Lo peor… aún no ha pasado

El tamaño injustificado del gobierno y su rígida estructura burocrática obsoleta, impiden la prestación ágil y eficiente de servicios públicos a nuestros ciudadanos….  Reorganizaremos y modernizaremos las estructuras organizativas de nuestras agencias y departamentos, para hacerlas más horizontales y flexibles, aclararemos y redefiniremos su misión, rol y propósito y eliminaremos redundancias y duplicidad de procesos y funciones, para que respondan ágil y efectivamente a las necesidades del ciudadano.  Esto se realizará sin despedir empleados públicos e involucrándolos en el proceso de reforma.  Garantizaremos sus derechos adquiridos y asignaremos los recursos necesarios para su desarrollo profesional y personal.

Plan de Gobierno del PNP 2009–2012, páginas 20 y 21 (énfasis en el original)

¿Como están ustedes, mi gente?  Aquí estoy de regreso.

La verdad es que el pasado par de semanas no ha sido muy fácil que digamos, a juzgar por las secuelas de la segunda ola de despidos de servidores públicos requerida bajo la Ley 7 de 2009.  Las mismas que el programa de gobierno del PNP para el presente cuatrienio afirmaba que no ocurrirían.  Y aquí ha habido de todo.  Desde la traumática experiencia de recibir la fatal misiva, hasta amagos de violencia que en nada ayudan a buscar una salida razonada y sensata a esta triste situación.  Pero déjenme ir por partes, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia que me ha tocado vivir de cerca en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA).

La entrega de las cartas de despido ha creado un ambiente de desasosiego general entre aquellos compañeros de trabajo que las han recibido.  En estas dos semanas he podido ver a padres y madres de familia, madres solteras y demás—gente cuyo único “pecado” ha sido servir diligentemente y de manera profesional a quienes así lo necesitan—con los rostros desencajados, con lágrimas que se les hace difícil contener, sumidos en la negación, en no comprender por qué les ha ocurrido una cosa así, que se cuestionan qué pudieron haber hecho para merecer quedarse sin empleo de la noche a la mañana.  (Y muchos de ellos son parte del mismo electorado que le dio el voto al Lcdo. Luis G. Fortuño Bruset para la gobernación, y que probablemente se sentirán que han sido traicionados.)

Y lo peor del caso es que no todas estas personas llegaron a sus puestos en el día de ayer.  Alguno que otro llevaba alrededor de 20 años ocupando dignamente su puesto (que como sabrán, es el mismo tiempo que yo llevo en mi puesto… ¡y eso a mí me para los pelos!), y sin embargo, por decirlo así, “cayó en la redada” de los despidos.  Algo que se suponía que no sucediera.  Y se suponía que no sucediera, porque se había dado la impresión de que se procedería a despedir según la antigüedad del empleado en el servicio público, hasta unos trece años y medio (y aún con eso, la medida me parece irracional e injusta).

Al igual que ha sucedido con otras agencias de gobierno—como se ha planteado con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (cuya directora se ha negado a firmar y entregar las cartas de despido, lo que a la larga la podría poner en aprietos “por no seguir instrucciones”)—, en la práctica se han desmantelado unidades de trabajo completas, al despedirse a todo su personal de una manera indiscriminada.  Y esto refleja una aplicación insensible e impensada de la Ley 7, en la cual no se tomó en consideración el impacto en los servicios que se ofrecen al público, y que deja al descubierto la incompetencia de quienes la aplicaron.

Y esta incompetencia también queda manifiesta cuando se nota que algunos de los despedidos son empleados que cobran sus sueldos de los programas de ayuda del gobierno estadounidense (como es el caso de la mayoría de los empleados de la procuraduría antes mencionada—y de ahí, el lío en el que está envuelta su directora).  Y eso es absurdo, si lo que se quiere resolver es una deficiencia de dinero en el Fondo General del gobierno de Puerto Rico, ¿no?  ¿Será que, al igual que los legisladores—los mismos que ayer aprobaron la Ley 7 para quejarse hoy de que “no sabían” que se iba a despedir a una gran cantidad de servidores públicos—, los responsables de las cesantías aprueban las cosas sin siquiera leerlas?

Yo no sé cómo lo vean, pero—y aquí me tendrán que disculpar si lo que sigue en este párrafo es muy gráfico—hay una expresión que yo utilizo a veces para exagerar el impacto de aplicar un remedio incorrecto a un problema grave, de que es como si para manejar el problema de pulgas de un perro hubiese que tumbarle la cabeza.  (Y no hace falta mucho para entender que eso es “cosa de brutos”.)  Pero en el caso que nos ocupa, el remedio ha sido muchísimo peor que la enfermedad: ¡aquí descuartizaron el perro por completo!

