El pez muere por la boca

¡Qué tal, mi gente!

Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero la administración de gobierno que nos ha tocado para estos cuatro años está llena de contrastes.  Por un lado, promete en su programa de gobierno (el del PNP) que procurará resolver la crisis económica puertorriqueña, ocasionada por años (¿no sonaría mejor “décadas”?) de mala administración gubernamental, sin recurrir al despido de empleados públicos.  Por el otro lado, proyecta despedir unos 30000 empleados públicos para lograr un “ahorro” de US$3200 millones (y con los primeros 8000 despidos no han conseguido ni una quinta parte del ahorro pretendido).  Por un lado, proclama un plan para detener el avance de la delincuencia, bajo la premisa de que “está funcionando”.  Por el otro lado, la delincuencia se dispara a niveles alarmantes, hasta en las propias narices de la Policía de Puerto Rico—y ésta, para curarse en salud, alega que ello demuestra el “éxito” de su plan.  Por un lado, promete ayudar al desarrollo de las comunidades pobres, aquéllas que buscan salir de la miseria para construirse un futuro de esperanza.  Por el otro lado, hacen todo lo posible por socavar esa esperanza, ya sea eliminando los instrumentos legales que ayudarían a las comunidades a levantarse en sus pies por su propio esfuerzo (como en el caso de las ocho comunidades alrededor del Caño Martín Peña), o indisponiéndose contra las comunidades que reclaman beneficiarse de aquello que tanto esfuerzo y sacrificio les ha costado defender.

Muestra de lo tercero han sido las expresiones vertidas el 29 de agosto de 2009 por el asesor del proyecto “Portal de Futuro” “Riviera del Caribe”, José R. (“Cheo”) Madera, en la estación radial NotiUno (y recogidas después por la prensa puertorriqueña cuando se divulgaron por otra estación de radio, WKAQ-AM 580, luego de que se le hicieran llegar al periodista de esa emisora, Julio Rivera Saniel), en las que se refirió a los líderes comunitarios del municipio de Ceiba (en la costa este de Puerto Rico) como “crápulas”, “garrapatitas” y “vividores”…

¡Exactamente lo que están leyendo!  Así fue como ese “funcionario público” se refirió a aquéll@s cuyo único “pecado”—si lo entiendo correctamente, y si me equivoco me corrigen (pero con evidencia)—es reclamar una justa participación en la bonanza económica que se espera que resulte del aprovechamiento de los terrenos de lo que hasta hace un par de años se conocía como la base Roosevelt Roads del U.S. Navy (la cual tiene una función importante en la trama del episodio “The Immortals” de la serie televisiva NCIS, estrenado en Estados Unidos en octubre de 2003).  A quienes no tienen porqué estarle aguantando insultos a nadie… ¡a nadie!… como los que les espetó semanas antes el hoy ex-administrador del mismo proyecto, Jaime González* (y que también gracias al periodista Rivera Saniel trascendieron a la luz pública, con el resultado que ya conocemos).

(* Aparte: Habrán notado que ni en esta entrada ni en la anterior me he dignado en utilizar el nombre completo de esta persona, Jaime González Goenaga, ya que su apellido materno es el mismo de uno de mis más recordados amigos de otros tiempos, el profesor Carlos Goenaga Portela, quien murió hará unos 15 años más o menos, haciendo lo que más le gustaba hacer: enseñando a las nuevas generaciones a apreciar y conservar las riquezas del fondo marino, a valorar lo sustantivo por encima de lo aparente.  Y entenderán que prefiero honrar el recuerdo de ese apellido, y no lo contrario.)

Es interesante ver cómo estos insultos vienen de parte de una persona cuyo historial deja un espacio tan grande para la duda, como para un@ caerse si se descuida.  Una persona a la que se le imputa participar en un esquema para cobrar dos veces una factura por servicios prestados como contratista gubernamental, y sobre cuyos contratos actuales—particularmente un contrato por US$96000 con el Senado de Puerto Rico, para asesorarlo en quién sabe qué—parece imperar la “ley del silencio” (como en los sectores marginados que tanto asco le dan), ya que nadie—empezando por el gobernador Luis G. Fortuño Bruset—sabe nada, y nadie dice nada.

Lo único que sí se sabe es que su contrato como asesor del Portal del Futuro de la Riviera del Caribe fue cancelado el mismo día en que se divulgaron sus tan desafortunadas expresiones (el 9/09/09… ¡uy!), como lo informan tanto El Nuevo Día como Primera Hora en sus ediciones cibernéticas.  Y la razón que invoca quien lo contrató—por cierto, el mismo secretario de gabinete que proclamó a los intereses privados como los dueños de Puerto Rico—fue que “sus servicios ya no son necesarios”.  O sea, que ya cumplió su función como hired gun en el tema del redesarrollo de Roosevelt Roads, y todo lo que necesitaba para coronar su gestión fue menospreciar a quienes no son tan “agraciados” como él, a quienes no tendrán la oportunidad de disfrutar de unos terrenos que—le guste a quien le guste—también son de ellos, a quienes tendrán que enviciarse y seguir jugando a la Loto o al “Pega 3” para poder aspirar a los beneficios del poder.

