Quien necesita de quien?

¡Qué es lo que hay, mi gente!

En el suplemento dominical, La Revista de El Nuevo Día, encontré algo que me dejó pensando bastante.  Se trata de una discusión sobre la relación entre el auge que la delincuencia en Puerto Rico ha estado cobrando de un tiempo a esta parte—acentuado por la matanza de 7 personas, más un feto que estaba en su octavo mes de gestación en el vientre de su madre (la cual resultó herida en el incidente, junto a otras 19 personas), la noche del 17 de octubre de 2009 en el local de entretenimiento “La Tómbola”, en Toa Baja—y los esfuerzos (o la falta de los mismos) que el gobierno estatal trata de hacer para combatirla.  De esa discusión, me llamó mucho la atención lo siguiente:

“Roberto Saviano, el autor de Gomorra, decía hace poco que la mafia no es sólo droga, tiroteo, extorsión.  Y al referirse específicamente a la napolitana, a la conocidísima Camorra, hizo un curioso planteamiento que podríamos aplicar aquí: dijo que es la política la que necesita a la Camorra y no al revés.  Que la necesita para conseguir votos, financiación de actividades y campañas, gestión de territorios y otros oscuros favores diversos e inimaginables.  Explicó que a medida que esos clanes delictivos invierten en negocios considerados “normales”, y a medida que infiltran diversas instancias financieras y empresariales—convirtiéndose en grandes clientes de bancos y comercios, y adquiriendo hasta bonos del Estado—logran una importante capacidad de presión.

“Saviano subrayaba que, si hubiera voluntad política, más voluntad empresarial, la expansión de las organizaciones criminales podría pararse.

[…]

“Si un periodista aquí, emulando a Saviano, tirara del hilo para descubrir vínculos entre los grandes narcotraficantes y ciertos sectores de la sociedad legítima: políticos, inversionistas, jueces, empresarios y hasta congregaciones religiosas, sacaría a flote una madeja espeluznante.  Estamos hasta las narices manchados por el dinero negro….”

"Gomorra", por Mayra Montero (La Revista de El Nuevo Día, 25 de octubre de 2009) (Énfasis añadido por mí intencionalmente.)

Me imagino que algo como lo que postula Roberto Saviano a través de la columna de Mayra Montero podría explicar varias cosas.  Por ejemplo, podría explicar la influencia aparente de personas del bajo mundo sobre algunas de nuestras figuras políticas destacadas, especialmente quienes entran a la carrera legislativa con poco a su haber, y de momento acumulan bienes o saldan sus deudas en menos tiempo del que se le requeriría a quienes se sacrifican trabajando para poder cumplir con sus compromisos económicos, para entonces darle el sustento a su familia con “lo que sobre de la quincena”.  Lamentablemente, quienes son objeto de esa influencia no parecen considerar el grave peligro que conlleva; yo creo que a ellos ni les importa que alguno de esos bienes se hayan conseguido a costa del dolor y del sufrimiento que produce el vicio de la droga.

(Me niego a pensar que la niñita china sobre la que escribí varias entradas atrás quiera aspirar a un junte como ése, pero uno nunca sabe…)

También podría explicar el poder, el dominio, que tienen los elementos del bajo mundo sobre algunos de los sectores marginados de nuestra sociedad, que los idolatran y hasta les erigen “altares” para glorificarlos (altares que a la larga, no quedarán en pie).  Me imagino que en las calles alrededor del escenario de la matanza que mencioné arriba habrá quien le rinda pleitesía a esa clase de elemento (y francamente, no me interesa confirmar eso… ¡gracias, pero no, gracias!).  Pleitesía a cambio de obedecer la ley del silencio, a cambio de tolerar más muertes, más desasosiego.  Pleitesía a cambio de ver cómo una generación perdida se luce agrediendo a sus blancos… y a todo lo demás que esté en el “aquí” equivocado y el “ahora” equivocado.  Pleitesía a cambio de faltarle al respeto, de burlarse de una autoridad que parece no saber cómo atender una situación tan complicada, que parece no querer tocar los “puntos” de tráfico de drogas, ni con el pétalo de una rosa (a menos que sea por miedo o desinterés de enfrentar cuanta triquiñuela legal se saque de la manga para borrar todo el esfuerzo policial de un plumazo).

