Episodio 301: De permisos, despidos y el surgimiento de una estrella

¡Saludos, amigas y amigos, donde quiera que estén!

Les doy la bienvenida al inicio oficial del cuarto centenar de entradas de mi blog….  O por lo menos, a la entrada de hoy la voy a tener como la número 301 desde que inicié esta fase de mi blog (en Blogger.com) en mayo de 2004.  (Cinco años… ¡como pasa el tiempo!)  Y es así, si consideramos que como administrador de mi blog he tenido que eliminar una que otra entrada por X o Y razón (y si fuera por eso, la entrada de hoy sería en realidad… no sé… la número 306 o la 308).  Pero no hay mal que por bien no venga, si eso me ayuda a dedicar este blog, más hacia las cosas de las que me interesa escribir, las cosas que a mí me preocupan, que a cosas sobre las que al mirar hacia atrás veo que no tiene sentido escribirlas.  Y mientras pueda seguirlo haciendo—y yo pienso seguirlo haciendo, y con mucho gusto—, ése será el camino a seguir.  Así que les doy las gracias a todos ustedes, mi gente, por permitirme llegar hasta aquí.

Pero ya basta de esta digresión.  El caso es que esta semana han saltado a la luz tres situaciones que creo que voy a tener que comentar aquí, así que voy a tratar de que esto quede tan short and sweet como me sea posible.  Así que… ¡vamo’ al mambo!

1) Y seguimos de bofetada en bofetada: Los proyectos legislativos de la nueva ley de permisos

Y empiezo en la misma línea con la que cerré la entrada anterior, cuando mencioné las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) de las que tanto se ha abusado en los Estados Unidos.  Junto con los proyectos de ley que pretenden (a la larga) privar de sus tierras a las ocho comunidades circundantes al Caño Martín Peña, otro par de proyectos presentados en ambos hemiciclos legislativos están causando bastante furor: el Proyecto del Senado 880 y el Proyecto de la Cámara 1649.  Ambos proyectos pretenden crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”, con el fin de agilizar y mejorar el proceso por medio del cual se otorgan los permisos de desarrollo en Puerto Rico.  Me imagino que ello responde a una queja—que a mi entender, es casi tan vieja como el frío—de los sectores desarrollistas del país, sobre lo lento y complicado del otorgamiento de permisos para el desarrollo en Puerto Rico y lo que ello representa en términos de los costos en los que tienen que incurrir y de la “competitividad” de Puerto Rico para la inversión en el desarrollo.  (¿No se les parece eso a la excusa que tuvo en su momento el que fuera el vicepresidente de los EE.UU., L. Danforth “Dan” Quayle, para echar por tierra todo lo que se había logrado allí en el terreno medioambiental?)  Ambos proyectos conllevan transformar la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en una nueva agencia que se conocería como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), y crear las siguientes figuras y oficinas relacionadas: el “Profesional Autorizado”, los “Gerentes de Permisos” y “Oficiales de Permisos”, el “Inspector General de Permisos” (con su oficina correspondiente), la “Junta de Apelaciones de Permisos”…

(¡Sí!  Ya sé que los estoy mareando…)

Sin embargo, para no hacer esta entrada más larga de lo que creo que me va a salir de todos modos, hay un aspecto que parece enlazar bastante bien con las triquiñuelas legales como la que mencioné la vez pasada.  Por ejemplo, se le da a la agencia a crearse—y al “Profesional Autorizado” (que por lo general será un ingeniero, un arquitecto o un inspector)—la facultad de tomar determinaciones finales (o sea, definitivas) sobre las solicitudes de endoso o permiso ante su atención.  Se presume la certeza de las “determinaciones finales” favorables a los permisos solicitados, al punto de que…

El descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso o recomendación favorable expedido por la Oficina de Gerencia y por un Profesional Autorizado, luego de finalizada la construcción de una obra al amparo de los mismos y obtenido el permiso de uso para la misma, no conllevará la revocación del permiso ni la destrucción de la obra.  Disponiéndose que las disposiciones de este párrafo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso.

