La “percepción razonable”, ¿es de queso y se come con melao?

Esta semana, mientras buscaba en la Internet información para uno de esos proyectos que tengo, de esos que puede que se den en mi futuro profesional y puede que no, me surgió una duda relacionada con una frase que a veces se usa bien o mal, pero que puede tener sus implicaciones.  Se trata de la percepción razonable.

Si les parece haber visto esa frase en este blog, es por que hace ya 2 años le dediqué una entrada.  Aunque tal vez en mi prisa por desarrollar el tema de esa entrada—el incidente en el que el adolescente de raza negra, Trayvon Martin, perdió la vida manos del “vigilante vecinal” George Zimmerman, blanco y de ascendencia hispana (del que este último se saliera con la suya) me dejé llevar por la ola y no exploré debidamente el significado de esa frase.  (Y si así fue, les pido su indulgencia, amigas y amigos, mi gente.)

A mi entender, por lo que he podido ver en las redes, la percepción razonable es un concepto que parece ser tan natural y tan aceptado como un@ cambiarse de ropa, como algo que se da por hecho.  Y leyendo la entrada anterior a la que me refería, así como otras variaciones sobre el mismo tema (como el caso del proyecto SB1070 de Arizona), me sigue dando la misma impresión.  Pero creo que no debería ser así, ante las consecuencias que puede tener el uso—correcto o indebido—de ese concepto.

Comoquiera, para tratar de acortar este cuento, tal vez sería apropiado dividir el concepto de percepción razonable en sus componentes principales.  Según el Diccionario de la Real Academia Española en su vigésimo segunda edición (2001), percepción es “acción y efecto de percibir”.  A su vez significa, percibir significa, entre otras cosas, “recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”, o como “comprender o conocer algo”.  Por su parte, razonable tiene varias definiciones, entre las cuales se destaca su sentido de “arreglado, justo, conforme a razón”.*

El significado de percepción razonable, no obstante, pudiera entenderse mejor (para los fines de lo que estoy escribiendo aquí) a través de un concepto legal que sí pude encontrar durante mi búsqueda, el de la persona razonable.  En el diccionario de términos legales de The Free Dictionary Online encontramos lo siguiente:

“A phrase frequently used in tort and criminal law to denote a hypothetical person in society who exercises average care, skill and judgment in conduct and who serves as a comparative standard for determining liability.”

Según esa definición, la persona razonable es este hipotético miembro de la sociedad que ejerce prudencia y buen juicio en su conducta, o sea, que actúa de manera conforme a la razón—por lo que dentro del contexto de esa definición, se suele tomar a esa persona hipotética como la norma para determinar responsabilidades en ciertas situaciones.

Y si vamos a ver, la existencia de esta persona hipotética es importante en muchos contextos.  Ejemplo de ello lo encontré apenas unos minutos antes de empezar a teclear estas líneas, en una (a mi juicio, excelente) página producida por el Secretariado de la Junta de Hacienda de Canadá (“Treasury Board of Canada Secretariat” o “Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada”), en la que se discute la apariencia de conflictos de interés en el sector público de ese país.  De especial interés es la cita siguiente de dicha página:

“(A)n apparent conflict of interest need not be a major one: if it is reasonably perceived by a reasonably informed and reasonable person that there is a conflict of interest, the situation—in plain language—fails ‘the smell test’ and infringes the rules.”

O sea, que basta con que una persona razonable, que ejerce una conducta prudente y juiciosa en su sociedad, que basa sus actos y su conducta en la razón, cuyos sentidos obtienen información con la que se ayuda a formar una impresión, una opinión informada, pueda tener una impresión de que un servidor público está involucrado en un conflicto de intereses para determinar que una situación dada es incorrecta.  O como lo decía cierto antiguo comercial de salsa de tomates, “¡a tomates no huelen!”**

Así que en resumidas cuentas, para mí la percepción razonable viene siendo el entendimiento o comprensión que una persona razonable tiene sobre un asunto o situación particular.  (Por supuesto, si esto está bien o mal esbozado… por algo hay una caja para comentarios al final de cada entrada de este blog, así que ilústrenme en los comentarios de ésta si me equivoco.)  Aunque cabe pensar cuán razonable es esa percepción en casos como el de George Zimmerman o el de la iniciativa de corte anti inmigrantes de Arizona—y podríamos pensar que en ninguno de esos casos les asiste el uso de la razón, aunque eso dependerá de los insumos en los que se base la percepción en cada caso.  Pero así es la vida: cada ciego que toque la pata de un elefante pensará que está tocando el tronco de un árbol.  Eso sí, no quiero pensar en qué pasará cuando ese “tronco” empiece a moverse.

Y ya que entiendo que he podido librarme razonablemente de esta duda, ¡vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y sean personas razonables.


* Otras fuentes consultadas, como el diccionario en inglés de Merriam-Webster, definen de manera similar ambos conceptos.  La definición de percepción sería más o menos así (con mi traducción al español): “la manera en la que usted piensa sobre o entiende alguien o algo”, o “la manera en la que usted nota o entiende algo mediante el uso de uno de sus sentidos”.  Por su parte, razonable según la misma fuente (también con mi traducción al español) será “estar de acuerdo con la razón” o “que tiene la facultad de juicio” o “que posee un juicio sólido”.