(O claro, a menos que a la Policía le sea más fácil “meterle mano” a los universitarios de Río Piedras que quieren beber cerveza y licor hasta “las tantas” de la madrugada, o a quienes protestan por las secuelas de la Ley 7 de 2009 y los despidos gubernamentales, o a quienes se quejan del menosprecio contra las organizaciones ambientales y/o comunitarias, o a…)

Sea como sea, lo que plantea Roberto Saviano en la columna de Mayra Montero—si interpreté correctamente lo que leí—es una posibilidad escalofriante.  Y ello significa que el gobierno (sea del partido que sea) necesita de la actividad criminal para justificar su existencia, para poder darle al mundo un espectáculo en el que aparezca como el héroe, como la salvación de un pueblo oprimido por una violencia sin freno—eso, de un lado, mientras que tras bastidores se beneficia (de alguna manera) de la influencia que dicha actividad criminal puede ganar mediante su participación en empresas e intereses legítimos.  Y quienes están (más bien, estamos) atrapados entre los unos y los otros… ¿a quién le importa eso?

Si es así la cosa, yo creo que vamos por muy mal camino.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Ahora más que nunca, cuídense mucho y pórtense bien.  Bye!

LDB

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Lo peor… aún no ha pasado

El tamaño injustificado del gobierno y su rígida estructura burocrática obsoleta, impiden la prestación ágil y eficiente de servicios públicos a nuestros ciudadanos….  Reorganizaremos y modernizaremos las estructuras organizativas de nuestras agencias y departamentos, para hacerlas más horizontales y flexibles, aclararemos y redefiniremos su misión, rol y propósito y eliminaremos redundancias y duplicidad de procesos y funciones, para que respondan ágil y efectivamente a las necesidades del ciudadano.  Esto se realizará sin despedir empleados públicos e involucrándolos en el proceso de reforma.  Garantizaremos sus derechos adquiridos y asignaremos los recursos necesarios para su desarrollo profesional y personal.

Plan de Gobierno del PNP 2009–2012, páginas 20 y 21 (énfasis en el original)

¿Como están ustedes, mi gente?  Aquí estoy de regreso.

La verdad es que el pasado par de semanas no ha sido muy fácil que digamos, a juzgar por las secuelas de la segunda ola de despidos de servidores públicos requerida bajo la Ley 7 de 2009.  Las mismas que el programa de gobierno del PNP para el presente cuatrienio afirmaba que no ocurrirían.  Y aquí ha habido de todo.  Desde la traumática experiencia de recibir la fatal misiva, hasta amagos de violencia que en nada ayudan a buscar una salida razonada y sensata a esta triste situación.  Pero déjenme ir por partes, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia que me ha tocado vivir de cerca en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA).

La entrega de las cartas de despido ha creado un ambiente de desasosiego general entre aquellos compañeros de trabajo que las han recibido.  En estas dos semanas he podido ver a padres y madres de familia, madres solteras y demás—gente cuyo único “pecado” ha sido servir diligentemente y de manera profesional a quienes así lo necesitan—con los rostros desencajados, con lágrimas que se les hace difícil contener, sumidos en la negación, en no comprender por qué les ha ocurrido una cosa así, que se cuestionan qué pudieron haber hecho para merecer quedarse sin empleo de la noche a la mañana.  (Y muchos de ellos son parte del mismo electorado que le dio el voto al Lcdo. Luis G. Fortuño Bruset para la gobernación, y que probablemente se sentirán que han sido traicionados.)

Y lo peor del caso es que no todas estas personas llegaron a sus puestos en el día de ayer.  Alguno que otro llevaba alrededor de 20 años ocupando dignamente su puesto (que como sabrán, es el mismo tiempo que yo llevo en mi puesto… ¡y eso a mí me para los pelos!), y sin embargo, por decirlo así, “cayó en la redada” de los despidos.  Algo que se suponía que no sucediera.  Y se suponía que no sucediera, porque se había dado la impresión de que se procedería a despedir según la antigüedad del empleado en el servicio público, hasta unos trece años y medio (y aún con eso, la medida me parece irracional e injusta).

Al igual que ha sucedido con otras agencias de gobierno—como se ha planteado con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (cuya directora se ha negado a firmar y entregar las cartas de despido, lo que a la larga la podría poner en aprietos “por no seguir instrucciones”)—, en la práctica se han desmantelado unidades de trabajo completas, al despedirse a todo su personal de una manera indiscriminada.  Y esto refleja una aplicación insensible e impensada de la Ley 7, en la cual no se tomó en consideración el impacto en los servicios que se ofrecen al público, y que deja al descubierto la incompetencia de quienes la aplicaron.

Y esta incompetencia también queda manifiesta cuando se nota que algunos de los despedidos son empleados que cobran sus sueldos de los programas de ayuda del gobierno estadounidense (como es el caso de la mayoría de los empleados de la procuraduría antes mencionada—y de ahí, el lío en el que está envuelta su directora).  Y eso es absurdo, si lo que se quiere resolver es una deficiencia de dinero en el Fondo General del gobierno de Puerto Rico, ¿no?  ¿Será que, al igual que los legisladores—los mismos que ayer aprobaron la Ley 7 para quejarse hoy de que “no sabían” que se iba a despedir a una gran cantidad de servidores públicos—, los responsables de las cesantías aprueban las cosas sin siquiera leerlas?

