La hora del sacrificio… aún no termina

Flag of Puerto Rico
Flag of Puerto Rico (Photo credit: Wikipedia)

Debe ser que me estoy cansando de decir “lo mismo… lo mismo… lo mismo” en este blog.  Cualquiera diría que los gobiernos en Puerto Rico no saben atender las crisis económicas y fiscales—creadas irresponsablemente por esos mismos gobiernos—sin que sea “el de abajo” el que pague los platos rotos.

Ahora, luego de varias semanas de estarse discutiendo la implantación de una nueva ley para declarar una “emergencia fiscal” en Puerto Rico, la misma acaba de ser aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el gobernador García Padilla.  Se trata de la Ley Número 66 de 17 de junio de 2014 (Ley 66-2014), conocida como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Una ley que del saque se ha dado en decir que es una nueva versión de la Ley Número 7 de 9 de junio de 2009 (Ley 7-2009), conocida como la “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”, firmada por el entonces gobernador Luis G. Fortuño Burset.  Dos leyes con largas exposiciones de motivos (23 páginas en la Ley 7-2009 vis a vis 44 páginas en la Ley 66-2014), llenas de datos, gráficas y estadísticas para justificar sus respectivas existencias.  Pero ambas van dirigidas a un mismo fin: tratar de atender una crisis de la creación de los gobiernos que las implantaron, sin asumir mayor responsabilidad que la de ponerlas en el papel (o en el formato de documentos digitales, PDF—porque hay que hacerlo “a la moderna”, ¿vi’jte?) para la posteridad.  Para que se les recuerde—y se les “quiera” en el proceso (dándole su voto en las próximas elecciones generales).

Y si vamos a hablar de recordación, la de la Ley 7-2009 y sus lamentables consecuencias aún está fresquecita, y no con mucho cariño que digamos.  Y yo la sigo viviendo todos los días en mi lugar de trabajo.  Pero vamos a seguir con lo que hoy nos trae hasta aquí.

Por lo menos esta vez, la Ley 66-2014 no nos promete retiros tempranos ni renuncias “voluntariamente involuntarias” o “involuntariamente voluntarias” (o como diría Cantinflas, “ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario”) como las de la Ley 7-2009—digo, si le creemos a la declaración de política pública en el segundo artículo de la Ley 66-2014.  (Sí, porque parece que la situación fiscal del gobierno es de tal magnitud, que no hay para proveer los lindos chalecos salvavidas con el emblema de los dueños de la nave que quiere llegar a puerto con la carga, los pasajeros y la tripulación—la que como siempre, NUNCA está de más—que ofrecieron la última vez.)  Más bien propone una variedad de medidas que deben estar en vigor hasta el 1 de julio de 2017 (o sea, hasta casi 7 meses después de las elecciones generales de 2016), o que podrían expirar antes si se certifica que el producto nacional bruto del país habría aumentado en 1.5% (1,5%) para un próximo año fiscal, las casas acreditadoras de la Calle Wall neoyorkina resuelven que las obligaciones financieras gubernamentales no son chatarra y el año fiscal que cierra lo haga sin un déficit (a menos que algún legislador de pueblo chiquito se haya despertado de su siesta en plena sesión para reclamar que a su municipio no lo dejan beneficiarse de las “medidas importantes”… ¡como los déficits!).  Medidas tales como reducción en la contratación de servicios profesionales; reducción en el gasto de nómina de empleados de confianza; prohibición de nombramientos de empleados regulares, de carrera, transitorios o irregulares para puestos (excepto que rindan servicios directos o sean esenciales para los recaudos de la agencia implicada, o por varias otras razones); autorización de traslados o destaques de empleados dentro de una misma agencia o entre agencias (sin disminución de sueldo o beneficios marginales); prohibición en la concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria; extensión de las cláusulas no económicas de los convenios colectivos vigentes en las agencias de gobierno que se rigen bajo la Ley Número 45 de 25 de febrero de 1998 (Ley 45-1998), conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico” (los cuales serán negociados luego de concluir la vigencia de la Ley 66-2014); prohibición de los gastos en las agencias de gobierno, en exceso de los fondos presupuestados; suspensión de las cláusulas no económicas en los convenios vigentes en las corporaciones públicas (las cuales se rigen por otras leyes que no son la Ley 45-1998), incluida la prohibición de liquidar monetariamente los balances acumulados de licencia de sus empleados; prohibición del uso de fondos públicos para pagar escoltas a jefes de agencias (con algunas excepciones), así como para viajes no esenciales al extranjero, contratación de servicios profesionales y adquisición de equipos tecnológicos personales de uso exclusivo (ustedes saben: celulares inteligentes, PDAs—¿hay quien todavía usa eso habiendo actualmente celulares más inteligentes que un PDA?—y demás); y disminuciones en los gastos de arrendamiento (por ejemplo, de edificios) y en el consumo de electricidad y agua de las agencias públicas.