Artículo 9.10, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (énfasis añadido intencionalmente).

Con esto, parece que se quiere evitar la ola de protestas que han surgido contra proyectos como Paseo Caribe, cuyos permisos están todavía en tela de juicio.  Pero esto no es lo único.  Cualquier parte afectada por una de estas “determinaciones finales” puede solicitar un recurso de apelación ante la Junta Apelativa, dentro de los 30 días laborables siguientes a la notificación de dicha determinación.  Sin embargo, para procurar la suspensión de una “determinación final”…

En dicha petición, el apelante deberá demostrar claramente cuáles los daños irreparables que sufrirá de no concederse la suspensión solicitada y prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte apelada de concederse dicha solicitud….  La mencionada fianza no será requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades ni a ninguno de sus funcionarios en su carácter oficial.

Artículo 12.3, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (de nuevo, énfasis añadido intencionalmente).

O sea, que tras de que como apelante tengo que demostrar los daños que le está haciendo una obra (objeto de una “determinación final favorable”) a mi comunidad, ¿tengo yo que pagarle a la parte apelada por los “daños” que sufrirá si no se lleva a cabo la misma?  ¿Y qué tal si el monto de la fianza equivale al costo diario de las labores en la obra de la parte apelada?  Peor aún, ¿tendrá una comunidad de escasos recursos—por más conscientes y organizados que estén sus residentes—los recursos para enfrentarse a un desarrollador poderoso cuyo proyecto sea una amenaza contra su bienestar?  ¿Será ésta una estrategia similar a la de las demandas SLAPP, para “mandar a callar” a las comunidades pobres y someterlas a un régimen de marginación y dependencia de las dádivas gubernamentales?

Personalmente, yo me resisto a creer que ésa sea la intención detrás de proyectos legislativos como éstos y como los que mencioné en mi entrada anterior.  Más aún, me resisto a creer que esa injusticia se pueda sostener.

2) Y la recuperación económica… ¿a’onde e’tá?

Después de las renuncias “involuntariamente voluntarias” de empleados públicos en Puerto Rico, ha llegado el momento para los despidos “voluntariamente involuntarios”.  Y éstos ya comenzaron a notificarse el pasado viernes, 29 de mayo de 2009.  Como ya dije anteriormente, con estos movimientos el gobierno de Puerto Rico espera ponerse en camino de la “recuperación” económica y de la disminución de tamaño y agilización de las agencias y servicios públicos.

Lógicamente, mi lugar de trabajo no ha sido la excepción, y ya se ha iniciado el despido de varios de los empleados irregulares, transitorios y por contrato que fueron reclutados en años recientes.  (Y aun si alguno de ellos fue reclutado en violación a la ley que prohíbe reclutar personal en el gobierno pocos meses antes de las elecciones, debe quedar claro que no es su culpa.)  Y eso es algo que me tiene un tanto apenado, porque muchos de los que se nos van de esta manera son jóvenes de cuyo talento y dedicación he sido testigo, sobre todo en la evaluación de solicitudes de endosos para desarrollos y en el área de informática.  Debe ser que en este momento siento lo que los especialistas estadounidenses en conducta humana denominan como “la culpa del sobreviviente”, como si me pareciera injusto que gente prometedora como ésta tenga que sucumbir ante una crisis de la que no tienen culpa, y dejarnos en el camino a nosotros, los “veteranos” en estas lides, en momentos en los que más los necesitamos.

Pero bueno, así es la vida, y lo mejor que puedo hacer desde aquí es darles las gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros, desearles a tod@s ell@s la mejor de las suertes, y recordarles que cuando nos necesiten… ¡pa’ eso estamos!