¿Qué es lo que está ocurriendo aquí?  ¿De dónde está saliendo todo este despliegue de arrogancia, de prepotencia, de mostrar hostilidad hacia quienes tratan de hacer las cosas bien, quienes tratan de destetar a los más necesitados del mantengo y de la limosna que le tiran quienes se proclaman como los líderes electos del país?  ¿Será que como en el caso de las comunidades del Caño Martín Peña, a los poderosos les molesta esa competencia “por el corazón y las mentes” de los residentes de las comunidades?  ¿O será que a la larga los sectores poderosos y sus aliados gubernamentales querrán “darle un escarmiento” a quienes se atreven a quitarles el control de todo un pueblo (de la misma manera que el mismo partido que hoy está en el poder—el PNP—quiso en su momento “darle un escarmiento” a los independentistas por medio de los lamentables hechos del Cerro Maravilla), y quieren comenzar socavando la confianza de los residentes de las comunidades en sus líderes?

Pero peor aún, ¿es ésa la política pública sancionada oficialmente por la actual administración puertorriqueña?  Yo sigo deseando que ello no sea así, pero cada vez que veo a algún personero gubernamental hacer “con su boca de comer” unas expresiones que laceran la dignidad—la misma que la Constitución de Puerto Rico de 1952 dice en su Carta de Derechos que “es inviolable”—de los sectores que no son “agraciados”, me lleno más y más de dudas.  Pero bueno, a fin de cuentas (expresión que últimamente se suele sustituir con el impropio calco, “al final del día”), dice el refrán que “el pez muere por la boca”… ¡y hasta el momento vamos por dos “peces muertos”!  (Y Dios sabe cuántos más les seguirán después de esto…)

¡Y vamos a dejar eso ahí!  A mi gente buena de verdad: Cuídense mucho y pórtense bien.  Y a quienes se creen mejores que los demás… ¡piénsenlo bien, antes de morir por la boca!


No, todavía no lo puedo dejar ahí, porque no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar sobre la noticia de que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha mandado a prohibir el uso de ciertos textos literarios en español en el undécimo grado (tercer año de escuela superior) por contener un lenguaje ‘inaceptable’, ‘extremadamente burdo y soez’.  Y lo peor de eso es que el funcionario responsable de ejecutar esta orden, admite “con su boca de comer” (¿les huele aquí también a pez muerto?) que desconocía el valor de los libros en cuestión… ¡porque él no los había leído!  Total, lo único que él estaba haciendo era seguir (irreflexivamente) las instrucciones de sus jefes—más o menos lo mismo que en su momento hizo el Col. Oliver North cuando el escandaloso caso Irán-Contra.

OK, voy con esa frase que ya se ha vuelto un clisé: “Las reacciones no se han hecho esperar.”  (¡Ya está, ahí la tienen!)  Y ciertamente la blogósfera boricua ha sido bastante implacable con el tema.  De todas las reacciones que he visto hasta el momento en que escribo—entre las que quiero destacar las de Edwin, Isabel, Prometeo e Ivonne—, la que me parece la más contundente ha sido la de la escritora Mayra Santos Febres, quien diseca la lista de las obras “prohibidas” en el ánimo de ver si hay alguna razón lógica que justifique por qué no se debe exponer a un adolescente que está empezando a conocer la vida a un “lenguaje soez y chabacano”, que comoquiera lo está escuchando a diario en la calle, y en su propia casa, bajo su propio techo.  (Y por si la señora Santos llegara a leer esto: yo leí en mis años universitarios El entierro de Cortijo y al sol de hoy yo tampoco entiendo porqué estos señores lo están censurando.  ¡Que conste!)  Sobre todo, ella da en el clavo al cuestionar dónde, en qué parte de esos libros, hay algún mensaje “pernicioso” para el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes, que pueda preocupar tanto a las mentes estrechas (que de tan estrechas que son, yo no las llamaría “mentes”, para mí eso no sería lo correcto) que dominan en el país.  Definitivamente, ésa es una entrada cuya lectura les recomiendo encarecidamente.

Y ciertamente es importante cuestionar el por qué de decisiones disparatadas como ésta.  ¿Tendrá alguien tanto miedo de que se enseñe a los estudiantes del sistema escolar público a expandir sus mentes, a cuestionar lo que tanto se da por sentado, a PENSAR?  ¿Le convendrá a alguien que nuestros estudiantes no desarrollen su sensibilidad como seres humanos que son (que somos) y se conviertan en autómatas, en seres que no puedan aprender de la rica experiencia humana?  ¿Será que la misión del sistema educativo puertorriqueño es evitar que se formen “crápulas”, “garrapatitas” y “vividores”, y más bien formar seres que se conformen con no ser “agraciados”?

Yo me niego a creer que eso sea así…


Y ahora sí… ¡vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.

LDB

Deja vu otra vez?

¡Saludos, mi gente!  No se asusten, no me he desaparecido…  Total, que no creo que lo haga, y mucho menos con las cosas como están, pero qué se va a hacer…

Ahora bien, una cosa que sí he estado haciendo en estos días es aprovechar para poner etiquetas (o sea, tags) a todas las 300-y-pico de entradas de este blog, para quienes quieran buscar qué fue lo que escribí en alguna entrada anterior sobre X o Y tema.  (De hecho, a la fecha en que escribo esto, sólo me falta etiquetar muchas de las entradas de 2005 y 2006.)  Y una de las cosas que más me ha llamado la atención mientras repaso las entradas viejas para etiquetarlas es cómo se tiende a repetir el antagonismo entre los funcionarios que elegimos cada cuatro años para que rijan los destinos de nuestro país (ya sean del PPD o del PNP) y los sectores de nuestra sociedad que siempre llevan las de perder cuando se toman decisiones antipáticas.