(La Ley 66-2014 también tiene otras medidas que aplican a las ramas legislativa y judicial, pero para los efectos de esta entrada me enfocaré en lo resumido en el párrafo anterior.)

Tal vez muchas de esas medidas suenan bien sobre el papel (o en la copia en formato digital).  Pero no les suenan bien a todo el mundo.  Particularmente a los empleados unionados de las corporaciones públicas (particularmente las autoridades de Acueductos y Alcantarillados y de Energía Eléctrica), los cuales han amenazado con envolver al país en un “paro nacional” si no se les excluye de la Ley 66-2014 (particularmente de lo relacionado con la prohibición en la concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria y la suspensión de las cláusulas no económicas en los convenios vigentes).  Un paro que podría ocurrir como la visita anual de los 3 Reyes Magos, “de noche, con gran cautela, cuando nadie, sus pasos vela”.  Un paro cuyos pininos se dieron hace unos días, cuando formaron una enorme congestión de tránsito en el Túnel Minillas, una de las principales vías de tránsito del San Juan metropolitano.

Pero, ¿para qué?  ¿Con qué propósito?  ¿Qué se quería lograr?  Tal vez para mí no se logró nada, excepto que los principales medios de prensa captaran—intencionalmente o no, eso es inmaterial—el lado oscuro de las protestas obreras en Puerto Rico: manifestantes en pleno abuso contra los conductores a los que sólo les interesaba salir del barullo que se había formado en el túnel, con latas de cerveza en la mano (como si fuera una fiesta o un pasadía en la playa), incluso faltándole el respeto a los policías asignados a mantener el orden—que si vamos a ver, también son trabajadores, también tienen sus hachas que amolar (como la del tiempo trabajado por horas extra que nunca se les quiere pagar), pero también tienen la responsabilidad social de cumplir con su deber de garantizar la seguridad ciudadana, le guste a quien le guste.

Y después de todo ese “show of force”… ¡pa’ Plaza Las Américas!  No precisamente para conseguirse “lo último en la avenida” y estar a la moda—aunque el mundo se joda—, sino a marchar por dentro del centro para revivir la eterna dialéctica entre “ustedes, los ricos” y “nosotros, los pobres”.  (Me pregunto si estas personas sabrán que no todo el o la que va a “Plaza”—me incluyo, aunque sólo voy cuando sea estrictamente necesario—es porque quiere lucir la última moda de Armani Exchange, adornarse con las más exclusivas piezas de joyería de Gordon’s, o calzar unas lujosas y decadentes tacas de 6″ o 152 mm de alto de DiMorini o Novus.  Pero ya eso es otra cosa.)

Por supuesto, no es la primera vez que las uniones obreras que representan los empleados de las corporaciones públicas tratan de convocar a un paro nacional (y por los mismos motivos), o que las mismas protestas se mudan a “Plaza”.  Y no creo que sea la última vez que ello suceda.

Otras sindicales, las cobijadas por la Ley 45-1998 (que lamentablemente, no provee el derecho a la huelga a los miembros de dichas sindicales), han tenido que negociar los impactos de la hoy Ley 66-2014 antes de que la misma fuera aprobada.  Tal vez porque entendían que era más responsable agarrar el toro por los cuernos y enfrentar directamente la amenaza de eliminación de sus conquistas laborales, a la vez que se evitara profundizar la crisis que nos ha traído hasta aquí—aunque se pudieran reservar la opción de embestir como hicieron los maestros sindicados hace unos meses, cuando vieron amenazado su sistema de retiro.  Por supuesto, sólo el tiempo dirá si el enfoque de estas sindicales fue correcto o no, y si resulta que no, que sirva de lección para evitar tomaduras de pelo en el futuro.