Pero esto no quita que yo llame la atención sobre algo curioso que encontré ayer: Según las cifras anunciadas el viernes 29 de mayo por el gobernador Luis G. Fortuño Bruset, estarán saliendo de la nómina pública unos 10401 empleados públicos.  De éstos, 2585 se acogieron a las renuncias “involuntariamente voluntarias”, mientras que los 7816 restantes cayeron en la redada de los despidos “voluntariamente involuntarios”; noten que de estos últimos, 6797 (o un 87%) son empleados transitorios (los mismos que yo creo que no deberían estar más de dos años bajo esa condición—aunque lamentablemente, hay empleados transitorios que llevan años de espera para que se le haga regulares, pero eso ya es otro cuento).

Vamos bien hasta ahí, ¿no?  Pero hay un problema cuando uno observa las cifras de las “economías” que se estarían logrando por estos medios:

Fase Monto (US$)
1: Renuncias y reducción laboral "voluntaria" 51800000
2: Despidos (Primera ronda) 153000000
3: Reducciones salariales y cancelación de beneficios 186800000
TOTAL 391600000
META DEL AHORRO GUBERNAMENTAL 2000000000

Interesantemente, si comparamos el ahorro que se lograría a través de las tres fases del plan gubernamental (US$391600000), con la meta de reducción del déficit que se propone en el mismo (US$2000000000), encontraremos que todavía falta un tramo largo por recorrer, ya que el porciento de diferencia entre uno y otro (que cualquiera que lea esto puede calcular, si quiere) es de –80.4% (-80,4%).  En otras palabras, aun si hasta el momento se ahorra aproximadamente unos US$37650 por cada empleado eliminado de la plantilla gubernamental (y por supuesto, no todos ellos ganan esa cantidad al año), eso prácticamente no hace ni una mella en el problema del déficit gubernamental.  ¡Y eso no pare más!  Es más, como decía el finado Raúl Vale… “les dejo ésa de asignación”.

3) Puerto Rico’s Got Talent!

Último, pero no por ello menos importante: La designación, por parte del presidente Barack H. Obama, de la jueza apelativa federal Sonia Sotomayor a la plaza que David Hackett Souter (cuya biografía se encuentra en esta página, en formato PDF) se espera que deje vacante en el Tribunal Supremo estadounidense, también ha causado furor desde que se anunció en Washington, D.C. la semana pasada.  Ciertamente se ha dicho mucho sobre ella, sobre su historia de haber nacido de padres puertorriqueños en un caserío en el Bronx neoyorquino, sobre la pérdida de su padre cuando ella tenía 9 años de edad, sobre que ella “salió del caserío” para destacarse académicamente en las universidades en las que estudió, sobre su participación en decisiones trascendentales, como la que ella emitió para terminar la huelga de los peloteros de grandes ligas de 1994–1995 (a favor de los peloteros), y un montón de cosas más que se han repetido hasta el cansancio.

Por supuesto, no han faltado los detractores que le han salido al paso—que como era de suponerse, se trata principalmente de elementos pertenecientes a los sectores más recalcitrantes de la derecha estadounidense.  Muchos de ellos la recriminan por haber planteado—en lo que tal vez fue un desacertado ejercicio verbal—la diferencia entre un juez que no ha tenido la experiencia de convivir en “el Barrio” con “los de abajo”, de experimentar sus penurias, de luchar por sobrevivir en un mundo hostil, y un juez (o una jueza) que sí ha vivido esa experiencia.

Justice (Sandra Day) O’Connor has often been cited as saying that a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases.  I am not so sure Justice O’Connor is the author of that line…  I am also not so sure that I agree with the statement.  First, as Professor Martha Minnow has noted, there can never be a universal definition of wise.  Second, I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn’t lived that life.

[…]

However, to understand takes time and effort, something that not all people are willing to give.  For others, their experiences limit their ability to understand the experiences of others.  Other simply do not care….  Personal experiences affect the facts that judges choose to see.  My hope is that I will take the good from my experiences and extrapolate them further into areas with which I am unfamiliar.  I simply do not know exactly what that difference will be in my judging.  But I accept there will be some based on my gender and my Latina heritage.