Lo vimos cuando el cierre gubernamental de mayo de 2006, e igual lo estamos viendo en 2009, cuando se están proponiendo proyectos legislativos que—en muchos casos—resultan ser la antítesis de lo que debe ser una buena medida de gobierno democrático (como la ley que anularía de facto el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña y la que impone una onerosa fianza para el que ose impugnar la legalidad de un permiso de desarrollo—o más bien, la falta de esa legalidad).  Medidas para las que se rechaza en principio cualquier gesto de buena voluntad para ofrecer alternativas que, sin ser tan drásticas, permitan obtener el resultado que se quiere obtener (como las que proponen algunos de nuestros líderes sindicales, por ejemplo)… ¡sólo para que al final del proceso quienes rechazaron esas alternativas quieran “escuchar” a quienes las propusieron en su momento!  Y escribo “escuchar” entre comillas, con toda intención, porque quienes están llamados a escuchar no escuchan con el ánimo de rectificar injusticias y enmendar un rumbo que comoquiera está trazado, sino que lo hacen por compromiso, como para decirle a quienes les llevan la contraria ideológica…

Pueden sugerir lo que se les ocurra, cualquier cosa, y yo cumpliré con hacer el ejercicio de “escucharlos”, pero los míos son los que mandan aquí y ya la suerte está echada.

Con un cuadro como ése, ¿qué hacer?  Tal vez convocar al pueblo una marcha en protesta por la imposición de leyes antidemocráticas cuyas secuelas serían devastadoras para el bienestar de los ciudadanos.  Algo así como la marcha que se efectuó el 5 de junio de 2009, desde la entrada a la isleta de San Juan hasta el Capitóilet Capitolio.  Una marcha en la que cientos de miles de puertorriqueños manifestaron su descontento, un sentir de molestia por el derrotero que sigue nuestro país en las presentes circunstancias.  Un sentir que debería ser escuchado por quienes tienen en sus manos la solución para evitar un impacto adverso de las medidas propuestas… ¡siempre y cuando no “se juyan” de allí—y de su responsabilidad con el mismo colectivo que los puso donde están—antes de que lleguen los manifestantes!  (¿Tanto es el miedo que les tienen?)

Debe ser que en los pasillos por los que corre el poder cada día, hay un caso crónico de lo que los estadounidenses llaman, an attitude problem.  Y yo creo que ése es un problema que hay que atender, el de la actitud de que “como yo soy quien manda aquí, voy a hacer lo que me dé la gana y tú te tienes que quedar callado y tomar el golpe”.  (Y no hace falta decir quién expresa esa actitud; lleguen ustedes a sus propias conclusiones.)  Actitud que no resuelve ninguno de los problemas que ya existen—más los que se avecinan—y que puede tener consecuencias más serias.  Consecuencias que no serán beneficiosas para nadie. . . ¡ABSOLUTAMENTE, PARA NADIE!

Y entonces yo me pregunto, ¿será que ante la realidad de hoy en día, el concepto “democracia” significa algo muy diferente a lo que desarrollaron los antiguos griegos—e incluso, lo que mis maestros y profesores me enseñaron en la escuela y en la universidad?  Yo me resisto a aceptar eso.  Yo quiero creer que eso no es así.

Pero así son las cosas.  Y así seguirán siendo.  Y no cambiarán mucho, ni de aquí a un año, ni de aquí a dos años, ni de aquí a diez años, ni de aquí a…

¡Y vamos a dejar eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta luego.


DEDICATORIA: Quiero dedicar esta entrada de mi blog a un compañero de trabajo, de los que se abren paso a través de la vida, venciendo todos los escollos que la misma le pone, para buscar la excelencia en su quehacer profesional, y en el proceso ayudar a otros a conocer—y apreciar—la belleza del mundo que nos rodea.

A pesar de que su nombre sonaba foráneo, no podía haber mejor puertorriqueño que él.  Gracias a su esfuerzo y dedicación, se han iniciado esfuerzos dirigidos a la rehabilitación de los arrecifes de coral en nuestras costas, a través de un programa de arrecifes artificiales.  (Y de hecho, gracias a él cambió mi noción—muy equivocada, por cierto—de que en Puerto Rico no se estaba haciendo un esfuerzo serio en esa dirección, más allá de la colocación de llantas vacías en el piso marino—práctica que hoy en día, ningún experto recomienda por el impacto nocivo de la acción corrosiva de la sal de mar sobre las llantas, y que ha sido abandonada en favor del uso de otros materiales que cumplan el mismo propósito.)

Pero también se dice que no todo puede ser el trabajo (¡y díganmelo a mí!).  Siempre recordaremos su alegría cuando compartía con nuestros compañeros en las fiestas navideñas, por ejemplo.

En fin, la clase de persona cuya partida hacia el infinito—como consecuencia de un accidente de buceo, ocurrido unos ocho días antes de la fecha en que escribo esta entrada—se hace a veces muy difícil de entender.  Pero así son las cosas, y hoy estamos aquí, pero mañana, ¡quién sabe dónde estaremos!

Desde aquí, mi lamento por el deceso del compañero y amigo James H. Timber Giboyeaux, y mis condolencias y solidaridad para sus familiares y para quienes nos quedamos aquí—porque no hay más remedio—en el empeño de continuar la obra que él comenzó en su breve paso por este mundo.

¡Que tengas un buen viaje hacia la eternidad, James!