Pero lo importante es que estamos viendo de nuevo lo mismo que en el pasado.

“(L)o que se está viendo no es muy agradable que digamos….  (L)a tendencia de los últimos años ha sido la de los gobiernos meter la mano en los bolsillos del pueblo para tapar su propia incompetencia—porque es mejor pedir perdón que pedir permiso.  Tal vez mediante leyes traídas por los pelos, legisladas en sesiones extraordinarias convocadas con mucho sigilo, mientras el resto del país se ofusca celebrando ‘las Navidades más largas del mundo’….  Leyes que responden a un deseo de quedar bien con los tenedores de bonos o ‘bonistas’—los mismos de los que la Constitución de Puerto Rico de 1952 nos recuerda que hay que apaciguar antes que a nadie más—y con las casas de corretaje de la calle Wall neoyorquina que esperan pacientemente como buitres, que a un verdadero propósito de ayudar a un prójimo que se muere de la nada.

“¿Y los responsables de todo esto?  Siempre las mismas caras, las mismas figuras.  Lo mismo los azules del PNP que los rojos del PPD.  Unos y otros diciéndole a sus conciudadanos que lo están haciendo ‘por su bien’.  Cualquiera diría que el paternalismo de otros tiempos, como lo diría la vieja canción, no estaba muerto, sino que anduvo de parranda por un tiempo.”

Y me temo que al final, el resultado será siempre el mismo.

“(D)e ahora en adelante seguiremos viendo a un bando y al otro haciendo sus movidas correspondientes, a ver quién prevalece en un juego de ajedrez en el que los que estamos en medio somos peones….  Lo que estamos viendo en estos días, es tan sólo el comienzo de la partida.”

O tal vez la continuación de una partida de ajedrez que tuvo su inicio hace largo tiempo y está actualmente en su fase de combate, pero cuya resolución está todavía muy lejos de verse.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y sean personas razonables.

LDB

Historia de Dos Lideres: Los Primeros Dias

¡Saludos, mi gente!

Y llegó el mes de febrero, como suele suceder después de que termina el mes de enero—digo, a menos que a la nueva legislatura de Puerto Rico le dé con legislar para que de ahora en adelante el año conste únicamente de los meses de diciembre y enero, para así tener unas Navidades que duren todo el año y seguir con la francachela y la bebelata y todo lo demás.  La verdad es que el mes que nos acaba de dejar ha traído cosas interesantes, como el advenimiento de nuevas administraciones en Puerto Rico y los Estados Unidos.  Administraciones que, a mi modo de ver, se han caracterizado más por las diferencias en estilo que por los logros que cada una ha podido realizar hasta el momento.

Así, por ejemplo, vemos cómo el nuevo presidente de los EE.UU., Barack H. Obama, se ha dado a la tarea de tratar de deshacer tanto como sea posible los entuertos en los que su antecesor, George W. Bush, sumió a esa nación durante los ocho años que la Constitución estadounidense le permitió estar en el poder.  Y ciertamente me deja sorprendido ver cómo el nuevo presidente ha “sacado pecho” en los primeros 11 días de su mandato: firmando directrices como la que ordena una congelación de los beneficios económicos de los alcahuetes y soplapotes ejecutivos, o como aquélla que busca reivindicar a la mujer en la paga igual por la labor que realiza, con relación a su contraparte masculino; ordenando el cierre del campamento penal en la Bahía de Guantánamo (Cuba), donde se encuentran todavía centenares de los detenidos como “sospechosos” de actos terroristas, esperando por la justicia que decida hacer en su día un gobierno que “no tortura a sus prisioneros” (¡no, si el waterboarding no hace ná’!); buscando tender de nuevo los puentes de fraternidad mundial que durante esos mismos ocho años han estado rotos, sobre todo con aquellos países que—con o sin culpa—han estado marcados por las acciones de individuos que creen tener la sartén religiosa agarrada por el mango… ¡y el mango también!

