”.

Y sobre todo, porque esos “nativos” no mandan en su propia casa, porque quien manda—quien realmente manda—es el Congreso estadounidense.

Así que ese mismo Congreso se dio a la tarea de proponer una ley, con un nombre muy bonito: Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’, PROMESA).  Una ley federal con un propósito bastante ostentoso:

“Para establecer una Junta de Supervisión que ayude al Gobierno de Puerto Rico, incluidas sus instrumentalidades, en el manejo de sus finanzas públicas, y para otros propósitos.”

O sea, que tienen que venir desde afuera a enseñarnos a manejar los asuntos de nuestra propia casa.  ¿Por qué?  Porque pueden hacerlo.  ¿Y cómo lo van a hacer?  A través de una Junta de Supervisión (¿no será más bien, de Control?) Fiscal de 7 personas designadas por el gobierno estadounidense, o sea, ninguna de las cuales ha sido elegida por los puertorriqueños.

¿Qué tal si les damos un nombre que describa mejor a ese ente?  Un SUPRAGOBIERNO.

Pero de veras, ¿es esto lo que nos hemos buscado?  ¿Es esto a lo que hemos tenido que llegar?  ¿Es éste el precio que tenemos que pagar los puertorriqueños por dejarnos engañar de cuanto estafador nos pide el voto cada 4 años?

La cosa es que el Supragobierno Estadounidense del Territorio de Puerto Rico ya se constituyó.  Y vino a recomendar cirugías mayores para las finanzas públicas del país.  Y eso no le gustó a la administración gubernamental anterior (del PPD, 2013–2016), que quiso hacer malabares con lo que quedaba como gusto y ganas le diera, importándole poco lo que fuera a suceder (cuya actitud se puede resumir en un “¡me vale!”).  Y aunque sus sucesores (del PNP, 2017–2020) han querido sacar pechito tratando de pasarle gato por liebre, con un plan fiscal algunas de cuyas premisas se habrían basado en proyecciones irreales, al final éstos parecían haberse allanado a las exigencias del Supragobierno (por lo menos, mientras escribo esta entrada).

Obviamente, el menos complacido con esta situación ha sido el pueblo.  (Y si me han estado siguiendo por los pasados 13–14 años, sabrán que yo hago la distinción entre el pueblo y el gobierno del país que sea, se llame Puerto Rico o Estados Unidos o Colombia o España o…)  Y entre el pueblo, el estudiantado universitario es el que se ha estado dejando sentir, aunque ello no sea del agrado de algunos pichones de dictador, especialmente de la derecha.  Pero el caso es que cuando las cirugías mayores recomendadas por el Supragobierno incluyen recortar el déficit incurrido por la Universidad de Puerto Rico, nuestro primer y más importante centro docente (y como ex-alumno lo digo con mucho orgullo), a costa de aumentar los costos de matrícula, eliminar programas académicos que algunos creen inútiles en el medioambiente tecnológico del Siglo 21, e incluso, limitar el acceso de vastos sectores de la población a una formación académica que les permita ayudar a echar este país pa’lante… ¡no hay otra salida!

Por supuesto, la ley federal que nos trajo el Supragobierno, tiene básicamente el propósito de que las finanzas de Puerto Rico sean saneadas, al tiempo que se cumpla con pagarle a quienes la Constitución dice que se les debe pagar, antes que a todo lo demás.  Pero una cosa que a mí me hubiera gustado ver en esa ley es que hubiera algún tipo de mecanismo que permitiera llevar a los responsables de meternos en el atolladero en el que estamos hoy en día, a responder por los actos cometidos hacia ese fin.  Algo así como una Comisión de la Verdad.  Sin embargo, lo más cercano a ello podría ser exigir una auditoría de los fondos públicos para ver en qué se gastaron y por qué se contrajo toda esa deuda.  Más aún, ver cuánta de esa deuda se contrajo de manera lícita y cuánta de la deuda se contrajo en contravención de lo que manda la Constitución (en la misma sección citada arriba).