LDB

Episodio 301: De permisos, despidos y el surgimiento de una estrella

¡Saludos, amigas y amigos, donde quiera que estén!

Les doy la bienvenida al inicio oficial del cuarto centenar de entradas de mi blog….  O por lo menos, a la entrada de hoy la voy a tener como la número 301 desde que inicié esta fase de mi blog (en Blogger.com) en mayo de 2004.  (Cinco años… ¡como pasa el tiempo!)  Y es así, si consideramos que como administrador de mi blog he tenido que eliminar una que otra entrada por X o Y razón (y si fuera por eso, la entrada de hoy sería en realidad… no sé… la número 306 o la 308).  Pero no hay mal que por bien no venga, si eso me ayuda a dedicar este blog, más hacia las cosas de las que me interesa escribir, las cosas que a mí me preocupan, que a cosas sobre las que al mirar hacia atrás veo que no tiene sentido escribirlas.  Y mientras pueda seguirlo haciendo—y yo pienso seguirlo haciendo, y con mucho gusto—, ése será el camino a seguir.  Así que les doy las gracias a todos ustedes, mi gente, por permitirme llegar hasta aquí.

Pero ya basta de esta digresión.  El caso es que esta semana han saltado a la luz tres situaciones que creo que voy a tener que comentar aquí, así que voy a tratar de que esto quede tan short and sweet como me sea posible.  Así que… ¡vamo’ al mambo!

1) Y seguimos de bofetada en bofetada: Los proyectos legislativos de la nueva ley de permisos

Y empiezo en la misma línea con la que cerré la entrada anterior, cuando mencioné las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) de las que tanto se ha abusado en los Estados Unidos.  Junto con los proyectos de ley que pretenden (a la larga) privar de sus tierras a las ocho comunidades circundantes al Caño Martín Peña, otro par de proyectos presentados en ambos hemiciclos legislativos están causando bastante furor: el Proyecto del Senado 880 y el Proyecto de la Cámara 1649.  Ambos proyectos pretenden crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”, con el fin de agilizar y mejorar el proceso por medio del cual se otorgan los permisos de desarrollo en Puerto Rico.  Me imagino que ello responde a una queja—que a mi entender, es casi tan vieja como el frío—de los sectores desarrollistas del país, sobre lo lento y complicado del otorgamiento de permisos para el desarrollo en Puerto Rico y lo que ello representa en términos de los costos en los que tienen que incurrir y de la “competitividad” de Puerto Rico para la inversión en el desarrollo.  (¿No se les parece eso a la excusa que tuvo en su momento el que fuera el vicepresidente de los EE.UU., L. Danforth “Dan” Quayle, para echar por tierra todo lo que se había logrado allí en el terreno medioambiental?)  Ambos proyectos conllevan transformar la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en una nueva agencia que se conocería como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), y crear las siguientes figuras y oficinas relacionadas: el “Profesional Autorizado”, los “Gerentes de Permisos” y “Oficiales de Permisos”, el “Inspector General de Permisos” (con su oficina correspondiente), la “Junta de Apelaciones de Permisos”…

(¡Sí!  Ya sé que los estoy mareando…)

Sin embargo, para no hacer esta entrada más larga de lo que creo que me va a salir de todos modos, hay un aspecto que parece enlazar bastante bien con las triquiñuelas legales como la que mencioné la vez pasada.  Por ejemplo, se le da a la agencia a crearse—y al “Profesional Autorizado” (que por lo general será un ingeniero, un arquitecto o un inspector)—la facultad de tomar determinaciones finales (o sea, definitivas) sobre las solicitudes de endoso o permiso ante su atención.  Se presume la certeza de las “determinaciones finales” favorables a los permisos solicitados, al punto de que…

El descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso o recomendación favorable expedido por la Oficina de Gerencia y por un Profesional Autorizado, luego de finalizada la construcción de una obra al amparo de los mismos y obtenido el permiso de uso para la misma, no conllevará la revocación del permiso ni la destrucción de la obra.  Disponiéndose que las disposiciones de este párrafo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso.

Artículo 9.10, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (énfasis añadido intencionalmente).

Con esto, parece que se quiere evitar la ola de protestas que han surgido contra proyectos como Paseo Caribe, cuyos permisos están todavía en tela de juicio.  Pero esto no es lo único.  Cualquier parte afectada por una de estas “determinaciones finales” puede solicitar un recurso de apelación ante la Junta Apelativa, dentro de los 30 días laborables siguientes a la notificación de dicha determinación.  Sin embargo, para procurar la suspensión de una “determinación final”…

En dicha petición, el apelante deberá demostrar claramente cuáles los daños irreparables que sufrirá de no concederse la suspensión solicitada y prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte apelada de concederse dicha solicitud….  La mencionada fianza no será requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades ni a ninguno de sus funcionarios en su carácter oficial.

Artículo 12.3, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (de nuevo, énfasis añadido intencionalmente).

O sea, que tras de que como apelante tengo que demostrar los daños que le está haciendo una obra (objeto de una “determinación final favorable”) a mi comunidad, ¿tengo yo que pagarle a la parte apelada por los “daños” que sufrirá si no se lleva a cabo la misma?  ¿Y qué tal si el monto de la fianza equivale al costo diario de las labores en la obra de la parte apelada?  Peor aún, ¿tendrá una comunidad de escasos recursos—por más conscientes y organizados que estén sus residentes—los recursos para enfrentarse a un desarrollador poderoso cuyo proyecto sea una amenaza contra su bienestar?  ¿Será ésta una estrategia similar a la de las demandas SLAPP, para “mandar a callar” a las comunidades pobres y someterlas a un régimen de marginación y dependencia de las dádivas gubernamentales?