Y ciertamente, es una tarea bastante pesada la que el nuevo mandatario estadounidense ha tenido que emprender, en tanto haya que tratar de deshacer todo el daño causado por la administración de su antecesor.  Una administración que queriendo responder a un fuerte agravio—o sea, a la agresión infame de la que los EE.UU. fueron objeto el 11 de septiembre de 2001—ejerció la dudosa opción de disponer de quien en otro contexto (la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980) fuese un aliado (Saddam Hussein), con la excusa de que en su país (Irak) se guardaban armas de destrucción masiva y se apoyaba el terrorismo islámico.  Al mismo tiempo, en el proceso se vieron gravemente afectadas la confianza de todo un pueblo en sus figuras de autoridad y sus instituciones, así como su don más preciado: la libertad.  ¿Y todo para qué?  ¿Para que alguien sacara una ganancia de esa tragedia?  (Y no hay que ir muy lejos para entender a qué me refiero…)

Mientras tanto, en Puerto Rico ya llevamos aproximadamente un mes con el nuevo gobernador, Luis G. Fortuño Bruset, otrora director de turismo de Puerto Rico y quien hasta el año pasado fuera el Resident Commisioner, o sea, el representante-sin-voto que Puerto Rico envía al Congreso estadounidense en cada elección federal.  Si bien su elección es lo que yo considero un ejemplo de supervivencia política, si tenemos en cuenta que ha podido salir a flote de algunos malos ratos provocados por elementos dentro de su propio partido (como el caso de la palabrota con la que alguien “adornó” una foto suya a finales del año 2005), a veces parece como si todavía estuviera tratando de ver qué hace ahora que está al mando del país.  Ya a los 30 días de iniciado su mandato, su capacidad de liderato (o falta de la misma) se está poniendo bajo la lupa, con varios ejemplos.  Nombramientos de funcionarios que han sido objeto de dudas en el pasado como el “nuevo” Secretario de Educación, Carlos Chardón (quien ocupó el mismo puesto hace unos 30 años) o el de Salud, Dr. Jaime Rivera Dueño—y ciertamente las cosas en Puerto Rico han cambiado bastante desde la incumbencia original de ambos funcionarios; o nombramientos sobre los cuales la duda es menos reciente, como el que fuese designado originalmente para el Departamento de la Familia, que tuvo que renunciar a su aspiración luego de que se divulgaran presuntos conflictos de interés, entre los cuales está el haber intervenido como abogado en el juicio contra un acusado por violar sexualmente a una menor de edad… y eso, que todo ese asunto ha sido despachado por el propio gobierno como “un error inocente” (¿así los llaman ahora?).

(Por cierto, el acusado en el caso al que me acabo de referir fue encontrado culpable apenas anteayer—30 de enero de 2009—del delito por el cual fue acusado.  Me imagino que esto sería “otro moretón en el ojo”—los estadounidenses lo dicen expresivamente como another black eye—para el ahora ex-funcionario designado.)

Y ni hablar de la aparente actitud de “siéntate a esperar” en cuanto a las recomendaciones del grupo al que él encomendó estudiar posibles soluciones a la crisis económica de Puerto Rico (el CAREF, al que me referí un par de entradas atrás), las que él insiste en que “son sólo recomendaciones”…  Por supuesto, si sólo son recomendaciones, bien que podría ponerlas en vigor o bien que no.  Pero de que ya hay inquietud en ciertos sectores de nuestra sociedad, la hay.  Los líderes sindicales no están de acuerdo con que se demore la implantación de las cláusulas económicas de sus convenios colectivos hasta el año fiscal 2011–2012.  Las compañías de telefonía celular que operan en Puerto Rico no están de acuerdo con que se imponga a sus usuarios (incluido quien les escribe) un arbitrio de US$0.01 por minuto de transmisión de voz (aunque no de datos o de fax)…  Pero por otro lado, hay alcaldes, presidentes de corporaciones… y algunos vicepresidentes también (como decía aquel viejo anuncio comercial del ron Bacardí Añejo)… que se aumentan el sueldo o se retiran con una bonificación jugosa, porque diz que nunca se tomaron vacaciones ni días por enfermedad.

Así, más o menos, es como van las cosas en estos primeros días de ambos gobernantes.  Uno, decidido y arrojado, dispuesto a emprender desde ya una tarea que sabe que es difícil, pero que alguien tiene que hacer.  El otro… esteeeeeeeeee… habrá que esperar a ver qué sucede con él.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta luego.