Pero entonces, cuando se trae el tema públicamente, el mismo gobierno que debe ser transparente y rendir cuentas se niega a que se realice una auditoría, porque diz que “no es necesario”.  (¿No será más bien, “por nuestros… ‘pantalones’”?)  ¿Cuál es el miedo a que se realice una auditoría?  ¿Acaso no fue la falta de estados financieros auditados—con la evasión de la responsabilidad de preparar los mismos y someterlos a tiempo—lo que llevó al gobierno federal a imponer un Supragobierno, nuevamente, porque puede hacerlo?  ¿A quién se está tratando de proteger?

A mí me parece haber escuchado en algún lugar que “quien nada debe, nada teme”.  Pero por lo visto, parece haber muchos que temen.  De uno y otro bando.  Ambos, igual de temerosos.

Siendo eso así, ¿qué podrá seguir desde aquí?  ¿Una molestia tan y tan grande de parte de un pueblo que está cansado de dejarse engañar?  Yo no quisiera pensar que lleguemos a extremos peligrosos, pero me temo que eso ocurrirá algún día.  Tarde o temprano, pero algún día.

¡Y vamos a dejar eso ahí!  Cuídense mucho, pórtense bien y sean personas razonables.

LDB

La hora del sacrificio… aún no termina

Flag of Puerto Rico
Flag of Puerto Rico (Photo credit: Wikipedia)

Debe ser que me estoy cansando de decir “lo mismo… lo mismo… lo mismo” en este blog.  Cualquiera diría que los gobiernos en Puerto Rico no saben atender las crisis económicas y fiscales—creadas irresponsablemente por esos mismos gobiernos—sin que sea “el de abajo” el que pague los platos rotos.

Ahora, luego de varias semanas de estarse discutiendo la implantación de una nueva ley para declarar una “emergencia fiscal” en Puerto Rico, la misma acaba de ser aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el gobernador García Padilla.  Se trata de la Ley Número 66 de 17 de junio de 2014 (Ley 66-2014), conocida como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Una ley que del saque se ha dado en decir que es una nueva versión de la Ley Número 7 de 9 de junio de 2009 (Ley 7-2009), conocida como la “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”, firmada por el entonces gobernador Luis G. Fortuño Burset.  Dos leyes con largas exposiciones de motivos (23 páginas en la Ley 7-2009 vis a vis 44 páginas en la Ley 66-2014), llenas de datos, gráficas y estadísticas para justificar sus respectivas existencias.  Pero ambas van dirigidas a un mismo fin: tratar de atender una crisis de la creación de los gobiernos que las implantaron, sin asumir mayor responsabilidad que la de ponerlas en el papel (o en el formato de documentos digitales, PDF—porque hay que hacerlo “a la moderna”, ¿vi’jte?) para la posteridad.  Para que se les recuerde—y se les “quiera” en el proceso (dándole su voto en las próximas elecciones generales).

Y si vamos a hablar de recordación, la de la Ley 7-2009 y sus lamentables consecuencias aún está fresquecita, y no con mucho cariño que digamos.  Y yo la sigo viviendo todos los días en mi lugar de trabajo.  Pero vamos a seguir con lo que hoy nos trae hasta aquí.