Yo no sé cómo lo vean, pero—y aquí me tendrán que disculpar si lo que sigue en este párrafo es muy gráfico—hay una expresión que yo utilizo a veces para exagerar el impacto de aplicar un remedio incorrecto a un problema grave, de que es como si para manejar el problema de pulgas de un perro hubiese que tumbarle la cabeza.  (Y no hace falta mucho para entender que eso es “cosa de brutos”.)  Pero en el caso que nos ocupa, el remedio ha sido muchísimo peor que la enfermedad: ¡aquí descuartizaron el perro por completo!

Y a mí me parece que ése es el problema: La ejecución de los despidos de servidores públicos requeridos por la Ley 7—la misma acción que se suponía como “el último recurso” para salir de la crisis en las finanzas gubernamentales—se ha efectuado de manera impensada, insensible, sin razón ni sentido, sin pensar en las consecuencias que traerá a la larga.  (Y quien esté leyendo esto haría bien en mirar la nube de etiquetas de este blog y colocar el cursor sobre la palabra “consecuencias”, para ver cuántas entradas llevan esa etiqueta—digo, por alguna razón será…)

Y algunas de esas consecuencias… lamentablemente no son las más agradables.  Para muestra, basta con algunos botones: llamadas telefónicas con amenazas de bomba en los edificios públicos, conatos de incendio, amenazas de muerte contra funcionarios gubernamentales, tumultos, agresiones con objetos como huevos y piedras contra el gobernador Fortuño, amagos de fuerza bruta de parte de los sectores “oprimidos” como los camioneros de volteo y carga, expresiones de que “en ningún lugar de Puerto Rico habrá tranquilidad” por parte de algunos líderes obreros (por un lado), y réplicas oficialistas de que quienes así actúen serán considerados como “terroristas” sujetos a que se les apliquen las mismas leyes federales que a quienes abogan por la “guerra santa” (por el otro lado)…

(Y que conste: TAN MAL LO HACEN LOS UNOS COMO LO HACEN LOS OTROS.  Aquí no hay diferencia.)

Tal vez no sea de extrañar que ya algunas voces—como la de la escritora de ascendencia cubana, Mayra Montero, en su columna dominical en La Revista de El Nuevo Día—estén llamando la atención (como hice anteriormente) a que se esté asomando el espectro de la delincuencia oficial que se manifestó en los trágicos sucesos del Cerro Maravilla, bajo el disfraz de “proteger” al pueblo puertorriqueño de posibles actos de terrorismo.  Y como yo también he dicho en otras ocasiones, no hay que andar mucho para llegar a ese extremo.

Pero así son las cosas en estos momentos.  Se toman decisiones tan delicadas y trascendentales sin consideración a las consecuencias que esas decisiones traerán, en un claro y abierto menosprecio por la responsabilidad social que conlleva tomar esas decisiones.  (Y de nuevo, noten cuán prominentes son estas dos frases, junto con las de “responsabilidad personal/individual”, entre las etiquetas de este blog—e insisto que por alguna razón será…)  Aunque tal vez sería demasiado pedir que quienes recomendaron y tomaron la decisión de efectuar estos despidos entiendan que tienen su cuota de responsabilidad.  Después de todo, su enfoque filosófico nos recuerda algo que se llegó a postular en algún momento durante la presidencia de Ronald W. Reagan (1981–1989), de que los pobres (y no los “agraciados”) son los que tienen la culpa de ser pobres, porque no aprovechan las oportunidades que se les dan para salir de la pobreza.

Pero de que tienen esa responsabilidad, la tienen.  Y la historia se encargará de decir cómo la ejercieron.

Mientras tanto, habrá que buscar la manera de remendar corazones rotos, de consolar a quienes ven derrumbarse sus aspiraciones profesionales por una malísima decisión gubernamental, de decirle a quien ha salido perdiendo en esta batalla mal librada en la que no tiene arte ni parte… ¡QUE NO ESTÁ SOL@!

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, y sobre todo, mucho valor y mucha firmeza, que sólo así podremos vencer la adversidad… venga de donde venga.


P.S.  Por si se preguntan, para mi bien o para mi mal, yo no formo parte de la lista de despedidos en el DRNA.  Pero al ver la injusticia y el agravio cometido contra otros compañeros de dicha agencia, no me hace sentir mejor el haber sobrevivido…


LDB