Lecture: A Latina judge’s voice (The New York Times, 15 de mayo de 2009) (y—¡adivinaron!—el énfasis lo añadí intencionalmente).

Huelga decir que la primera parte de esta cita es la que ha causado que se la caiga la boca de tanto hablar bazofia a cuanto comentarista conservador existe en estos momentos (empezando por Rush Limbaugh, un adicto confeso a los analgésicos controlados, que desde su programa de radio parece haber tomado la batuta de la derecha vocinglera estadounidense).  Y a muchos de estos comentaristas les cayó como una bomba el que una simple leguleya proveniente de una minoría étnica se comparara con un juez blanco-anglosajón-protestante (WASP)… ¡y en la comparación ella saliera airosa!  De hecho, hasta la han tildado se ser “racista” (¿no será eso lo que Freud denominó “proyección”?), de ser “no tan brillante” (como la senadora Evelyn Vázquez dijo aquella vez)…

Alarmante, ¿no es verdad?  Como que se confirma la primera oración en el segundo párrafo de la cita que hice de la jueza Sotomayor (y hasta me alegra haber hecho intencionalmente el énfasis en esa oración): entender, sobre todo entender las experiencias de los demás, saber qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente padece, es una capacidad que requiere dedicar tiempo y esfuerzo—y yo añadiría a ello una frase: “hacer un sacrificio”—, y eso algo a lo que no todo el mundo está dispuesto (y por eso, la jueza Sotomayor añade que hay a quien simple y sencillamente eso no le importa).  Pero qué se va a hacer…

Ya veremos qué sucede desde este punto en adelante, ya que el presidente Obama quiere que el Congreso estadounidense confirme a la jueza Sotomayor lo antes posible, antes de que se inicie el periodo de sesiones de 2009–2010 el lunes, 5 de octubre de 2009 (como es la tradición).  En lo que el hacha va y viene, envío desde aquí a la jueza Sonia Sotomayor mis mejores deseos de éxito en su designación como magistrada del Tribunal Supremo estadounidense, y que sea confirmada cuanto antes, para que pueda representar a Puerto Rico con mucho orgullo en ese alto foro judicial… ¡y que no pierda esa capacidad de entendimiento que a muchos parece molestar!  Después de todo, como dice una frase que se suele atribuir al Quijote de Cervantes (aunque erróneamente; vean la explicación aquí):

Si los perros ladran es señal de que avanzamos, Sancho.

 

¡Y vamos a dejar todo eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, que nos estaremos viendo al comienzo del quinto centenar de entradas, ¿OK?

LDB

De Vuelta al Paseo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project, Inc.;
Firstbank Puerto Rico, Inc.

Apelados-Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de Justicia; Junta de Planificación representada por su Presidente; Administración de Reglamentos y Permisos representada por su Administrador, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales representado por su Secretario

Apelantes-Recurridos

Hilton International of Puerto Rico, Inc.; Hotel Development Corp.

Demandados
***********************************

CT-2008-04

Certificación

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

En esta ocasión, nos corresponde resolver una controversia que trasciende las particularidades fácticas del caso de epígrafe. En esencia, debemos determinar si ciertos terrenos ganados al mar mediante rellenos realizados en la entrada de la Isleta de San Juan a mediados del siglo pasado –sobre los cuales actualmente se erige parte del proyecto de desarrollo mixto comúnmente conocido como Paseo Caribe- son bienes privados o de dominio público.

Al resolver dicha interrogante, tenemos presente que las obras de relleno en controversia formaron parte de una política urbanista promovida por el Estado durante la primera mitad del siglo XX que resultó en la modificación de una tercera parte del litoral de San Juan y en el asentamiento de diversas zonas históricas del área metropolitana, tales como Puerta de Tierra, Barrio Obrero, Isla Verde, Sabana, Amelia, Ocean Park, Isla Grande, Juana Matos y el Condado. No cabe duda que la clasificación dominical que hoy le otorguemos a las tierras objeto de este pleito tendrá serias consecuencias sobre los derechos propietarios y la seguridad jurídica de las miles de familias que habitan en esas comunidades de San Juan y de otras partes de Puerto Rico con un tracto similar, pues gran parte de éstas también se cimentaron sobre terrenos ganados al mar.