Personalmente, yo me resisto a creer que ésa sea la intención detrás de proyectos legislativos como éstos y como los que mencioné en mi entrada anterior.  Más aún, me resisto a creer que esa injusticia se pueda sostener.

2) Y la recuperación económica… ¿a’onde e’tá?

Después de las renuncias “involuntariamente voluntarias” de empleados públicos en Puerto Rico, ha llegado el momento para los despidos “voluntariamente involuntarios”.  Y éstos ya comenzaron a notificarse el pasado viernes, 29 de mayo de 2009.  Como ya dije anteriormente, con estos movimientos el gobierno de Puerto Rico espera ponerse en camino de la “recuperación” económica y de la disminución de tamaño y agilización de las agencias y servicios públicos.

Lógicamente, mi lugar de trabajo no ha sido la excepción, y ya se ha iniciado el despido de varios de los empleados irregulares, transitorios y por contrato que fueron reclutados en años recientes.  (Y aun si alguno de ellos fue reclutado en violación a la ley que prohíbe reclutar personal en el gobierno pocos meses antes de las elecciones, debe quedar claro que no es su culpa.)  Y eso es algo que me tiene un tanto apenado, porque muchos de los que se nos van de esta manera son jóvenes de cuyo talento y dedicación he sido testigo, sobre todo en la evaluación de solicitudes de endosos para desarrollos y en el área de informática.  Debe ser que en este momento siento lo que los especialistas estadounidenses en conducta humana denominan como “la culpa del sobreviviente”, como si me pareciera injusto que gente prometedora como ésta tenga que sucumbir ante una crisis de la que no tienen culpa, y dejarnos en el camino a nosotros, los “veteranos” en estas lides, en momentos en los que más los necesitamos.

Pero bueno, así es la vida, y lo mejor que puedo hacer desde aquí es darles las gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros, desearles a tod@s ell@s la mejor de las suertes, y recordarles que cuando nos necesiten… ¡pa’ eso estamos!

Pero esto no quita que yo llame la atención sobre algo curioso que encontré ayer: Según las cifras anunciadas el viernes 29 de mayo por el gobernador Luis G. Fortuño Bruset, estarán saliendo de la nómina pública unos 10401 empleados públicos.  De éstos, 2585 se acogieron a las renuncias “involuntariamente voluntarias”, mientras que los 7816 restantes cayeron en la redada de los despidos “voluntariamente involuntarios”; noten que de estos últimos, 6797 (o un 87%) son empleados transitorios (los mismos que yo creo que no deberían estar más de dos años bajo esa condición—aunque lamentablemente, hay empleados transitorios que llevan años de espera para que se le haga regulares, pero eso ya es otro cuento).

Vamos bien hasta ahí, ¿no?  Pero hay un problema cuando uno observa las cifras de las “economías” que se estarían logrando por estos medios:

Fase Monto (US$)
1: Renuncias y reducción laboral "voluntaria" 51800000
2: Despidos (Primera ronda) 153000000
3: Reducciones salariales y cancelación de beneficios 186800000
TOTAL 391600000
META DEL AHORRO GUBERNAMENTAL 2000000000

Interesantemente, si comparamos el ahorro que se lograría a través de las tres fases del plan gubernamental (US$391600000), con la meta de reducción del déficit que se propone en el mismo (US$2000000000), encontraremos que todavía falta un tramo largo por recorrer, ya que el porciento de diferencia entre uno y otro (que cualquiera que lea esto puede calcular, si quiere) es de –80.4% (-80,4%).  En otras palabras, aun si hasta el momento se ahorra aproximadamente unos US$37650 por cada empleado eliminado de la plantilla gubernamental (y por supuesto, no todos ellos ganan esa cantidad al año), eso prácticamente no hace ni una mella en el problema del déficit gubernamental.  ¡Y eso no pare más!  Es más, como decía el finado Raúl Vale… “les dejo ésa de asignación”.

3) Puerto Rico’s Got Talent!

Último, pero no por ello menos importante: La designación, por parte del presidente Barack H. Obama, de la jueza apelativa federal Sonia Sotomayor a la plaza que David Hackett Souter (cuya biografía se encuentra en esta página, en formato PDF) se espera que deje vacante en el Tribunal Supremo estadounidense, también ha causado furor desde que se anunció en Washington, D.C. la semana pasada.  Ciertamente se ha dicho mucho sobre ella, sobre su historia de haber nacido de padres puertorriqueños en un caserío en el Bronx neoyorquino, sobre la pérdida de su padre cuando ella tenía 9 años de edad, sobre que ella “salió del caserío” para destacarse académicamente en las universidades en las que estudió, sobre su participación en decisiones trascendentales, como la que ella emitió para terminar la huelga de los peloteros de grandes ligas de 1994–1995 (a favor de los peloteros), y un montón de cosas más que se han repetido hasta el cansancio.

Por supuesto, no han faltado los detractores que le han salido al paso—que como era de suponerse, se trata principalmente de elementos pertenecientes a los sectores más recalcitrantes de la derecha estadounidense.  Muchos de ellos la recriminan por haber planteado—en lo que tal vez fue un desacertado ejercicio verbal—la diferencia entre un juez que no ha tenido la experiencia de convivir en “el Barrio” con “los de abajo”, de experimentar sus penurias, de luchar por sobrevivir en un mundo hostil, y un juez (o una jueza) que sí ha vivido esa experiencia.

