Lo peor… aún no ha pasado

El tamaño injustificado del gobierno y su rígida estructura burocrática obsoleta, impiden la prestación ágil y eficiente de servicios públicos a nuestros ciudadanos….  Reorganizaremos y modernizaremos las estructuras organizativas de nuestras agencias y departamentos, para hacerlas más horizontales y flexibles, aclararemos y redefiniremos su misión, rol y propósito y eliminaremos redundancias y duplicidad de procesos y funciones, para que respondan ágil y efectivamente a las necesidades del ciudadano.  Esto se realizará sin despedir empleados públicos e involucrándolos en el proceso de reforma.  Garantizaremos sus derechos adquiridos y asignaremos los recursos necesarios para su desarrollo profesional y personal.

Plan de Gobierno del PNP 2009–2012, páginas 20 y 21 (énfasis en el original)

¿Como están ustedes, mi gente?  Aquí estoy de regreso.

La verdad es que el pasado par de semanas no ha sido muy fácil que digamos, a juzgar por las secuelas de la segunda ola de despidos de servidores públicos requerida bajo la Ley 7 de 2009.  Las mismas que el programa de gobierno del PNP para el presente cuatrienio afirmaba que no ocurrirían.  Y aquí ha habido de todo.  Desde la traumática experiencia de recibir la fatal misiva, hasta amagos de violencia que en nada ayudan a buscar una salida razonada y sensata a esta triste situación.  Pero déjenme ir por partes, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia que me ha tocado vivir de cerca en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA).

La entrega de las cartas de despido ha creado un ambiente de desasosiego general entre aquellos compañeros de trabajo que las han recibido.  En estas dos semanas he podido ver a padres y madres de familia, madres solteras y demás—gente cuyo único “pecado” ha sido servir diligentemente y de manera profesional a quienes así lo necesitan—con los rostros desencajados, con lágrimas que se les hace difícil contener, sumidos en la negación, en no comprender por qué les ha ocurrido una cosa así, que se cuestionan qué pudieron haber hecho para merecer quedarse sin empleo de la noche a la mañana.  (Y muchos de ellos son parte del mismo electorado que le dio el voto al Lcdo. Luis G. Fortuño Bruset para la gobernación, y que probablemente se sentirán que han sido traicionados.)

Y lo peor del caso es que no todas estas personas llegaron a sus puestos en el día de ayer.  Alguno que otro llevaba alrededor de 20 años ocupando dignamente su puesto (que como sabrán, es el mismo tiempo que yo llevo en mi puesto… ¡y eso a mí me para los pelos!), y sin embargo, por decirlo así, “cayó en la redada” de los despidos.  Algo que se suponía que no sucediera.  Y se suponía que no sucediera, porque se había dado la impresión de que se procedería a despedir según la antigüedad del empleado en el servicio público, hasta unos trece años y medio (y aún con eso, la medida me parece irracional e injusta).

Al igual que ha sucedido con otras agencias de gobierno—como se ha planteado con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (cuya directora se ha negado a firmar y entregar las cartas de despido, lo que a la larga la podría poner en aprietos “por no seguir instrucciones”)—, en la práctica se han desmantelado unidades de trabajo completas, al despedirse a todo su personal de una manera indiscriminada.  Y esto refleja una aplicación insensible e impensada de la Ley 7, en la cual no se tomó en consideración el impacto en los servicios que se ofrecen al público, y que deja al descubierto la incompetencia de quienes la aplicaron.

Y esta incompetencia también queda manifiesta cuando se nota que algunos de los despedidos son empleados que cobran sus sueldos de los programas de ayuda del gobierno estadounidense (como es el caso de la mayoría de los empleados de la procuraduría antes mencionada—y de ahí, el lío en el que está envuelta su directora).  Y eso es absurdo, si lo que se quiere resolver es una deficiencia de dinero en el Fondo General del gobierno de Puerto Rico, ¿no?  ¿Será que, al igual que los legisladores—los mismos que ayer aprobaron la Ley 7 para quejarse hoy de que “no sabían” que se iba a despedir a una gran cantidad de servidores públicos—, los responsables de las cesantías aprueban las cosas sin siquiera leerlas?

Yo no sé cómo lo vean, pero—y aquí me tendrán que disculpar si lo que sigue en este párrafo es muy gráfico—hay una expresión que yo utilizo a veces para exagerar el impacto de aplicar un remedio incorrecto a un problema grave, de que es como si para manejar el problema de pulgas de un perro hubiese que tumbarle la cabeza.  (Y no hace falta mucho para entender que eso es “cosa de brutos”.)  Pero en el caso que nos ocupa, el remedio ha sido muchísimo peor que la enfermedad: ¡aquí descuartizaron el perro por completo!