** Para quienes leen esto en otros países y se preguntan a qué ca…ramba se refiere X o Y cuando utiliza esa frase en alguno de los blogs puertorriqueños: La situación se da en el contexto de que se está comparando el revestimiento interior en las latas de la salsa de tomates objeto del comercial (OK, mejor lo digo: salsa de tomates Goya) con los de otras marcas de la competencia; lo que se implica es que la lata de la salsa de tomate del anuncio preserva mejor el olor del tomate que la de las marcas rivales.  El caso es que para dramatizar ese argumento, primero le ponen en la cara a la modelo una lata “ya usada” de la salsa de tomates del anuncio y su expresión es—”wait for it”—positiva.  Sin embargo, una vez le ponen en la cara las latas “usadas” de salsa de tomates de las otras marcas, el rostro de la modelo hace una expresión de disgusto controlado—que hubiera sido como para otorgarle el “premio de la academia” por la mejor actuación dramática en un comercial de salsa de tomates—y entonces hace el “delivery” de la archifamosa frase, “¡a tomates no huelen!”.  Aclarado queda.


LDB

La ley de la supervivencia

Glock 35 semiautomatic pistol in .40 S&W
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Yo creo que ya era hora de que ocurriera.  Ya era hora de que alguien hiciera lo posible por defenderse de quienes para satisfacer vicios o por creerse que tienen el derecho de abusar de los demás, tratan de arrebatar lo que otros logran con el esfuerzo propio y con la intención de progresar.  Ya era hora de que alguien dijera, “¡basta ya!”

Mientras nuestros políticos, por no dejar de hacer, protagonizan una nueva controversia en la que las instituciones como el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que deben garantizar los derechos de la mayoría, del pueblo, de los ciudadanos de a pie, son tratadas como si fueran el botín de una guerra entre pandillas rivales; mientras la plana mayor de la Policía de Puerto Rico deja ver su complicidad con la agenda ideológica de turno, que la lleva a manipular estadísticas de delitos para crear una falsa impresión de que “se está haciendo algo” y de que por ello, Puerto Rico “se supera” (como si los “líderes” no tuvieran su parte de la culpa de que Puerto Rico esté atrás y no avance); mientras la gran mayoría de los medios de prensa andan más pendientes de las más recientes payasadas de los susodichos políticos y de la más reciente cuita de la modelo empresaria María del Pilar “Maripily” Rivera, quien ahora quiere someterse a una cirugía estética para cerrarse la brecha entre sus pechos (y tengo entendido que esa brecha es del ancho de la Autopista José de Diego a la altura de la estación de peaje de Ft. Buchanan entre Bayamón y Guaynabo—si no más ancho que eso); una mujer que se dice cristiana tuvo que responder al llamado de una ley no menos importante que las leyes divinas: la Ley de la Supervivencia.

Estación de peaje Buchanan, Autopista De Diego (PR-22).  (Imaginen por qué la estoy utilizando como ejemplo... pero ¿qué tal si regresamos a nuestra programación regular, OK?)
Estación de peaje Buchanan, Autopista De Diego (PR-22). (Imaginen por qué la estoy utilizando como ejemplo… pero ¿qué tal si regresamos a nuestra programación regular, OK?)

Todo surge de lo ocurrido el pasado miércoles 11 de mayo, cuando la dueña de un salón de estilismo en Caguas fue objeto de un intento de asalto a manos de un individuo que se le acercó con esa intención mientras ella le daba la espalda.  La víctima, de la que presumo que quiso actuar responsablemente—la clase de responsabilidad que su victimario demostró no tener—se viró y le advirtió que tenía un arma de fuego, pensando que con ello podría disuadirlo.  Por supuesto, los criminales no se distinguen exactamente por tener un sentido de responsabilidad hacia los demás—y por ello, medir las consecuencias… aunque en eso ellos no se diferencian mucho de nuestros “líderes” políticos y gubernamentales, pero ya eso es otro tema—y el del caso que nos ocupa, para no ser la excepción que confirma la regla, le hizo un disparo en el pecho a la dama.

Y amigas y amigos, mi gente, en mi libro eso se llama COBARDÍA.  No hay otra manera de llamarlo que no sea por su nombre: COBARDÍA.

Tal vez a él le hubiera sido mejor escuchar a la señora cuando ésta trató de disuadirlo, ya que ella—aunque herida—logró desenfundar un arma Glock calibre .357* que llevaba en su persona (¿puede alguien explicar esa aparente contradicción?) y le hizo varios disparos a su asaltante, alguno de los cuales lo impactó en… esteeeeeeeeee… bueno, digamos que a él los disparos le podrían reducir sig-ni-fi-ca-ti-va-men-te las probabilidades de formar una familia un día de éstos.

(Sí, ya lo sé.  Si no fuera algo tan trágico, sería completamente gracioso… aunque para el frustrado asaltante, no debe haber sido muy divertido que le pegaran un tiro ahí.  ¡Pero lo siento mucho, mi’jo, la vida no es justa!  Triste   ¡Brega con eso!)