Por lo menos esta vez, la Ley 66-2014 no nos promete retiros tempranos ni renuncias “voluntariamente involuntarias” o “involuntariamente voluntarias” (o como diría Cantinflas, “ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario”) como las de la Ley 7-2009—digo, si le creemos a la declaración de política pública en el segundo artículo de la Ley 66-2014.  (Sí, porque parece que la situación fiscal del gobierno es de tal magnitud, que no hay para proveer los lindos chalecos salvavidas con el emblema de los dueños de la nave que quiere llegar a puerto con la carga, los pasajeros y la tripulación—la que como siempre, NUNCA está de más—que ofrecieron la última vez.)  Más bien propone una variedad de medidas que deben estar en vigor hasta el 1 de julio de 2017 (o sea, hasta casi 7 meses después de las elecciones generales de 2016), o que podrían expirar antes si se certifica que el producto nacional bruto del país habría aumentado en 1.5% (1,5%) para un próximo año fiscal, las casas acreditadoras de la Calle Wall neoyorkina resuelven que las obligaciones financieras gubernamentales no son chatarra y el año fiscal que cierra lo haga sin un déficit (a menos que algún legislador de pueblo chiquito se haya despertado de su siesta en plena sesión para reclamar que a su municipio no lo dejan beneficiarse de las “medidas importantes”… ¡como los déficits!).  Medidas tales como reducción en la contratación de servicios profesionales; reducción en el gasto de nómina de empleados de confianza; prohibición de nombramientos de empleados regulares, de carrera, transitorios o irregulares para puestos (excepto que rindan servicios directos o sean esenciales para los recaudos de la agencia implicada, o por varias otras razones); autorización de traslados o destaques de empleados dentro de una misma agencia o entre agencias (sin disminución de sueldo o beneficios marginales); prohibición en la concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria; extensión de las cláusulas no económicas de los convenios colectivos vigentes en las agencias de gobierno que se rigen bajo la Ley Número 45 de 25 de febrero de 1998 (Ley 45-1998), conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico” (los cuales serán negociados luego de concluir la vigencia de la Ley 66-2014); prohibición de los gastos en las agencias de gobierno, en exceso de los fondos presupuestados; suspensión de las cláusulas no económicas en los convenios vigentes en las corporaciones públicas (las cuales se rigen por otras leyes que no son la Ley 45-1998), incluida la prohibición de liquidar monetariamente los balances acumulados de licencia de sus empleados; prohibición del uso de fondos públicos para pagar escoltas a jefes de agencias (con algunas excepciones), así como para viajes no esenciales al extranjero, contratación de servicios profesionales y adquisición de equipos tecnológicos personales de uso exclusivo (ustedes saben: celulares inteligentes, PDAs—¿hay quien todavía usa eso habiendo actualmente celulares más inteligentes que un PDA?—y demás); y disminuciones en los gastos de arrendamiento (por ejemplo, de edificios) y en el consumo de electricidad y agua de las agencias públicas.

(La Ley 66-2014 también tiene otras medidas que aplican a las ramas legislativa y judicial, pero para los efectos de esta entrada me enfocaré en lo resumido en el párrafo anterior.)

Tal vez muchas de esas medidas suenan bien sobre el papel (o en la copia en formato digital).  Pero no les suenan bien a todo el mundo.  Particularmente a los empleados unionados de las corporaciones públicas (particularmente las autoridades de Acueductos y Alcantarillados y de Energía Eléctrica), los cuales han amenazado con envolver al país en un “paro nacional” si no se les excluye de la Ley 66-2014 (particularmente de lo relacionado con la prohibición en la concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria y la suspensión de las cláusulas no económicas en los convenios vigentes).  Un paro que podría ocurrir como la visita anual de los 3 Reyes Magos, “de noche, con gran cautela, cuando nadie, sus pasos vela”.  Un paro cuyos pininos se dieron hace unos días, cuando formaron una enorme congestión de tránsito en el Túnel Minillas, una de las principales vías de tránsito del San Juan metropolitano.

Pero, ¿para qué?  ¿Con qué propósito?  ¿Qué se quería lograr?  Tal vez para mí no se logró nada, excepto que los principales medios de prensa captaran—intencionalmente o no, eso es inmaterial—el lado oscuro de las protestas obreras en Puerto Rico: manifestantes en pleno abuso contra los conductores a los que sólo les interesaba salir del barullo que se había formado en el túnel, con latas de cerveza en la mano (como si fuera una fiesta o un pasadía en la playa), incluso faltándole el respeto a los policías asignados a mantener el orden—que si vamos a ver, también son trabajadores, también tienen sus hachas que amolar (como la del tiempo trabajado por horas extra que nunca se les quiere pagar), pero también tienen la responsabilidad social de cumplir con su deber de garantizar la seguridad ciudadana, le guste a quien le guste.