Justice (Sandra Day) O’Connor has often been cited as saying that a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases.  I am not so sure Justice O’Connor is the author of that line…  I am also not so sure that I agree with the statement.  First, as Professor Martha Minnow has noted, there can never be a universal definition of wise.  Second, I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn’t lived that life.

[…]

However, to understand takes time and effort, something that not all people are willing to give.  For others, their experiences limit their ability to understand the experiences of others.  Other simply do not care….  Personal experiences affect the facts that judges choose to see.  My hope is that I will take the good from my experiences and extrapolate them further into areas with which I am unfamiliar.  I simply do not know exactly what that difference will be in my judging.  But I accept there will be some based on my gender and my Latina heritage.

Lecture: A Latina judge’s voice (The New York Times, 15 de mayo de 2009) (y—¡adivinaron!—el énfasis lo añadí intencionalmente).

Huelga decir que la primera parte de esta cita es la que ha causado que se la caiga la boca de tanto hablar bazofia a cuanto comentarista conservador existe en estos momentos (empezando por Rush Limbaugh, un adicto confeso a los analgésicos controlados, que desde su programa de radio parece haber tomado la batuta de la derecha vocinglera estadounidense).  Y a muchos de estos comentaristas les cayó como una bomba el que una simple leguleya proveniente de una minoría étnica se comparara con un juez blanco-anglosajón-protestante (WASP)… ¡y en la comparación ella saliera airosa!  De hecho, hasta la han tildado se ser “racista” (¿no será eso lo que Freud denominó “proyección”?), de ser “no tan brillante” (como la senadora Evelyn Vázquez dijo aquella vez)…

Alarmante, ¿no es verdad?  Como que se confirma la primera oración en el segundo párrafo de la cita que hice de la jueza Sotomayor (y hasta me alegra haber hecho intencionalmente el énfasis en esa oración): entender, sobre todo entender las experiencias de los demás, saber qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente padece, es una capacidad que requiere dedicar tiempo y esfuerzo—y yo añadiría a ello una frase: “hacer un sacrificio”—, y eso algo a lo que no todo el mundo está dispuesto (y por eso, la jueza Sotomayor añade que hay a quien simple y sencillamente eso no le importa).  Pero qué se va a hacer…

Ya veremos qué sucede desde este punto en adelante, ya que el presidente Obama quiere que el Congreso estadounidense confirme a la jueza Sotomayor lo antes posible, antes de que se inicie el periodo de sesiones de 2009–2010 el lunes, 5 de octubre de 2009 (como es la tradición).  En lo que el hacha va y viene, envío desde aquí a la jueza Sonia Sotomayor mis mejores deseos de éxito en su designación como magistrada del Tribunal Supremo estadounidense, y que sea confirmada cuanto antes, para que pueda representar a Puerto Rico con mucho orgullo en ese alto foro judicial… ¡y que no pierda esa capacidad de entendimiento que a muchos parece molestar!  Después de todo, como dice una frase que se suele atribuir al Quijote de Cervantes (aunque erróneamente; vean la explicación aquí):

Si los perros ladran es señal de que avanzamos, Sancho.

 

¡Y vamos a dejar todo eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, que nos estaremos viendo al comienzo del quinto centenar de entradas, ¿OK?

LDB

Cuando tenga la tierra…

¡Saludos, mi gente!

Ustedes saben que en entradas anteriores he escrito sobre el trabajo que hacen las organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico.  Es más, déjenme retroceder un poco para ver lo que escribí el año pasado al respecto, cuando contrasté la digna labor de las organizaciones de base comunitaria con el bochornoso espectáculo de los legisladores boricuas (en eventos separados ocurridos un mismo día):

De particular interés fueron las presentaciones que hicieron los líderes o representantes de las comunidades, ya que como la experiencia reciente ha demostrado, estas comunidades son las que están desarrollando las maneras de resolver sus propios asuntos y de reclamarle a los gobiernos pertinentes (particularmente los gobiernos municipales) la atención debida a sus necesidades.  En dichas presentaciones se observaba el interés, el empeño, el tesón con el que estas comunidades luchan día a día contra vientos y mareas, para exigir la reparación de los agravios que cometemos todos los días contra nuestro ambiente.  Ya sea exigir respeto por los árboles cuando éstos son cortados por razones que al final resultan espurias… o defender los derechos de una comunidad que vive, trabaja y sueña dentro de lo que ha sido su hogar histórico… las comunidades nos demuestran que toman su responsabilidad en serio, que tienen el empeño de legarle a las futuras generaciones, un futuro de paz, donde puedan disfrutar de una vida segura, en armonía con su medio ambiente.

Dos ejemplos de conducta pública en un día (10 de febrero de 2008 ) (el énfasis está incluido en el original)

Y hasta insistí en eso mientras esperábamos a que se realizaran las pasadas elecciones generales en Puerto Rico:

En lo que el hacha va y viene, lo mejor que yo puedo hacer es pensar en las cosas que me hubiera gustado ver en los cuatro programas de gobierno para el ejercicio electoral de 2008.  Cosas como por ejemplo, un mayor apoyo del gobierno a las organizaciones comunitarias, que en el análisis final, son las que están ayudando a la gente a pararse sobre sus propios pies, sin “recostarse” de las dádivas de los programas de asistencia social estadounidense.