A fin de cuentas, lo sucedido se reduce a que cada quien se vio en una situación en la que lo importante era sobrevivir.  Al delincuente, le era importante sobrevivir ante la amenaza que le representaba enfrentarse a una víctima que le estaba anticipando a él que podía salir lastimado.  A la víctima, le era importante conservar su vida, evitar que un desconocido que le venía pa’ encima con intención de robarle, la convirtiera en parte de la triste situación que se vive con cada vez mayor intensidad en el Puerto Rico de hoy, donde prácticamente cada día cae una vida más, sin que quienes proclaman “protección e integridad” puedan mostrar un mínimo de competencia.  Competencia que deberían tratar de demostrar, si quieren evitar el escenario apocalíptico descrito por el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha (el mismo que en el 2006 dirigió el operativo del FBI en el que a varios periodistas se les atacó con gas pimienta), de que en Puerto Rico los ciudadanos tomen la justicia en sus manos.  (Un escenario que por otra parte se está tratando de promover, como si Puerto Rico fuera Texas o Arizona, a juzgar por algunos vientos que soplaron recientemente en nuestra “honorable” Asamblea Legislativa.)

El caso es que ésa, a falta de otra, es la ley por la que nos estamos rigiendo de un tiempo a esta parte: la ley de la supervivencia.  Es una ley con la que todos tratamos de cumplir, desde que salimos de nuestras casas a luchar contra el mundo hasta que regresamos a nuestras casas y nos retiramos a descansar—si tenemos esa fortuna de que lo podemos hacer.  Y no todos la llegamos a cumplir, pero siempre se hace el intento.  Y eso es lo que importa.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, y sobre todo, cumplan con la ley de la supervivencia.


* CORRECCIÓN, 12 de junio de 2011: Se vé que yo no soy experto en armas de fuego—y eso es algo que en realidad yo no tocaría, ni “con el pétalo de una rosa”—, pero en realidad, lo que debí haber escrito ahí era “calibre 9 milímetros“.  Aclarado queda.


LDB

The battle lines

Border Patrol agent reads the Miranda rights t...
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Hi, mi gente!

By now, all of you are aware that before the end of this week (and of July, for that matter), the law known by its legislative name, S.B. 1070, will be enacted in the state of Arizona.  As I wrote earlier in this blog, this law puts a large amount of blame for crime in Arizona on the shoulders of Mexicans and other Latin Americans, more specifically those entering the U.S. illegally (which makes me wonder if there are any criminals among the local White-Anglo-Saxon-Protestant population, but I guess that’s another story).  This bill:

Requires officials and agencies of the state and political subdivisions to fully comply with and assist in the enforcement of federal immigration laws and gives county attorneys subpoena power in certain investigations of employers. Establishes crimes involving trespassing by illegal aliens, stopping to hire or soliciting work under specified circumstances, and transporting, harboring or concealing unlawful aliens, and their respective penalties.

S.B. 1070 is interesting in that it amends local law for the following purpose (emphasis is mine):

11-1051. Cooperation and assistance in enforcement of immigration laws; indemnification.

[…]

B. FOR ANY LAWFUL CONTACT MADE BY A LAW ENFORCEMENT OFFICIAL OR AGENCY OF THIS STATE OR A COUNTY, CITY, TOWN OR OTHER POLITICAL SUBDIVISION OF THIS STATE WHERE REASONABLE SUSPICION EXISTS THAT THE PERSON IS AN ALIEN WHO IS UNLAWFULLY PRESENT IN THE UNITED STATES, A REASONABLE ATTEMPT SHALL BE MADE, WHEN PRACTICABLE, TO DETERMINE THE IMMIGRATION STATUS OF THE PERSON.

From what I can see, S.B. 1070 makes state, county, city and town police departments into de facto immigration enforcement agents, just by requiring anyone who is stopped for speeding or found anywhere on the street proof of his legal presence in the U.S., only on mere suspicion.  Supporters of S.B. 1070, including the current Arizona governor, Jan Brewer, claim that this law is needed to address a crime situation which leads back to illegal immigrants—all of them equally, as if there were no honest people among those immigrants—, and which the Obama administration has been unable or unwilling to address.

As expected, there have been several protests, in Phoenix and other cities in the state, and in several cities in the U.S., against what such a legislative bill would stand for.  A legislative bill which, as I see it, is not much different from some of the legislation coming out from legislatures like that of Puerto Rico—and believe me, lately I have seen a lot of “gems” from the Puerto Rican Legislative Assembly, but that’s another story.  A bill which is based in mere suspicion used against someone not fitting the prevailing ethnic pattern, and which may be used for racial profiling by local authorities.  And even though a week later governor Brewer signed into law some amendments to “soften” some of the most controversial aspects of this law, I think it’s still dangerous in that it can lead to abuse just because of mere suspicion, and it can also foster intolerance among the citizens of Arizona.

Worse yet: Some people think, “now, it’s Arizona; next, it could be any of the remaining 49 states”.

Maybe most of those who support S.B. 1070 should know (maybe they do know) that illegal aliens don’t come only through the Mexican border.  How about Canada?  Better yet, how about illegal immigration to “Puerto Rico-USA” from the Dominican Republic and other Caribbean nations?  See, that’s a large problem U.S. Customs and Border Protection has to deal with in Puerto Rico.  (But let’s hand it to the S.B. 1070 supporters, who may not see as wrong the “illegal” immigration from Cuba—even if a “Scarface” comes along every now and then.)  And let’s face it: those entering another country by unlawful means are breaking the law, at least in that respect, but that does not automatically make them criminals (unless they mean to make a life of crime in their new destination).  Are those with that backwards mindset, equally adamant in campaigning against the illegal entry of criminals from Canada and other countries than against the illegal entry of criminals from Mexico and Central America?  Maybe they are not willing to spare some time to understand those subtleties—they have more important things to do.