Y a mí me parece que ése es el problema: La ejecución de los despidos de servidores públicos requeridos por la Ley 7—la misma acción que se suponía como “el último recurso” para salir de la crisis en las finanzas gubernamentales—se ha efectuado de manera impensada, insensible, sin razón ni sentido, sin pensar en las consecuencias que traerá a la larga.  (Y quien esté leyendo esto haría bien en mirar la nube de etiquetas de este blog y colocar el cursor sobre la palabra “consecuencias”, para ver cuántas entradas llevan esa etiqueta—digo, por alguna razón será…)

Y algunas de esas consecuencias… lamentablemente no son las más agradables.  Para muestra, basta con algunos botones: llamadas telefónicas con amenazas de bomba en los edificios públicos, conatos de incendio, amenazas de muerte contra funcionarios gubernamentales, tumultos, agresiones con objetos como huevos y piedras contra el gobernador Fortuño, amagos de fuerza bruta de parte de los sectores “oprimidos” como los camioneros de volteo y carga, expresiones de que “en ningún lugar de Puerto Rico habrá tranquilidad” por parte de algunos líderes obreros (por un lado), y réplicas oficialistas de que quienes así actúen serán considerados como “terroristas” sujetos a que se les apliquen las mismas leyes federales que a quienes abogan por la “guerra santa” (por el otro lado)…

(Y que conste: TAN MAL LO HACEN LOS UNOS COMO LO HACEN LOS OTROS.  Aquí no hay diferencia.)

Tal vez no sea de extrañar que ya algunas voces—como la de la escritora de ascendencia cubana, Mayra Montero, en su columna dominical en La Revista de El Nuevo Día—estén llamando la atención (como hice anteriormente) a que se esté asomando el espectro de la delincuencia oficial que se manifestó en los trágicos sucesos del Cerro Maravilla, bajo el disfraz de “proteger” al pueblo puertorriqueño de posibles actos de terrorismo.  Y como yo también he dicho en otras ocasiones, no hay que andar mucho para llegar a ese extremo.

Pero así son las cosas en estos momentos.  Se toman decisiones tan delicadas y trascendentales sin consideración a las consecuencias que esas decisiones traerán, en un claro y abierto menosprecio por la responsabilidad social que conlleva tomar esas decisiones.  (Y de nuevo, noten cuán prominentes son estas dos frases, junto con las de “responsabilidad personal/individual”, entre las etiquetas de este blog—e insisto que por alguna razón será…)  Aunque tal vez sería demasiado pedir que quienes recomendaron y tomaron la decisión de efectuar estos despidos entiendan que tienen su cuota de responsabilidad.  Después de todo, su enfoque filosófico nos recuerda algo que se llegó a postular en algún momento durante la presidencia de Ronald W. Reagan (1981–1989), de que los pobres (y no los “agraciados”) son los que tienen la culpa de ser pobres, porque no aprovechan las oportunidades que se les dan para salir de la pobreza.

Pero de que tienen esa responsabilidad, la tienen.  Y la historia se encargará de decir cómo la ejercieron.

Mientras tanto, habrá que buscar la manera de remendar corazones rotos, de consolar a quienes ven derrumbarse sus aspiraciones profesionales por una malísima decisión gubernamental, de decirle a quien ha salido perdiendo en esta batalla mal librada en la que no tiene arte ni parte… ¡QUE NO ESTÁ SOL@!

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, y sobre todo, mucho valor y mucha firmeza, que sólo así podremos vencer la adversidad… venga de donde venga.


P.S.  Por si se preguntan, para mi bien o para mi mal, yo no formo parte de la lista de despedidos en el DRNA.  Pero al ver la injusticia y el agravio cometido contra otros compañeros de dicha agencia, no me hace sentir mejor el haber sobrevivido…


LDB

Capitoilet

¡Hola, mi gente!  La cosa es que…

Estoy tratando de pensar en cómo abordar cuidadosamente el tema de hoy.  Después de todo, no siempre en los lugares públicos se cuenta con las facilidades adecuadas para atender las necesidades humanas más importantes, como la de deshacerse de la materia que el cuerpo ya no necesita y que si la retiene, puede ser muy peligroso.  (OK, yo sé que ustedes saben a qué me refiero…  😉  )  Y hay edificios tanto públicos como privados, en los que las facilidades existentes no están a la altura de lo que sus usuarios se merecen.  (Para botón de muestra, piensen en los servicios sanitarios de las antiguas facilidades de la agencia de gobierno para la que yo trabajo, en la antigua Escuela de Medicina Tropical localizada en el Sector Puerta de Tierra de la isleta de San Juan.  Las instalaciones sanitarias se dañaban con alguna bastante frecuencia, y las condiciones de limpieza del lugar eran—a mi juicio—pésimas.  Yo espero que ya que la Universidad de Puerto Rico recuperó ese edificio para convertirlo en un museo, se puedan poner esas instalaciones en condiciones óptimas para su uso… o en el peor caso, se derriben las mismas para dar paso a otras nuevas, como me lo planteó un pariente político que fue coronel en la Guardia Nacional de Puerto Rico.)