Y después de todo ese “show of force”… ¡pa’ Plaza Las Américas!  No precisamente para conseguirse “lo último en la avenida” y estar a la moda—aunque el mundo se joda—, sino a marchar por dentro del centro para revivir la eterna dialéctica entre “ustedes, los ricos” y “nosotros, los pobres”.  (Me pregunto si estas personas sabrán que no todo el o la que va a “Plaza”—me incluyo, aunque sólo voy cuando sea estrictamente necesario—es porque quiere lucir la última moda de Armani Exchange, adornarse con las más exclusivas piezas de joyería de Gordon’s, o calzar unas lujosas y decadentes tacas de 6″ o 152 mm de alto de DiMorini o Novus.  Pero ya eso es otra cosa.)

Por supuesto, no es la primera vez que las uniones obreras que representan los empleados de las corporaciones públicas tratan de convocar a un paro nacional (y por los mismos motivos), o que las mismas protestas se mudan a “Plaza”.  Y no creo que sea la última vez que ello suceda.

Otras sindicales, las cobijadas por la Ley 45-1998 (que lamentablemente, no provee el derecho a la huelga a los miembros de dichas sindicales), han tenido que negociar los impactos de la hoy Ley 66-2014 antes de que la misma fuera aprobada.  Tal vez porque entendían que era más responsable agarrar el toro por los cuernos y enfrentar directamente la amenaza de eliminación de sus conquistas laborales, a la vez que se evitara profundizar la crisis que nos ha traído hasta aquí—aunque se pudieran reservar la opción de embestir como hicieron los maestros sindicados hace unos meses, cuando vieron amenazado su sistema de retiro.  Por supuesto, sólo el tiempo dirá si el enfoque de estas sindicales fue correcto o no, y si resulta que no, que sirva de lección para evitar tomaduras de pelo en el futuro.

Pero lo importante es que estamos viendo de nuevo lo mismo que en el pasado.

“(L)o que se está viendo no es muy agradable que digamos….  (L)a tendencia de los últimos años ha sido la de los gobiernos meter la mano en los bolsillos del pueblo para tapar su propia incompetencia—porque es mejor pedir perdón que pedir permiso.  Tal vez mediante leyes traídas por los pelos, legisladas en sesiones extraordinarias convocadas con mucho sigilo, mientras el resto del país se ofusca celebrando ‘las Navidades más largas del mundo’….  Leyes que responden a un deseo de quedar bien con los tenedores de bonos o ‘bonistas’—los mismos de los que la Constitución de Puerto Rico de 1952 nos recuerda que hay que apaciguar antes que a nadie más—y con las casas de corretaje de la calle Wall neoyorquina que esperan pacientemente como buitres, que a un verdadero propósito de ayudar a un prójimo que se muere de la nada.

“¿Y los responsables de todo esto?  Siempre las mismas caras, las mismas figuras.  Lo mismo los azules del PNP que los rojos del PPD.  Unos y otros diciéndole a sus conciudadanos que lo están haciendo ‘por su bien’.  Cualquiera diría que el paternalismo de otros tiempos, como lo diría la vieja canción, no estaba muerto, sino que anduvo de parranda por un tiempo.”

Y me temo que al final, el resultado será siempre el mismo.

“(D)e ahora en adelante seguiremos viendo a un bando y al otro haciendo sus movidas correspondientes, a ver quién prevalece en un juego de ajedrez en el que los que estamos en medio somos peones….  Lo que estamos viendo en estos días, es tan sólo el comienzo de la partida.”

O tal vez la continuación de una partida de ajedrez que tuvo su inicio hace largo tiempo y está actualmente en su fase de combate, pero cuya resolución está todavía muy lejos de verse.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y sean personas razonables.

LDB

Fue muy fácil entrar… y ahora, ¿cómo vamos a salir?

Nos dijeron que esto iba a ocurrir, ¿no es así?  Nos advirtieron que décadas de prácticas ineficaces para el manejo de las finanzas públicas nos iban a llevar a esto, ¿no es así?  Nos dijeron que si no corregíamos nuestras prácticas financieras a tiempo, el dictamen iba a ser sumamente negativo, ¿no es así?