P.S. Para que se entretengan un poco, les quiero dejar esta vez con algo que encontré ayer a través del portal del periódico Primera Hora.  Se trata de un cortometraje de apenas siete minutos, protagonizado por Emanuel “Sunshine” Logroño—definitivamente uno de los mejores comediantes de Puerto Rico al día de hoy.  El corto que ven abajo es un ejemplo del humor negro al que Logroño nos tiene acostumbrados, en el que se retratan aspectos particulares de la sociedad puertorriqueña contemporánea.  Así que sin más preámbulo… siéntense… relájense… y disfruten (¿?) de…

Natural “Boricua” Killer (ADVERTENCIA: CONTIENE LENGUAJE FUERTE)

LDB

Duelo a Tiros en el Corral Educativo

¡Saludos, mi gente, dondequiera que estén!

Aquí estoy desde mi punto de mira, observando lo que me parece que es un juego de gato-y-ratón (o tal vez, algo peor). Desde finales de la semana pasada, la Federación de Maestros de Puerto Rico ha estado manteniendo una huelga en contra del Departamento de Educación de Puerto Rico (la misma agencia que en los tiempos de mi padre se conocía como el “Departamento de Instrucción Pública”). Para beneficio de quienes leen esto alrededor del mundo, la huelga en cuestión se produce en momentos en que ambas partes negocian un convenio colectivo, al amparo de la Ley 45 del 25 de febrero de 1998, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico. Ambas partes llevan alrededor de dos años en esas gestiones, y aún están encontrados en lo que se refiere a salarios, privatizaciones de servicios y cantidad de estudiantes que un maestro puede atender por aula de clase.

Hasta ahi vamos bastante bien. Por lo menos ya hay un compromiso de la agencia gubernamental, de que no se recurrirá a privatizar aquellas escuelas que se estén desempeñando de manera inferior a lo deseado, y cosas como el mejoramiento en las condiciones económicas y el número de estudiantes por aula estaban en vías de negociarse. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en una movida sorpresiva, la sindical magisterial se levantó de la mesa de negociación y decretó la huelga, a pesar de que muchos sectores del pueblo aconsejaron que ello no se hiciera. Peor aún, la huelga estaba contraindicada por la misma Ley 45 bajo la cual se estaba llevando a cabo la negociación. Por si alguien tiene alguna duda, veamos qué es lo que dice la Ley 45 a ese respecto:

Artículo 7 (Prohibiciones), Sección 7.1: Se prohibe participar, decretar o inducir a los miembros de una organización sindical o cualquier otro grupo de empleados del sector público, ya fuere por una persona en su carácter individual o por una organización sindical, a que decreten o participen en una huelga. Aquellos empleados que participen en una huelga, podrán ser destituidos conforme a las disposiciones reglamentarias que sobre acciones disciplinarias haya promulgado la Agencia.

Por supuesto, esta prohibición tiene sentido para quienes creen que el sector público—por contener las agencias de gobierno que atienden las necesidades apremiantes del pueblo, como la seguridad y la salud pública—no debe irse a una huelga que podría poner en juego la estabilidad del mismo pueblo al que se pretende servir. Otros creen que éste es uno de los muchos defectos de los que padece la Ley 45, y que por ello no debió ni aprobarse tan siquiera. Otro defecto notable de la Ley 45 estriba en una cláusula que hace que la propia existencia de la ley gravite sobre la prohibición que acabo de citar (cosa que normalmente yo no veo cuando se refiere a mi atención algún proyecto de ley):

Artículo 18 (Vigencia y Claúsula de Separabilidad), Sección 18.1 (Separabilidad): Si cualquier parte, párrafo o sección de esta Ley fuese declarada nula por un Tribunal con jurisdicción competente, la sentencia dictada a tal efecto sólo afectará aquella parte, párrafo o sección cuya nulidad haya sido declarada. En aquellos casos que la nulidad declarada se refiera a las disposiciones relacionadas con la prohibición de realizar huelgas o la prohibición de negociar cláusulas que representen compromisos económicos más allá de los recursos disponibles, la sentencia dictada tendrá el efecto de declarar nula la Ley en su totalidad.  (Énfasis añadido.)