Of course, they can always hide behind a “tight schedule”, like governor Brewer did when Colombian singer-songwriter Shakira (official website; bio at Wikipedia) wanted to talk with her on behalf of the singer’s foundation for social causes (Fundación Pies Descalzos).  And let me make this very clear: I’m not a fan of Shakira, and I have never liked her voice, the way she sings or even her career path—from starting as the poetic voice of a young generation back in the late 1990s to becoming a diva at the same level of a Beyoncé, a Christina Aguilera, or a Mariah Carey.  (I didn’t even watch the FIFA World Cup opening and closing ceremonies just because she was appearing in both ceremonies.)  But just to be fair, that doesn’t mean that while she was making a good will attempt at a dialog, at offering help, at finding solutions to a problem like that of illegal immigration, she should be tossed aside just like that, because the person with the power to right a potential wrong has a “tight schedule”.  So much for excuses…

So what’s it with the attitude reflected in initiatives like Arizona’s S.B. 1070, by which Hispanic immigrants (and I don’t mean only Mexicans and Central Americans) are treated like “the enemy”?  (And that was just the beginning.  A few weeks after the passing of that law, there was a vote in that state to “correct” the material in course textbooks, to either diminish the cultural contributions of “minorities” or to alienate them from their cultural underpinnings.  What will they think about next?)  Someone over there may think that the world’s most powerful nation is threatened or in imminent danger of being “dissolved” into “tribes”, “defeated” by peoples from different cultural backgrounds.  Maybe what some WASPs know about immigrants comes from the bad things some immigrants do—especially those bringing some bad habits from their countries of origin, and/or who come to the U.S. seeking an easy life—, and so they want to paint every immigrant (legal or illegal) with the same broad stroke.

Could it actually be the fear of crossing their paths with people that is so “different” to them, people who could open their minds to a new, different world, the same world that—whether they like it or not—surrounds them?

Who knows, maybe it is fear, that same fear that makes a man or woman see everyone else as his or her “enemy”.  Anyway, let’s see if fear is going to have the final word.

So let’s leave it right there!  Take care and behave, OK?  Bye!


UPDATE (July 29, 2010): By one of those twists of fortune, a federal judge ordered on July 28 to put a hold to those most controvertible aspects of Arizona Law S.B. 1070.  This should give both parties in the debate a breather, until further review of the impact of the relevant portions of the law governing illegal immigrants.  And as on cue, governor Brewer has vowed revenge has announced that she will go to the courts in defense of that law, which she sees as a “help” the state of Arizona is giving to the U.S. government in implementing immigration laws.  (If you ask me, to that kind of “help” I would respond, “Thanks, but no, thanks!”)  Of course, the battle lines are still drawn, with supporters wanting to increase their fight to get rid of those they see as “undesirables”, even if those “undesirables” are willing to do the jobs others may find “disgusting” and “unworthy”.  Go figure!  But that’s just part of the price to pay.

UPDATE (April 20, 2011): I don’t know about you, but it seems to me that people can develop some backbone every now and then.  Judging by this New York Times editorial, Gov. Brewer has shown some judgment in vetoing what the paper with “all the news that’s fit to print” calls, “two absurd bills: one allowing guns on university campuses; the other requiring presidential candidates to provide detailed proof of citizenship, including a sworn affidavit and a long-form birth certificate, before they could appear on the Arizona ballot.”  Even if she was less than forthright in her veto of the guns-on-campus issue (which I guess it comes on the aftermath of the shooting of Rep. Giffords on January 8, 2011), the editorial states that “Ms. Brewer called the ballot bill ‘a bridge too far.’  That’s saying something coming from a governor who, last year, proudly signed a mean-spirited measure giving local police extraordinary powers to arrest anyone who could not immediately prove they were here legally“.  The editorial ends saying that “(t)his does not mean that Ms. Brewer is a new person politically, but it does suggest that she has limits.”  Congrats!  Good for her!


LDB

Cuestion de privilegio

Main tower of the University of Puerto Rico ca...
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Lo cierto es que la UPR disfruta de un enorme privilegio… y sus estudiantes también.

[INSERTAR AQUÍ UN GRÁFICO MUY LINDO Y LLAMATIVO TITULADO, “Estudiar en la UPR es un privilegio…”]

“La Universidad disfruta de una asignación presupuestaria multimillonaria garantizada por fórmula equivalente al 9.6% de los ingresos del gobierno… que este año fiscal 2010 ascendió a la friolera de $730 millones.  El 81% de los gastos de la universidad lo pagamos NOSOTROS LOS CONTRIBUYENTES y el gobierno federal.  Eso quiere decir que este año la UPR le cuesta $726 a CADA CONTRIBUYENTE en Puerto Rico.

No son pocos los que reconocen que estudiar en la Universidad de Puerto Rico es un privilegio. Si no, pregúntenle a las decenas de miles de jóvenes que no pueden estudiar en la universidad del estado y se fajan estudiando responsablemente y pagando el costo mucho más alto de universidades privadas.