Y a mí me parece que ése es el problema: La ejecución de los despidos de servidores públicos requeridos por la Ley 7—la misma acción que se suponía como “el último recurso” para salir de la crisis en las finanzas gubernamentales—se ha efectuado de manera impensada, insensible, sin razón ni sentido, sin pensar en las consecuencias que traerá a la larga.  (Y quien esté leyendo esto haría bien en mirar la nube de etiquetas de este blog y colocar el cursor sobre la palabra “consecuencias”, para ver cuántas entradas llevan esa etiqueta—digo, por alguna razón será…)

Y algunas de esas consecuencias… lamentablemente no son las más agradables.  Para muestra, basta con algunos botones: llamadas telefónicas con amenazas de bomba en los edificios públicos, conatos de incendio, amenazas de muerte contra funcionarios gubernamentales, tumultos, agresiones con objetos como huevos y piedras contra el gobernador Fortuño, amagos de fuerza bruta de parte de los sectores “oprimidos” como los camioneros de volteo y carga, expresiones de que “en ningún lugar de Puerto Rico habrá tranquilidad” por parte de algunos líderes obreros (por un lado), y réplicas oficialistas de que quienes así actúen serán considerados como “terroristas” sujetos a que se les apliquen las mismas leyes federales que a quienes abogan por la “guerra santa” (por el otro lado)…

(Y que conste: TAN MAL LO HACEN LOS UNOS COMO LO HACEN LOS OTROS.  Aquí no hay diferencia.)

Tal vez no sea de extrañar que ya algunas voces—como la de la escritora de ascendencia cubana, Mayra Montero, en su columna dominical en La Revista de El Nuevo Día—estén llamando la atención (como hice anteriormente) a que se esté asomando el espectro de la delincuencia oficial que se manifestó en los trágicos sucesos del Cerro Maravilla, bajo el disfraz de “proteger” al pueblo puertorriqueño de posibles actos de terrorismo.  Y como yo también he dicho en otras ocasiones, no hay que andar mucho para llegar a ese extremo.

Pero así son las cosas en estos momentos.  Se toman decisiones tan delicadas y trascendentales sin consideración a las consecuencias que esas decisiones traerán, en un claro y abierto menosprecio por la responsabilidad social que conlleva tomar esas decisiones.  (Y de nuevo, noten cuán prominentes son estas dos frases, junto con las de “responsabilidad personal/individual”, entre las etiquetas de este blog—e insisto que por alguna razón será…)  Aunque tal vez sería demasiado pedir que quienes recomendaron y tomaron la decisión de efectuar estos despidos entiendan que tienen su cuota de responsabilidad.  Después de todo, su enfoque filosófico nos recuerda algo que se llegó a postular en algún momento durante la presidencia de Ronald W. Reagan (1981–1989), de que los pobres (y no los “agraciados”) son los que tienen la culpa de ser pobres, porque no aprovechan las oportunidades que se les dan para salir de la pobreza.

Pero de que tienen esa responsabilidad, la tienen.  Y la historia se encargará de decir cómo la ejercieron.

Mientras tanto, habrá que buscar la manera de remendar corazones rotos, de consolar a quienes ven derrumbarse sus aspiraciones profesionales por una malísima decisión gubernamental, de decirle a quien ha salido perdiendo en esta batalla mal librada en la que no tiene arte ni parte… ¡QUE NO ESTÁ SOL@!

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, y sobre todo, mucho valor y mucha firmeza, que sólo así podremos vencer la adversidad… venga de donde venga.


P.S.  Por si se preguntan, para mi bien o para mi mal, yo no formo parte de la lista de despedidos en el DRNA.  Pero al ver la injusticia y el agravio cometido contra otros compañeros de dicha agencia, no me hace sentir mejor el haber sobrevivido…


LDB

Anuncios

Nadie se quiere ir . . . y yo tampoco!

¡Saludos, mi gente!

Leo en la edición de anteayer (5 de abril de 2009) del suplemento dominical La Revista de El Nuevo Día que no todo el mundo está convencido sobre las bondades del plan de recuperación económica propuesto por el gobierno de Puerto Rico, especialmente en lo que se refiere a las renuncias “incentivadas” “voluntarias” y la reducción permanente de la jornada laboral.  Un sondeo informal llevado a cabo por dicho suplemento encontró, entre otras cosas:

  1. Que los entrevistados tienen dudas que quienes se supone que las aclaren no saben aclararlas (o como yo digo a veces: si usted no entiende lo que está tratando de explicar, no espere que los demás lo entiendan);

    (Ciertamente, tampoco ayuda el que la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto—que a través de su ayudante de prensa alegó que “tenía una agenda muy cargada”—evadiera contestar las preguntas que el mismo medio informativo trató de hacerle sobre el tema.  Pero tarde o temprano se le tendrá que responder a quienes de todos modos llevarán la peor parte en esto, a la porción fina de la soga que acabará rompiéndose comoquiera.  Y yo quiero creer que ellos lo saben.)