Tal vez desde ese punto de vista se pueda entender que trascendiera la semana pasada la revelación de que la legisladora estadoísta Lourdes Ramos (de quien muy a mi pesar tengo que decir que también es junqueña, como yo) mandó a remodelar el servicio sanitario de su oficina, a un costo aproximado de US$50 000.  Cierto es que, según ella dijo a la prensa cuando se le cuestionó el gasto, había problemas de hongos y sabandijas en el servicio sanitario cuando tomó posesión de su oficina, y era necesario efectuar la remodelación… la cual incluía una nueva bañera, un nuevo retrete,* nuevas llaves (plumas, grifos o como se diga) de agua… etc.

(*Nota a mis lectores en España, México y América Latina… porque yo sé que ustedes me están leyendo: En Puerto Rico, al retrete o excusado lo llamamos “inodoro”.)

¡Ay, Bendito!  El caso es que desde que se lanzó la noticia, el caso ha sido objeto de toda clase de comentario.  Desde el cuestionamiento de la prudencia en el uso de esos US$50 000 para un trabajo que cualquier contratista en Puerto Rico haría a un costo menor (yo creo que hasta por la mitad de lo que se pagó), hasta la burla ejemplarizada por la primera plana del periódico Primera Hora, al llamar al Capitolio…

(redoble de tambores, plís…)

¡CAPITÓILET!

Por supuesto, no sería la primera vez que el cuarto más utilizado de la casa (aparte de la cocina)—en este caso, de la Casa de las Leyes—es objeto de un extreme makeover que provocaría la envidia de Ty Pennington y su colegas.  Por ejemplo, recordamos que muchos años atrás, un presidente senatorial se mandó a instalar (con fondos públicos, que es de lo que estamos hablando aquí; no de ninguna otra cosa) un jacuzzi en el servicio sanitario de su oficina.  Claro está, hay quien cree todavía que la modificación respondió a que antes él lo hacía parado y ahora tenía que hacerlo sentado… ¡y me estoy refiriendo a bañarse (no sean mal pensados)!

Pero aún así, no deja de ser cuestionable el que quienes juran manejar los fondos públicos en beneficio del mismo pueblo al que dicen representar, sean los primeros que los gastan en sus conveniencias personales.  Y eso está mal, ya sea que lo haga un(a) funcionario(a) de la ciudad de New York, o de Paris, o de Tokío, o un legislador u otro tipo de funcionario en Puerto Rico.  Al mismo tiempo, esto denota la carencia de un buen programa de mantenimiento de las facilidades capitolinas, que ayude a mantener las mismas en buen estado, como lo merece un edificio que pertenece a todo un pueblo en general y a nadie en particular.  (Y tengo que volver a pensar en mi antiguo lugar de trabajo; ojalá y yo hubiera podido decir algo como esto entonces.)

Pero bueno, ya veremos quién viene la próxima semana con algo novedoso para divertir al pueblo, y que éste se olvide de su miseria por un rato…  Mientras tanto, yo me voy pa’l excusado…

¡Y vamos a dejar eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  ¡Hasta la próxima!

P.S.  ¡Ah!  Antes de que se me olvide, esta semana se produjo el veredicto de culpabilidad (vía tribunal de derecho) relacionado con el caso que mencioné en mi escrito del día 30 de enero de 2007, en el que un matrimonio de policías estatales estuvo acusado de matar a los padres y la hermana de la esposa, matanza que se originó tras una discusión por colindancias (vea Y Ahora, ¿Quién Podrá Defendernos?).  Según las fuentes que llevaron la noticia, el agente Javier Santiago—que hizo los disparos—fue encontrado culpable por tres asesinatos y una violación a la ley de armas de Puerto Rico, mientras que su esposa, la agente Jesly Ann Márquez—la misma que, si leen mi escrito, cometió la lindeza de decirle a los investigadores que sus padres se merecían lo que les sucedió—también salió culpable de los mismos cargos, pero como cooperadora.  Yo espero que con este veredicto, y con la sentencia que me imagino que se dictará en fecha ulterior, se pueda poner fin a un mal episodio, a una tragedia que se pudo haber evitado (como lo planteo en mi escrito de entonces) y que se empiece un proceso que sirva de catarsis para la Policía de Puerto Rico, en el que dicho cuerpo de seguridad pueda encontrar de nuevo su norte.  ¡Seguiremos informando!

LDB