Luego de analizar el derecho aplicable, concluimos que al momento de realizarse los mencionados rellenos era suficiente cumplir con un esquema administrativo para la desafectación de los terrenos ganados al mar. Toda vez que las agencias competentes autorizaron a título de dominio las obras de relleno realizadas en el Coast Guard Parcel en el año 1941 y en el Condado Bay Parcel en la década de los cincuenta, resolvemos que dichos predios son bienes patrimoniales susceptibles de apropiación particular. En vista de que no se desprende de los autos que se presentara prueba sobre error o fraude en la concesión de los permisos correspondientes, y dado que San Gerónimo Caribe Project, Inc. es el titular de los referidos terrenos privados, confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

(Caso CT-2008-04, 31 de julio de 2008, páginas 1–2 [de un total de 146 páginas].  Énfasis añadido.)

íSaludos, mi gente, dondequiera que estén!

Francamente, todavía estoy tratando de entender lo que acaba de suceder.  Y lo que acaba de suceder es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz de su presidente, Hon. Federico Hernández-Denton, ha determinado (pese a la opinión disidente de la Hon. Liana Fiol Matta) que los terrenos del lujoso proyecto residencial conocido como “Paseo Caribe” no constituyen bienes de dominio público del Pueblo de Puerto Rico, toda vez que el gobierno que en su momento debió haber ejercido su autoridad en ese sentido, permitió que se transformaran esos terrenos en unos dedicados a fines particulares.

(Para quienes leen esto fuera de Puerto Rico, si no se acuerdan de lo que trata este caso, les refiero a este mensaje que escribí en junio del año pasado.  Y también a este mensaje de agosto del año pasado.  Y a éste otro, sobre el papelón de “siete machos” representado por un senador estatal en los predios del proyecto.)

La certificación que cito arriba plantea la consideración de un proceso histórico de desarrollo urbano en la zona metropolitana de San Juan, el cual ha producido como resultado la ubicación de una serie de comunidades como las que se mencionan en la cita.  Por supuesto, para el momento histórico en que se da ese tipo de urbanismo, no existía mucho del conocimiento que hoy tenemos sobre riesgos costeros, entre otras áreas, ni existía mucha de la preocupación (o tal vez, conciencia) que existe hoy en día por proteger vidas y propiedades; si hubiera sido así, creo que tal vez muchas de esas comunidades nunca se hubieran ubicado donde hoy están.  Pero como dicen por ahí, “los perros nacen sabiendo”… ¡y lamentablemente no somos perros!

Una cosa que me llama la atención de la certificación emitida por nuestro más alto tribunal es que basa su determinación, entre otros criterios, en un concepto esbozado por dos catedráticos puertorriqueños de Derecho, sobre lo que determina el carácter público de un bien:

[e]l carácter de dominio público de un bien no depende de su naturaleza física o geológica. Lo determinante es su finalidad: el uso público del mismo. De ahí que un bien, originalmente de dominio público, pueda transformarse en bien patrimonial, susceptible de enajenación, si su uso cesa de ser público.

M. Godreau y J.A. Giusti, Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351, pág. 563 (1993).  (Citado en la página 52 de la Certificación CT 2008-04).

A mí lo anterior me da a entender que las mismas acciones pasadas del gobierno, como parte de la referida política urbanística practicada en tiempos anteriores, llevó a que el uso de esos terrenos cesara de tener un fin público, como lo es el acceso del público a la playa, lo cual lo abrió a ser aprovechado para el disfrute de particulares.  Así que al perder ese carácter, el Estado no puede reclamarlos para un fin público, como se pretende.