“El crédito en la UPR cuesta en promedio $51; mientras que en las principales universidades privadas de la Isla cuesta entre $163 y $176.  El año en la UPR cuesta en promedio $1,300, mientras que en la más barata de las principales universidades privadas en Puerto Rico el año cuesta $4,200.

“En el año fiscal en curso, la UPR recibió casi $165 millones en Becas Pell del gobierno federal para beneficiar unos 40,300 estudiantes.  Eso quiere decir que CADA ESTUDIANTE RECIBIÓ en promedio $4,082 en Becas Pell del gobierno federal… $1,320 para pagar la matrícula y otros $2,762 para gastar EN LO QUE ELLOS QUIERAN.  Ningún estudiante, no ya en Puerto Rico, sino en ninguna universidad estatal en los estados disfruta de privilegios como esos.

“De hecho, del presupuesto de este año de la UPR que asciende a $1,460 millones, solamente $90 millones—o apenas el 6.2%—proviene del pago de matrícula y, de eso, más de la mitad proviene de las Becas Pell.

“O sea, que la matrícula que pagan los estudiantes de la UPR cubre apenas el 3% del presupuesto de la Universidad… el resto lo pagamos NOSOTROS LOS CONTRIBUYENTES.

“Por eso es que nuestro pueblo—que es un pueblo justo y noble, pero que también es un pueblo de ley y orden que cree en la democracia—se molesta cuando ve y escucha lo que todos hemos presenciado en la Universidad en los pasados días.

“El respeto al principio de la autonomía universitaria nos obliga a ser prudentes y no intervenir hasta que nos lo requieran las autoridades universitarias.  Pero a las autoridades universitarias les digo: estamos aquí, listos y dispuestos para brindarles la ayuda que ustedes estimen necesaria, cuando ustedes así lo determinen, para proteger los derechos de TODOS los estudiantes—tanto del minúsculo grupo que protesta, como de la inmensísima mayoría que quiere que las clases continúen—así como los derechos de TODOS los profesores, TODO el personal universitario, TODOS los padres, y TODOS los contribuyentes que pagamos para que la universidad del estado esté abierta, no cerrada.”

(Citado de las páginas 4–5 de: MENSAJE de PRESUPUESTO [Año Fiscal 2010–2011].  Luis G. Fortuño, Gobernador de Puerto Rico.  Capitolio, San Juan [Puerto Rico].  26 de abril de 2010. Cifras monetarias, en dólares estadounidenses [US$].  Y el énfasis, especialmente en todo lo que tiene que ver con “privilegio” en esta cita, es completamente intencional.)

¡Saludos otra vez, mi gente!

Déjenme ser honesto con ustedes.  Quise incluir el tema del actual paro en el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la entrada anterior (con todo y las consecuencias que suelen tener los paros en la UPR, como lo relaté en este blog hace cinco años), aunque ello resultara en una entrada muy larga.  Pero aunque al fin y al cabo me limité a dedicar la entrada anterior al creciente disgusto con la nueva ley estatal de Arizona que criminaliza a los inmigrantes ilegales (particularmente los mexicanos y otros latinoamericanos), no dejaba de inquietarme este otro ejemplo de la actitud oficialista de tratar a quienes son opuestos ideológicos como “el enemigo”.  De particular inquietud me resultó leer la cita en el mensaje presupuestario para el año fiscal que comenzará el 1 de julio de 2010, en el sentido de que estudiar en el sistema de la Universidad de Puerto Rico es lo que el gobernador Luis G. Fortuño Bruset llama, “un privilegio”.  Un privilegio que se alcanza y se disfruta, mayormente a costillas de quienes pagamos nuestros impuestos (“las víctimas inocentes”).  Un privilegio que permite que los estudiantes (“los villanos”), además de estudiar, puedan hacer lo que les dé la gana (y eso automáticamente los hacen ser “los malos de la película”).  Un privilegio por el que los estudiantes deben “agradecer” al Estado (“el héroe”, “el gran benefactor”, “el padre bondadoso”) y a quienes lo sostienen (principalmente) mediante el pago de impuestos, en lugar de estar protestando cada vez que al mismo Estado le dé la gana de limitar el acceso a ese mismo “privilegio” (mediante el recorte presupuestario y la reducción o eliminación de las exenciones de matrícula), por aquello de la “recuperación económica y fiscal”.

Y si los estudiantes no son todo lo “agradecidos” que el Estado quiere que sean por tener ese privilegio, ¿los habrá de disciplinar como a niños desobedientes?  Digo, yo no sé si ése es el mensaje que se desprende del último párrafo de la cita de arriba, en el cual “el héroe” se ofrece para “rescatar” a “las víctimas inocentes” de la maldad de “los malos”.  Tal vez sea de la misma manera que ocurrió en las huelgas de 1948 y 1981 y en las refriegas de comienzos de la década de 1970, cuando el Estado recurrió a la fuerza policial para aplicar esa disciplina, como suele suceder cuando no se tienen argumentos válidos ni estrategias de negociación efectivas para lidiar con esas situaciones.  (Y en esas ocasiones, no fueron únicamente los estudiantes los que pagaron los platos rotos, sino también muchos ciudadanos de Río Piedras que no tenían nada que ver con lo que sucedía.)