  2. Insatisfacción entre los entrevistados con los ofrecimientos económicos envueltos en el plan;
  3. Que los entrevistados se sienten bajo la presión de tomar una decisión trascendental (¡y créanme que para muchos de estos empleados lo es!) en tan poco tiempo—tan temprano como el lunes, 27 de abril de 2009—, como la de sacrificar un día de trabajo cada quincena, con la correspondiente disminución en sueldo;
  4. Que para algunos de los entrevistados, los “incentivos” tales como tres meses de sueldo y el pago del plan médico por un año son “poco atractivos”; y
  5. Que los empleados que ya estaban en vías de retirarse del gobierno corren el riesgo de perder los beneficios a los que tienen derecho, por lo que prefieren esperar a jubilarse a su debido tiempo.  (Y de esto último puedo dar fe a través del caso de un compañero de trabajo que está por acogerse al retiro a finales del año 2009, y quien dijo la semana pasada en mi oficina que ha optado por esperar a seguir con el trámite normal, común y corriente.)

Es interesante notar que el artículo señala (aunque por encimita) algunas de las consecuencias probables de tomar una decisión tan trascendental como la de acogerse a alguna de las opciones descritas en el plan de recuperación económica.  Tal vez los autores del plan creen—si es que eso les importa—que el empleado que opte por acogerse al retiro “voluntario” “se conformará” con los incentivos que les están ofreciendo.  Pero entonces, ¿qué sucederá cuando esos beneficios se agoten?  ¿Cómo podrán esos retirados “voluntarios” pagar la hipoteca de su casa (y quiera Dios que no le haya tocado en suerte una de esas hipotecas tipo ARM—las que cuestan un ARM y una leg), o la educación de los hijos, o la compra en el supermercado?

¿Y qué hay de los que renuncien “voluntariamente”?  ¿Optarán por buscar fortuna marchándose a los Estados Unidos, donde la situación económica tampoco está muy bien que digamos (principalmente por causa de la caída en el mercado de la vivienda), hasta para quienes se graduaron con sueños de ganarse la vida en alguna profesión de prestigio e importancia—sólo para acabar lavando platos, vendiendo verduras o barriendo pisos?

(Y que conste: si ofendí a alguien con lo expresado al final del párrafo anterior, le pido que me disculpe, ya que ésa no fue mi intención.)

Además, no sé si los autores del plan de “recuperación” económica lo saben, pero mucha de la potencial “clientela” del retiro “voluntario” “incentivado” consta de personas que normalmente se pueden considerar como que todavía tienen una adecuada capacidad de producir, que tienen talento y experiencia—y que aun si hubiesen acumulado el tiempo trabajado, no necesariamente tienen la edad para acogerse al retiro, a través de los mecanismos ya establecidos por ley.  Y yo les digo una cosa a ustedes: mucha de esa gente se podría frustrar al poco tiempo de retirarse de forma “voluntaria” e “incentivada”, ya que se encontrarán en la disyuntiva entre aportar laboralmente en una capacidad similar o relacionada, y pasarse el día “cuidando a los nietos” o sentándose en el balcón de la casa a “mirar crecer las plantas”.

Y ahí no quiero ni pensar en qué pudiera ocurrir después, pero creo que la cita que hace el reportaje, de un economista que opina que el plan de “recuperación” económica no funcionará, lo expresa meridianamente claro:

Hay que hacer un cálculo matemático, y el existencial, que es el más importante.  Quedarte en tu casa es un llamado a la enfermedad y a la locura…

Argeo T. Quiñones Pérez, catedrático de Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (San Juan, P.R.)

Pero bueno, así están las cosas hasta el momento.  Se mueven los engranajes de un plan que pretende “salvar” a Puerto Rico de una crisis económica acentuada por la potencial degradación del crédito que nos permite tener dinero para la obra pública y el bienestar público.  Lo próximo es que cada quien se le provea la carta oficial que indica su antigüedad en el empleo… y tal vez cuánto tiempo le queda para hacer en pocos meses, lo que tal vez nunca hará en 30 años.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta luego.


FUENTE: Nadie se quiere ir (La Revista, El Nuevo Día, 5 de abril de 2009).


LDB