Cosas que a mí me hubiera gustado ver (27 de octubre de 2008 )

Yo no sé, pero me pregunto si un gobierno—sea del partido político que sea—puede estar en contra de que la gente más necesitada sea capaz de pararse sobre sus propios pies.  Después de todo, una de las funciones de los partidos políticos es buscar alternativas para ayudar a la gente a solucionar los males que la aquejan—me refiero a problemas tan serios como la pobreza, la violencia delictiva, la salud física y emocional, el deterioro de la economía, etc.—y pueda vivir su vida aportando al bienestar y el progreso del país… ¿o me equivoco?

El caso es que en los últimos días han salido a relucir dos proyectos de la Asamblea Legislativa puertorriqueña—pero para los efectos estoy hablando de una misma cosa—, que se han visto como una amenaza a la capacidad de apoderamiento (lo que algunos que pretenden hablar inglés sin siquiera saber hablar buen español llaman empowerment) de estas comunidades pobres.  Tanto el Proyecto del Senado 365 como el Proyecto de la Cámara de Representantes 1403 pretenden enmendar una ley del 2004, por medio de la cual los terrenos en las márgenes del Caño Martín Peña se traspasan (en última instancia) a las comunidades existentes a uno y otro lado.

Para quienes no conocen la zona, el Caño Martín Peña (el cuerpo de agua que se indica con la tachuela roja en este mapa) discurre de este a oeste desde la Laguna San José hasta donde se une con el Río Puerto Nuevo, cerca de donde éste desemboca en la Bahía de San Juan.  El caño separa los distritos sanjuaneros de Santurce al norte y Hato Rey al sur.  A ambos lados del caño están asentadas unas ocho comunidades (Barriada Israel-Bitumul, Parada 27, Península de Cantera, Las Monjas, Barrio Obrero Marina, Barrio Obrero, Buena Vista de Santurce y Buena Vista de Hato Rey), cuyos 27000 habitantes, al decir del Consorcio del Estuario de la Bahía de San Juan (SJBEC), viven “en condiciones de marginalidad y pobreza”.  Dichos residentes, según la página informativa del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña,

… son vulnerables a problemas de salud e inundaciones frecuentes relacionadas con la falta de infraestructura de alcantarillado sanitario y la resultante degradación de este cuerpo de agua.

Irónicamente, estas ocho comunidades pobres se encuentran a poca distancia del tramo de las avenidas Ponce de León (carretera [25] en el mapa) y Muñoz Rivera (carretera [1], no identificada en el mapa, pero que discurre paralela a la Ponce de León) entre el caño y el sector central de Hato Rey, donde radican algunas sedes de los principales bancos e instituciones financieras de Puerto Rico, conocido como “la Milla de Oro”.  ¡Nada más con el testigo! 

(Por cierto, les dejo aquí este enlace para que conozcan parte de la historia de las comunidades que rodean el caño, a través de un proyecto de historia oral dirigido por el profesor Pedro González. de la Universidad Interamericana de Puerto Rico [UIAPR].)

Volviendo al tema, los proyectos legislativos que mencioné arriba procuran intervenir con el Artículo 16 de la Ley 489 del 24 de septiembre de 2004, la Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña.  Según está redactado, ese artículo establece lo siguiente:

Las Agencias Públicas, según definidas en esta Ley, que administren, custodien, dominen, arrienden o posean terrenos en el Distrito se entenderá por esta Ley que han transferido, a partir de los ciento sesenta (160) días de la vigencia de la misma, el respectivo título a la Corporación.  En el caso de los terrenos de dominio o patrimonio público la titularidad de los mismos queda por esta Ley investida en la Corporación, con las excepciones más adelante establecidas en relación con la Zona Marítimo Terrestre.

Pero más allá de lo que esto signifique, sería bueno ver la intención detrás de que la Corporación sea la dueña de esos terrenos bajo esta ley.  Tres artículos más adelante, la Ley 489 de 2004 crea el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, el cual abarcará todos los terrenos que le se le hayan transferido a la Corporación del Proyecto ENLACE (que también se crea bajo dicha ley).  Según redactado,

(a) El Fideicomiso de la Tierra tendrá los siguientes objetivos: (1) Contribuir a resolver el problema de titularidad de muchos residentes en el Distrito mediante la tenencia colectiva del terreno.  (2) Atender con equidad el desplazamiento físico o económico de los residentes de bajos ingresos que resulta de los proyectos de reconstrucción urbana, evitando la desintegración y el desplazamiento de la comunidad.  (3) Garantizar viviendas asequibles en el Distrito.  (4) Adquirir y poseer tierras en beneficio de la comunidad, incrementando el control local sobre la tierra y evitando la toma de decisiones por dueños ausentes.  (5) Facilitar la participación de los residentes y la inversión estratégica del sector privado, y redistribuir con equidad el aumento en el valor de la tierra mediante el mecanismo de bonos de participación, diversificando las fuentes de ingresos de las familias y reinvirtiendo en el Distrito.  (6) Facilitar la reconstrucción y valorización de los espacios urbanos, de acuerdo a la política pública establecida por esta Ley, y los planes de desarrollo y uso de suelo que adopte la Junta de Planificación para el Distrito….