Y la primera idea que me viene a la mente es que lo que se está diciendo aquí es que el Estado “le está haciendo un favor” al estudiantado universitario—tanto a los que por las pasadas dos semanas se han estado apostando en los portones de casi todos los 11 recintos del sistema para no dejar que se efectúen las funciones normales de la universidad, como a aquéllos que no creen en ese mecanismo de presión y desean completar su año académico sin más retrasos—, de permitirles el acceso a los estudios superiores.  Como si se tratara de proveer el acceso a los servicios que toda agencia gubernamental está llamada a dar.

Pero el problema es que la Universidad de Puerto Rico, la UPR, la universidad del Estado, no es una agencia gubernamental como, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que tiene unas funciones específicas conforme a la ley que lo creó en 1972.  La UPR es mucho más que eso. Es donde se prepara a toda una juventud para afrontar los retos del futuro.  Es de donde salen los futuros maestros, médicos, arquitectos, abogados, científicos sociales, filósofos, escritores, artistas plásticos, matemáticos, físicos, químicos y—por qué no—biólogos (celulares, de organismos, de poblaciones y comunidades, etc.).  Es donde se enseña a pensar a las nuevas generaciones, a ver más allá de los confines de sus propias vivencias y experimentar otras corrientes intelectuales…

Déjenme ser más específico: Para mí, la UNIVERSIDAD (así, en mayúsculas) es donde se forman seres humanos pensantes, integrales e íntegros, y no entes mecánicos o autómatas sin vida ni sensibilidad. Y si se fuera a ver en función de prestación de servicios, el servicio que le presta la UPR a Puerto Rico es algo que no se puede reducir a “dólares y centavos”, como lo reducen quienes perciben la universidad como un “campo enemigo”, como un semillero de “izquierdistas” y “comunistas” que quieren “hacerle daño” a “un país de ley y orden”.

Me pregunto si el gobernador Fortuño habrá sentido el aprecio por la UPR en algún momento en su vida.  Digo, si lo que dice su biografía es lo correcto, él tuvo el “privilegio” de ser universitario alguna vez… ¡aunque no en la UPR!

“Obtuvo un grado de bachillerato en Ciencias con especialidad en Servicio Extranjero (B.S.F.S., por sus siglas en inglés) de la Escuela de Servicio Extranjero Edmund A. Walsh en la Universidad de Georgetown, y recibió más adelante el grado de Juris Doctor (J.D., por sus siglas en latín) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia en 1985.”

(Tomado de la biografía de Luis G. Fortuño Bruset, vía Wikipedia.  Vea también este otro enlace.)

Yo no sé de él, pero tal vez él no tiene el aprecio por la UPR que tenemos quienes hemos tenido el privilegio de formar parte de la misma (como estudiantes o como instructores, catedráticos, técnicos, etc.), y para quienes la UNIVERSIDAD (de nuevo así, en mayúsculas) sigue siendo fuente de orgullo, y lo será por muchos años más.  Pero allá Juana con sus pollos…

Torre de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, al atardecer. (Tomada originalmente en marzo de 1984.)

Y desde mi posición de “privilegiado” les digo que… ¡vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.

LDB
(Maestría en Ciencias en Biología, Clase de 1986, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras)
(Bachillerato en Ciencias en Biología Marina, Clase de 1980, Universidad de Puerto Rico, Humacao)

Hemos visto al enemigo, y el enemigo… ¡son los otros!

Jan Brewer
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¡Saludos, mi gente!

Estoy tratando de imaginar por un momento cuando se reflexionaba sobre cómo sería el Siglo 20.  Tal vez se pensaba que sería el inicio de una nueva era, de una era moderna, de avances en la realización de los seres humanos, en la que los conflictos y los actos y actitudes negativas de unos para con otros serían cosa del pasado.

Por supuesto, acontecimientos del Siglo 20 como las dos guerras mundiales, los asesinatos políticos (como los de los hermanos Kennedy), la guerra (o como lo llamaba la mamá de una amiga mía, “acción policial”) de Vietnam y otros, fueron el gran desmentido para quienes así pensaran entonces, de la misma manera que parecen ser el gran desmentido para los eventos que ocurren en estas primeras décadas del Siglo 21—por no hablar de los que ocurrirán según avance el siglo, ya sea que los presenciemos o no mientras vivamos.

Prueba de ello parecen ser los recientes acontecimientos originados en el estado de Arizona, cuya asamblea legislativa aprobó hace varias semanas un proyecto de ley que le achaca la delincuencia, principalmente a los mexicanos y otros latinoamericanos que entran de manera ilegal a los Estados Unidos.  (¿Será que en Arizona no hay delincuentes entre la población “blanca-anglosajona-protestante”, o sea, WASP?)  El proyecto senatorial, conocido popularmente por las siglas SB 1070 (aquí en Puerto Rico sería algo así como el P. del S. 1070), firmado como ley por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer (Republicana), tiene los siguientes propósitos:

Requires officials and agencies of the state and political subdivisions to fully comply with and assist in the enforcement of federal immigration laws and gives county attorneys subpoena power in certain investigations of employers. Establishes crimes involving trespassing by illegal aliens, stopping to hire or soliciting work under specified circumstances, and transporting, harboring or concealing unlawful aliens, and their respective penalties.