Personalmente, yo creo que la Ley 45 tiene sus fallas (como las que acabo de citar), pero no es como para pedir que la misma sea derogada de golpe y porrazo, como es una de las pretensiones que se han expresado en esta huelga. Yo también creo que la misma ley debe ser reformulada, a fin de que se garanticen los derechos de los trabajadores del gobierno y se mantengan aquellos logros que tanto sacrificio ha costado obtener. Y una de las reformas que podría considerarse es un derecho de huelga con ciertas limitaciones, que no afecten los servicios esenciales que se presten al pueblo. Aún así, tengo fe en que la Ley 45 se revise a su debido tiempo, y que todos saldremos beneficiados.

Pero para hacer el cuento corto, en este conflicto nadie quiere dar su brazo a torcer. Cada parte reclama para sí el éxito con cada movida táctica. Educación reclama que hay poco apoyo para la huelga de parte de los maestros, aunque no debería sorprender que esa falta de apoyo obedezca a que muchos de los maestros han optado por esperar en sus casas a que pase la tormenta. Los huelguistas, por su parte, reclaman el éxito al paralizar las escuelas, aunque para ello estén usando refuerzos (por ejemplo, estudiantes izquierdistas y miembros de otras sindicales). Sin embargo, no deja de preocupar cuando se echan sombras sobre este tipo de conflicto, en forma de actos violentos e intimidatorios de una u otra parte. (Y eso es algo de lo que no tengo duda alguna: ¡NINGUNA DE LAS PARTES ES INOCENTE!)

Y entonces yo me pregunto, ¿a qué abona eso? Una huelga que no está avalada por la misma ley bajo la cual se está negociando, ¿qué propósito puede tener? Hay quien dice que el fin ulterior de esta huelga es que se derogue la Ley 45. Pero entonces, ¿qué quedará para las demás agencias gubernamentales que están sujetas a esa ley (como aquélla para la cual yo trabajo)? ¿Habrá que empezar todo el proceso de nuevo? Y más importante aún: ¿qué sucederá con la educación de los niños? El bienestar y la formación de nuestros niños, ¿debe caer como víctima de la provocación de una sindical y de la falta de seriedad y compromiso de un gobierno? (Y cuando utilizo aquí la palabra “gobierno”, incluyo tanto a una rama ejecutiva carente de la fuerza moral necesaria para enfrentar retos, como a una rama legislativa enfocada en una lucha por obtener el poder sin importar a quién se lleve por el medio. Y de eso tampoco me queda la menor duda: ¡NINGUNA DE LAS PARTES ES INOCENTE!)

En fin, que este conflicto apenas está comenzando.  Habrá que esperar a que el mismo termine para ver quién más salió lastimado…

¡Y vamos a dejar eso ahí! Cuídense mucho y pórtense bien. ¡Hasta luego!

LDB

Dos Ejemplos de Conducta Publica en Un Dia

¡Qué tal, mi gente!  La cosa es que…

Cada vez más me pregunto dónde en el camino hacia el futuro, el pueblo y los líderes que dicen representarlo se separaron el uno del otro.  O por lo menos, esa es la impresión que yo tengo, luego de presenciar en un mismo día dos ejemplos diferentes de conducta pública, manifestada—de un lado—por los líderes comunitarios y–del otro–por los que se hacen llamar “líderes” políticos en este país.