Sí, nos lo dijeron, y aun así no quisimos hacer caso.  Quisimos quedarnos dormidos, bajo la anestesia de las mentiras oficiales.  Quisimos dejarnos engañar por quienes nos decían que estábamos “en las papas”, que las cosas se podían resolver sacrificando el tesoro que le estábamos legando a las generaciones que vendrán después de las nuestras.

Y ahora, ¿qué hacemos?  ¿Qué podemos hacer cuando 2 de las 3 casas acreditadoras de bonos de la calle Wall neoyorquina—Standard & Poor’s y Moody’s (que de todos modos, no son santos de la devoción de algunos gobiernos en el mundo, como el de Argentina, por citar un ejemplo)—nos dicen que las deudas obligaciones del gobierno puertorriqueño son riesgosas, que están al nivel de la chatarra (“junk”)?

Exactamente eso: chatarra… cha-ta-rraCHA-TA-RRA.

(A todo esto, imagino que “Chatarra” debe ser un nivel un poco más arriba de “Mierda”, tal vez un poco más benévolo… ¡pero yo qué sé de esas cosas! Smile with tongue out )

Pero la cosa es que—en la misma semana en que uno de los hijos del privilegio, alguien que creyó que por ser “el nene del juez federal” se salvaría de ser declarado culpable del asesinato de su esposa (efectuado con una semiautomática más “poco común” que el revólver de Paladín), fue sentenciado a pasar el resto de su vida en otro mundo al que no estaba acostumbrado—llegó la hora que muchas personas veían venir y de la que se venía advirtiendo por años de años.  Llegó la hora en la que se nos diría en la cara que nuestros compromisos no valen ni lo que cuesta la hoja (o cuartilla, como le llaman en otros países hispanoparlantes) de papel sobre los cuales están impresos—con todo y ese papel ser de materiales finísimos y carísimos y con cuanta marca de agua, hilos microscópicos y medidas de seguridad para evitar el fraude.  Como decir que para las casas americanas acreditadoras de deuda, nuestros compromisos no valen gran cosa, tal vez hasta menos que un pedazo de papel higiénico… ¡del que ya está usado!

(Lo anterior, dicho con todo el respeto que merecen los fabricantes de papel higiénico, desde el más acolchonado para esa sensación angelical de suavidad en su… esteeeeeeeeee… ustedes saben dónde, Embarrassed smile , hasta las marcas baratas que al final se sienten como si fueran papel de lija.  Y ésa es la áspera realidad [chiste intencional]… pero mejor volvamos al tema.)

Y ahora, ¿qué hacemos?  ¿Ponernos a negar que tod@s tuvimos arte y parte, como han hecho—muy a pesar de la evidencia que los refuta—varios de los gobernadores del PPD y el PNP bajo los cuales se inició la crisis actual y se dejó que evolucionara como un tumor que se extendió cada vez más si detenerse?  ¿Tratar de ir “saliendo de la gatera” (como lo dicen quienes se juegan hasta los calzoncillos apostando a las patas de los caballos en el hipódromo) como los agoreros que hoy vienen a decirnos, “¡yo se los dije, las cosas se estaban poniendo malas y miren lo que pasó!” y entonces aparecer como los que vienen a “salvar el mundo”… si les dan el voto en un par de años más?  Cualquiera puede tener una visión 20/20 retrospectiva (o para que lo entiendan ciertas personas, “20/20 hindsight”) y hacer ese tipo de reclamo.  ¿O tal vez insultar a quienes sin tener que ver nada con el quehacer político boricua asumen la responsabilidad de alertarnos sobre los peligros de caer en un abismo a causa de nuestra propia irresponsabilidad?

(Si alguien tiene alguna duda, pregúntele a la periodista estadounidense de economía y finanzas, Cate Long [Twitter: @cate_long], que bastante tuvo que aguantarle a ciertos críticos de derecha—y uno que otro de centro—cuando quiso hacer un paralelismo entre los problemas económicos de Puerto Rico con la crisis pública que ya se estaba desatando en Grecia.  Y ya eso es demasiado decir.)