(b) Para cumplir con estos objetivos, el Fideicomiso podrá:…

(Agárrense de sus asientos, porque aquí es que viene lo bueno…)

…  (6) Adquirir por medio de la transferencia de título, los terrenos y solares de origen público que se determina por el estudio que se ordena en el Artículo 16 de esta Ley y proteger los bienes patrimoniales de Puerto Rico en el Distrito….  (8) Administrar los terrenos de forma efectiva para el beneficio equitativo de los residentes del Distrito….

Ley 489 de 2004, Artículo 19 (énfasis añadido por mí intencionalmente).

Digo yo, si como lo dice el artículo de ley que acabo de citar, la obtención de esos terrenos por parte del fideicomiso que se crea bajo esa ley es para el beneficio equitativo de los residentes del distrito del Caño Martín Peña, ¿quién puede tener alguna objeción a ello?  Claro está, a menos que se trate de otros intereses que tienen puestos sus ojos en los terrenos alrededor del caño, especialmente los que las agencias públicas poseen en el área.  Intereses que ven en los terrenos alrededor del Caño Martín Peña la posibilidad de desarrollo, pero no la clase de desarrollo que beneficie a los residentes de la zona.  Y no hace falta decir a qué me refiero, pero eso incluye la construcción de apartamentos y viviendas de lujo, de esas que comienzan en los “bajos” US$500000 (y eso es el modelo “básico” con un sólo dormitorio y un cuarto de baño, con estacionamiento para un sólo auto)… la clase de vivienda en la que ninguna de las familias que residen actualmente en estas comunidades podrá poseer, a menos que (en el mejor de los casos) se saquen los millones de dólares en el premio mayor de la Lotto

(Y aún si fuese así, yo sigo cuestionando si en realidad existe en Puerto Rico tal demanda que justifique la venta de viviendas a precios como ése, porque yo lo veo muy dudoso… ¡pero ésa es sólo mi opinión!)

Ante ese cuadro, la impresión es que la Asamblea Legislativa ha salido al rescate… pero no de los residentes de las ocho comunidades alrededor del caño (que se han hecho bautizar “G-8”, como los países que forman la cumbre de países industrializados), sino de los propios intereses desarrollistas que tienen en la mira los terrenos alrededor del caño.  O por lo menos, eso es lo que vemos en los siguientes comentarios sobre la manera en la que el Senado aprobó su versión del proyecto (P.S. 365), por descargue, sin una discusión concienzuda de los méritos del proyecto en el hemiciclo:

La medida me parece un enorme retroceso en el proceso de apoderamiento social y de autogestión, y plantea un empujón a la agenda gubernamental que en ocasiones parece descartar a las comunidades a la hora de tomar decisiones sobre sus tierras.  Eso, por no hablar del desplazamiento que era la norma antes de la aprobación del Fideicomiso.  Ya sabes: sacamos a los pobres para construir para los ricos.  Lo peor de todo es que la aprobación por descargue se dio sin siquiera avisar a las comunidades afectadas.

Caño Martín Peña: Golpe mortal a la autogestión (Julio Rivera Saniel: Blogueando, 22 de mayo de 2009)

Esta aprobación pone en serio riesgo un proyecto que ejemplifica extraordinariamente los principios de democracia participativa, autogestión comunitaria, integración de los objetivos de superación de la pobreza con el medioambiente y mecanismos efectivos para lograr justicia distributiva en materia patrimonial.  Por lo que su defensa, permanencia y éxito beneficia a todos los proyectos comunitarios que se basan en estos principios.

Una vez más: Apoya al Caño desde donde puedas…, por la Lcda. Érika Fontánez Torres (Poder, Espacio y Ambiente, 21 de mayo de 2009)

De hecho, a mí me parece que esto podría ser un disparo de advertencia en una guerra no declarada, entre los intereses desarrollistas y sus aliados legislativos, de un lado, y las comunidades y sus organizaciones de base, del otro lado, con el propósito de reducir a estas últimas a entes impotentes, a simples mantenidos dependientes del estado benefactor, que ni sueñen con tener la capacidad de hacerse una vida mejor sin la “ayuda” de un gobierno o partido político (el que sea).  Que no tengan la capacidad de defenderse en contra de las injusticias provocadas por un desarrollo desmedido y que las acepten sin protestar, para que no se perjudiquen el “progreso” y el “bienestar económico” del país.  (¿No se les parece esto último al fin con el cual las corporaciones en los Estados Unidos suelen usar—más bien, abusar—de lo que se conoce como la demanda estratégica contra la participación pública, SLAPP?*  ¿Será esto una señal de lo que está por venir?)

Yo no sé en qué acabe esto, pero me parece que es el reflejo de cómo la ambición de unos pocos, ayudada por la complicidad—y la complacencia—de los mecanismos políticos principales, busca acabar con las ansias de superación de los seres humanos con mayor desventaja social.  (Y después nos preguntamos de dónde sale tanta violencia, tanto desasosiego, tanto pesimismo.)  Pero creo que de las comunidades depende elegir entre dejarse vencer o ponerse de pie… ¡y yo creo que se mantendrán de pie y seguirán de pie, le guste a quien le guste!

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta luego.


* Por cierto, en mi búsqueda de información para esta entrada acabo de dar con un libro escrito por los dos catedráticos de la Universidad de Denver que descubrieron y alertaron sobre la tendencia de las SLAPP en la década de 1980:

SLAPPs.  Getting Sued for Speaking Out, por George W. Pring y Penelope Canan.  Philadelphia, PA: Temple University Press, 1996.  296 pp.  ISBN: 1-56639-369-8 en rústica, ISBN: 1-56639-368-X en tapa dura.


LDB