Durante tres días de esta semana pasada, grupos de personas que representan los más variados intereses, desde las agencias de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos con responsabilidad por el manejo y la protección de los recursos naturales, hasta los líderes de comunidades y movimientos organizados de base comunitaria, nos dimos cita en el Centro de Bellas Artes de Caguas (ciudad inmediatamente al Sur de San Juan, para beneficio de quienes visitan este blog desde otros lugares) para intercambiar impresiones sobre la forestación urbana y de comunidades y cómo ésta puede ayudar a mitigar (si no hay manera de evitar) los efectos del calentamiento global (especialmente en la salud y en la economía).  De particular interés fueron las presentaciones que hicieron los líderes o representantes de las comunidades, ya que como la experiencia reciente ha demostrado, estas comunidades son las que están desarrollando las maneras de resolver sus propios asuntos y de reclamarle a los gobiernos pertinentes (particulamente los gobiernos municipales) la atención debida a sus necesidades.  En dichas presentaciones se observaba el interés, el empeño, el tesón con el que estas comunidades luchan día a día contra vientos y mareas, para exigir la reparación de los agravios que cometemos todos los días contra nuestro ambiente. Ya sea exigir respeto por los árboles cuando éstos son cortados por razones que al final resultan espúreas (por ejemplo, la supuesta ampliación de una avenida en Ponce, diz que para aliviar un problema de congestión vehicular que no existe allí en la realidad, y que ha llevado a remover árboles de gran valor para la comunidad), o defender los derechos de una comunidad que vive, trabaja y sueña dentro de lo que ha sido su hogar histórico (como en el caso de los residentes del sector Piñones, en Loíza, municipio al Este de Carolina y de San Juan, cuyos terrenos han sido objeto de intentonas para desarrollarlos a modo de hoteles turísticos exclusivos… ¡y excluyentes!), las comunidades nos demuestran que toman su responsabilidad en serio, que tienen el empeño de legarle a las futuras generaciones, un futuro de paz, donde puedan disfrutar de una vida segura, en armonía con su medio ambiente.

Interesantemente, los ejemplos que acabo de mencionar se presentaron en la sesión del pasado miércoles (2/06/2008 ).  Ese día, precisamente, el gobernador Acevedo Vilá se dirigía al país en su mensaje de estado de situación de Puerto Rico a una sesión conjunta de la Asamblea Legislativa.  Sin embargo, allí el país fue testigo de una conducta colectiva que dejó mucho que desear.  Manifestaciones de política partidista, provocaciones al primer ejecutivo mientras éste trataba de dar su mensaje, expresiones de carácter hostil como la de escoltarlo “pa’ fuera” al final de su mensaje, exhibir carteles con consignas en contra de quien se supone que sea un huésped a tratar con la debida deferencia a su cargo—claro, eso depende de quién exhibe los carteles: si es un legislador opositor al gobernador, está bien, se le tolera, y a lo mejor, se le aplaude ese acceso de macharranería; pero  si es un grupo de maestros que protesta por que no se han concretado las negociaciones para su convenio colectivo… ¡ah no!… ésos, ¡pa’ fuera!… ¡pa’ la calle!—…

Yo me sigo preguntando, ¿qué es lo que está pasando aquí?  ¿Será que los políticos de hoy en día no tienen la entereza, ni el carácter, ni la integridad para conducirse públicamente como lo espera un pueblo al que juraron servir y ayudar?  ¿Por qué no pueden (o no quieren) trascender la estrechez de la política partidista?  ¿Por qué la conducta intolerante, agresiva, que incita a hacer cosas peores?  Como he dicho en otras ocasiones, de la incitación a la violencia hasta llegar al crimen violento, no es mucha la distancia que se camina.

Pero sobre todo, ¿a quién beneficia a la larga una conducta así?  ¿A las nuevas generaciones que se están formando, y que ven el mal ejemplo de sus políticos?  ¿A los pobres que esperan por una ayuda del estado, que les permita tener con qué satisfacer sus necesidades más apremiantes?  ¿A las comunidades que se están levantando por sí solas, porque están cansadas de esperar la limosna de quienes los estafan cada ciclo electoral?

Quienes me han seguido en este blog por los pasados cuatro años saben cuál es la respuesta:

A NADIE… ¡ABSOLUTAMENTE A NADIE!

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  ¡Hasta luego!

P.S. Ahora resulta que los peritos ingleses, por alguna razón, le han dado la ídem al gobierno de Pakistán en lo relacionado con el asesinato de Benazir Bhutto.  El viernes pasado me enteré de que la investigación encargada a la  Scotland Yard británica arrojó que en efecto, la muerte le sobrevino a la señora Bhutto, no por causa de los disparos iniciales (¿tan mala era la puntería del individuo?), sino por el impacto de la explosión ulterior cuando ella dio con su cabeza contra el “quemacocos” (nueva palabra que me acabo de aprender, que me imagino es lo que en español puertorriqueño conocemos como el sunroof) del vehículo en el que ella iba.  En otras palabras, que ella no tenía por qué sacar la cabeza a través del sunroof quemacocos (¡que palabrita más nice!), y que por ello le pasó lo que le pasó.  PUNTO.  Elemental, mi querido Dr. Watson.  Seguiremos informando.

LDB