O mejor que todo eso, ¿dejaremos de dividirnos en bandos o tribus, cada cual buscando su propia conveniencia por el lado, y nos unimos para manejar esta crisis y salir de ella?  En un comentario que hice a la entrada, “Es muy fácil entrar… ¡lo difícil es salir!”, mencioné algunas sugerencias que el Centro para la Nueva Economía (CNE) estaba proponiendo, de esas medidas que nunca pierden su vigencia:

“Ahora bien, lo que yo me pregunto es cuán aceptables serán para nuestros ‘líderes’ políticos y gubernamentales las medidas que grupos como el CNE proponen para remediar este problema.  Algunas de las ideas del CNE que me atraen incluyen la simplificación del sistema contributivo, la imposición de penalidades por actividades nocivas al medio ambiente (a lo mejor una medida así nos facilitaría grandemente la tarea a quienes hacemos trabajo ambiental), exigir que cualquier gasto gubernamental requiera una fuente de repago (algo tan justo como cuando a mí se me pide que demuestre mi capacidad para repagar el préstamo que estoy solicitando) y que cada agencia se vea obligada a justificar los fondos que se le asignan (quién sabe y a lo mejor esto último ocasiona que muchas de las agencias del gobierno de Puerto Rico—¿he mencionado nombres yoooooooooo?—se evalúen a fondo y se vean en la necesidad de eliminar funciones innecesarias y asignar los recursos asociados a dichas funciones a aquellas áreas en las que pueden ser más productivos… ¡y yo sé de qué estoy hablando!).

Pero como siempre, tiene que haber un “pero”:

“Total, es cuestión de voluntad y del interés que los ‘líderes’ puedan tener en enfrentar esta fuerte situación económica y retomar el camino hacia una vida mejor para las generaciones puertorriqueñas de hoy y del mañana.  Lo único malo de esto es que tal vez estoy pidiendo demasiado…”

Y casi 5½ años después, sigo pidiendo demasiado.

Es más, vámonos un momento al texto principal de la misma entrada (editado):

“A mí, francamente, cosas como ésta son para preocuparme.  A mi entender, son el resultado de muchos factores, entre los que se destaca la irresponsabilidad en la toma de decisiones fiscales.  Y esa irresponsabilidad no es del día de hoy, sino que viene de muchos años de no afrontar los problemas económicos mediante la toma de decisiones valientes, sabias y sólidas.  Y si vamos a hablar de irresponsabilidad fiscal, recurrir a ingresos no recurrentes o a fuentes volátiles de ingresos (por ejemplo, un préstamo) para tratar de aliviar una crisis de la magnitud de la que existe en las finanzas del gobierno de Puerto Rico, a mí me parece el epítome (palabra ‘de domingo’) de la irresponsabilidad fiscal, en tanto la situación original no se atiende y se siguen acumulando los problemas.

“¿Y quién es el que siempre acaba pagando los platos rotos?  No son precisamente los que nos metieron en el lío para empezar.  Ésos tienen su ganancia asegurada, mientras que al resto de nosotros nos toca salvarles de la ruina.  (¿No será eso lo que en una columna de opinión que leí [una semana antes de escribir la entrada citada] en El Nuevo Día llamaban, ‘privatización de la ganancia, socialización de la deuda’?)”

Así que por qué será que no me sorprende que aquellos polvos que se han estado regando por muchos años nos han traído los lodos de hoy en día.  Y por supuesto, siempre hay—y habrá—quien pague los platos rotos.

Así que ahora habrá que ver cómo se pagan esos platos rotos.  Los mismos que acabamos rompiendo después de tantas advertencias.  Ahora habrá que ver cómo salimos del mismo problema en el que nos metieron metimos tan fácilmente.  Y me temo que el esfuerzo será intenso y que la lucha por salir será larga y dolorosa.  Pero ya no hay más remedio.  La lucha por salir del hoyo debe comenzar ahora.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.

LDB