([Mi traducción] “(Esta ley) Requiere que los oficiales y las agencias del estado y de las subdivisiones políticas cumplan completamente con y ayuden en el cumplimiento de las leyes federales de inmigración, y da a los fiscales de los condados poder de citación a comparecencia en ciertas investigaciones a patronos.  Establece delitos que involucran la entrada de extranjeros ilegales, parar a otros para reclutar o solicitar trabajo bajo circunstancias especificadas, y transportar, albergar o esconder extranjeros fuera de la ley, y sus respectivas penalidades.”)

De particular interés es esta enmienda que la nueva ley incorpora a los estatutos estatales existentes:

11-1051. Cooperation and assistance in enforcement of immigration laws; indemnification.

[…]

B. FOR ANY LAWFUL CONTACT MADE BY A LAW ENFORCEMENT OFFICIAL OR AGENCY OF THIS STATE OR A COUNTY, CITY, TOWN OR OTHER POLITICAL SUBDIVISION OF THIS STATE WHERE REASONABLE SUSPICION EXISTS THAT THE PERSON IS AN ALIEN WHO IS UNLAWFULLY PRESENT IN THE UNITED STATES, A REASONABLE ATTEMPT SHALL BE MADE, WHEN PRACTICABLE, TO DETERMINE THE IMMIGRATION STATUS OF THE PERSON.

([Otra vez, mi traducción, pero con énfasis añadido] “B.  Para cualquier contacto de ley hecho por un oficial o agencia de cumplimiento de la ley de este estado, o de un condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política de este estado, donde exista una sospecha razonable de que la persona es un extranjero que esté presente fuera de la ley en los Estados Unidos, se hará un intento razonable, cuando ello sea practicable, para determinar el status de inmigración de la persona.”)

Así, el SB 1070 convierte a las autoridades del estado de Arizona en agentes de control de inmigración de facto, al requerirle a la persona con la que se está interviniendo prueba de que está en el país de manera legal, sólo si esas autoridades tienen la mera sospecha de que la persona no es lo que aparenta ser.  La señora Brewer alega que la ley que firmó es necesaria para atender una situación de delincuencia, cuyo origen ella (y quienes cantan en su mismo coro ideológico) rastrea hasta los inmigrantes ilegales (como si no hubiera gente “pobre, pero honrada” entre esos inmigrantes), y que hasta el momento el gobierno federal (o sea, la administración de Barack H. Obama) no ha querido o no ha sido capaz de atender.

Lógicamente… (por favor, pellízquenme si yo he usado estas palabras antes en este blog) las reacciones no se han hecho esperar.  Protestas—con o sin mayor razón—se han dado en la propia capital de Arizona y en otras ciudades de los Estados Unidos, en contra de lo que representa una medida legislativa así (que por mi experiencia personal, podría decir que no tiene nada que envidiarle a muchas de las “joyas” que han salido de la asamblea legislativa puertorriqueña últimamente), en tanto la mera sospecha sea la base para intervenir con una persona que no encaje en el patrón étnico prevaleciente, y que ello se pueda prestar para la formación de perfiles raciales (creo que en algún lugar leí que a eso lo llaman “individuación”).  Y aunque anteayer (30 de abril de 2010), la gobernadora Brewer firmó como ley unas enmiendas a la controvertida ley para “suavizar” algunos aspectos controvertibles, el hecho es que sigue el descontento contra lo que, a mi juicio, es una medida peligrosa, que se puede prestar para abusos de parte de las autoridades, solamente por la sospecha, y que pudiera fomentar una mayor intolerancia entre los ciudadanos.

Más aún, hoy es Arizona.  Mañana puede ser cualquiera de los 49 estados restantes… aunque no hay que ir muy lejos para ver el sentimiento en contra de los extranjeros.  Basta con decir que en el estado de Alabama, un candidato a la gobernación de ese estado por el Partido Republicano (¡unjú, del mismo partido que la gobernadora de Arizona!) ha lanzado un anuncio político pagado en el que él le exige a todos los extranjeros residentes que aprendan a hablar en inglés si quieren conducir vehículos de motor allí.  (Can you see a pattern here?)

Me pregunto si tanto la gobernadora Brewer como el legislador que presentó el SB 1070 saben que la frontera mexicana con los Estados Unidos no es la única a través de la cual se cuelan los ilegales.  ¿Y qué hay de la frontera con Canadá?  ¿Qué tal la inmigración ilegal a “Puerto Rico-USA”, procedente de la República Dominicana y otros países del Caribe?  (Aunque probablemente no ven con tan malos ojos la inmigración “ilegal” que llega a Miami desde Cuba—ya eso es cosa aparte, aun cuando de vez en cuando se cuele uno que otro “scarface”.)  Y todos los que cruzan ilegalmente estas otras fronteras, aun cuando técnicamente están cometiendo un delito al entrar en un país extranjero sin estar debidamente autorizados para ello (y lo lamento mucho, pero no podemos tapar el cielo con un dedo), ¿son automáticamente delincuentes?  ¿Tendrán las personas que ostentan esa mentalidad—retrógrada, a mi juicio—la misma vehemencia contra los delincuentes que entran ilegalmente desde esas otras fronteras, que la que tienen en contra de los que entran ilegalmente desde México, América Central o del Sur?  A lo mejor estas personas no tienen el tiempo para entender estas sutilezas—siempre tienen asuntos más importantes que atender, siempre tienen “una agenda cargada”.

De hecho, “una agenda cargada” fue la excusa que le dieron a la cantautora colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll (sitio web oficial; información en Wikipedia, en inglés) cuando a nombre de la fundación que ella estableció para ayudar a las causas sociales (Fundación Pies Descalzos), quiso conversar sobre el particular con la gobernadora Brewer.  Y déjenme aprovechar para hacer aquí una confesión: Shakira no es santo de mi devoción; a mí nunca me han gustado ni su voz ni su manera de cantar, ni me ha gustado la forma en la que ella ha llevado su carrera en los años recientes, o sea, como una diva al estilo de Beyoncé, Christina Aguilera o Mariah Carey—más allá de la imagen que proyectaba a comienzos de su carrera, de una cantautora con una vena poética, que expresaba las vivencias y aspiraciones de su generación.  Pero ello no significa que a una figura del renombre mundial de Shakira, quien sólo viene con la intención de dialogar, de ofrecer ayuda, de buscar soluciones a un problema como el impacto de la nueva ley sobre los inmigrantes hispanos, se la deba despachar así porque sí, con la simple excusa de “una agenda cargada”.  Como hubiese dicho mi madre, “desde que se inventaron las excusas…”

(De paso, yo también llegué a admirar los primeros años de la carrera de Mariah Carey, pero ya eso es otro tema.)

Pero más importante aún que el repudio (tapaíto) a los gestos de buena voluntad: ¿a qué viene la actitud que se desprende de iniciativas como la ley del SB 1070, de estar tratando a los indocumentados hispanoparlantes como “el enemigo”?  ¿Se sentirá tan amenazada la nación más poderosa del mundo por gente que procede de un tipo cultural diferente?  ¿Será que lo único que los WASP conocen de los inmigrantes son las cosas malas que hacen algunos—aquéllos que han traído algunos malos hábitos desde sus lugares de origen, que llegan con el propósito de “vivir del cuento” (e insisto en que no podemos tapar el cielo con un dedo, porque ésa es la realidad)—y quieren juzgar a “los otros” con la misma vara?  ¿Será simplemente miedo a encontrarse con gente “diferente”, que les ayude a abrir sus perspectivas del mundo que—quieran o no—los rodea?

Y ese mismo miedo es el que hace que los otros sean “el enemigo”…

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.


Actualización (29 de julio de 2010): Afortunadamente, una jueza del sistema de justicia federal ordenó que se paralizara la implantación de los aspectos más controvertibles de la Ley S.B. 1070 de Arizona, lo que debe dar un respiro hasta tanto se determine el impacto de las disposiciones pertinentes.  Por supuesto, ello no ha impedido que la gobernadora Brewer haya jurado vengarse haya anunciado que acudirá a los tribunales para defender esa ley, que ella ve como “una ayudita” que le está dando su estado al gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.  (Pero con “ayudas” como ésa… ¡gracias, pero no, gracias!)  Obviamente, las líneas de batalla seguirán trazadas, con los simpatizantes de la ley en cuestión queriendo arreciar la lucha para sacar del país a quienes consideran “indeseables”, aún si muchos de esos inmigrantes hacen las tareas que quienes así piensan no hacen por considerarlas “indignas”.  Otra de esas ironías que nos da la vida.  Pero ése siempre será el precio a pagar por buscar la dignidad de todos los seres humanos.  De todos, sin distinción.

Actualización (20 de abril de 2011): Yo no sé cómo ustedes lo vean, pero creo que de vez en cuando, alguna gente saca de donde no hay para demostrarle al mundo que tiene temple o espinazo o “babilla” (como la llamamos en Puerto Rico).  A juzgar por lo que dice un editorial publicado en la página A22 del The New York Times de ayer (Gov. Brewer Shows Some Moxie, del 19 de abril de 2011), la gobernadora Brewer tuvo el buen juicio de vetar lo que el “periódico de récord” de la Gran Manzana denominó como dos medidas legislativas absurdas (énfasis mío), a saber: un proyecto de ley para permitir la portación de armas de fuego dentro de los recintos universitarios (que me imagino que vendrá a la zaga de los violentos hechos de enero pasado) y uno que requeriría que los candidatos a la presidencia estadounidense proveyeran prueba detallada de ser ciudadanos estadounidenses, que incluiría un affidavit jurado y un certificado de nacimiento completo y válido para poder figurar en la papeleta electoral en Arizona (lo que seguramente hubiera complacido a algunos teteros por ahí, que están obsesionados por sacarse al presidente Barack H. Obama del sistema a como dé lugar—y a lo que me refiero con “teteros” no es lo que algun@s se imaginan, ¿OK?).  Aunque el editorial apunta que su motivación para vetar lo de las armas de fuego en las universidades no fue tan clara, la señora Brewer habría dicho que el proyecto sobre la prueba de ciudadanía iba demasiado lejos—y eso, según el editorial, es algo que viene de quien en 2010 firmó orgullosamente una medida mal intencionada dirigida a darle a las agencias policiales locales el poder extraordinario para arrestar a quien no pudiese demostrar su presencia legal en los EE.UU.  El último párrafo del editorial comienza con la siguiente oración:

“This does not mean that Ms. Brewer is a new person politically, but it does suggest that she has limits.”

(Mi traducción, por supuesto: «Esto no significa que la señora Brewer sea políticamente una nueva persona, pero sugiere que ella tiene límites.»)

¡Bueno por ella!  ¡Ojalá y así siga siendo!


LDB