Sin entrar en los méritos de la legalidad (o falta de la misma) de la concesión de los permisos para el proyecto (algo que se supone que sea de mi incumbencia, de todos modos), la decisión del Tribunal Supremo resuelve que los terrenos de Paseo Caribe pertenecen a la entidad que está desarrollando el proyecto y no son bienes de dominio público en terrenos ganados al mar.  Sin embargo, en la misma decisión se establece que dicha entidad debe proveer una servidumbre para permitir el acceso al Fortín San Gerónimo del Boquerón, tanto para las obras de mantenimiento que tanta falta le hacen en estos momentos, como para el disfrute del público.  Me imagino que esto último debe ser algo así como un “premio de consolación” para quienes abogan por el libre acceso del público a nuestras playas y facilidades de recreación costera, algo así como un intento de complacer a la mayor parte de la gente la mayor parte del tiempo.

No voy a entrar en las reacciones que siguieron a esta decisión, porque las mismas son tan y tan y tan predecibles que no vale la pena entrar en ellas (para eso están los mensajes míos anteriores que les refiero arriba).  Pero aún sigo creyendo que situaciones como la de Paseo Caribe, bien pueden evitarse que lleguen a un punto en el que la injusticia sea la norma, venga del lado de donde venga.  Como dije en mi mensaje de hace un año,

. . . el caso es que hasta que no se reformen las leyes para prevenir que se repitan situaciones como la que me ocupa hoy, pero más aún, hasta que no se asegure que el proceso gubernamental de concesión de permisos para desarrollo no se preste para la burda manipulación por parte de quienes creen que pueden abusar del resto de nosotros, tendremos que seguir tolerando que cualquiera, con cualquier agravio por más tonto que sea, trate de poner de rodillas a una sociedad civilizada, sin que haya la voluntad de defenderla de quienes creen actuar “por el pueblo”.

(El énfasis lo añadí yo esta vez.)

Y creo que mientras pueda, voy a seguir insistiendo en ello.

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  ¡Hasta luego!

LDB

Que Hace Toda Esa Gente Metida En Una Cama?

¡Hola, mi gente!  Seguro que me echaron de menos por el pasado par de semanas, pero no se preocupen, que aquí estoy nuevamente con ustedes.  La cosa es que…

No van ni las primeras tres semanas del 2008, y las controversias se ponen cada vez más fuertes en Puerto Rico y en el mundo.  Aun entre quienes profesan estar en un mismo bando, no deja de haber molestia por algún comentario sobre un tema delicado, que se toma como algo ofensivo (real o potencialmente).  (Algo más o menos como la controversia entre los dos pre-candidatos del Partido Demócrata estadounidense a la presidencia de los EE.UU., Hillary Clinton y Barack Obama, por un comentario de la primera—o del esposo de ésta, el ex-presidente Bill Clinton—que algunos tomaron como un insulto al recuerdo del Dr. Martin L. King, al valorar más la firma de la Ley Federal de Derechos Civiles por el entonces presidente Lyndon B. Johnson.)  Pero no es a esa clase de controversia a lo que quiero dedicar mi tiempo hoy.

A lo que voy es a comentar sobre la controversia que lleva algún tiempo, en torno a la propuesta de la legislatura puertorriqueña para que se eleve a rango constitucional el matrimonio entre las parejas heterosexuales en Puerto Rico, mediante una enmienda que se votaría en las elecciones generales del 11/04/2008.  La Resolución 99 (que presumo es una resolución conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado) procura que sea política pública del Estado Libre Asociado reconocer el matrimonio como la unión hombre-mujer, lo que podría dejar fuera de la protección de la carta magna a las parejas heterosexuales que cohabitan sin haberse casado y a los matrimonios entre parejas del mismo sexo.  Como es de esperarse, se han tomado bandos en torno a la medida: los sectores religiosos y defensores de la familia, se agarran de la resolución aun si ésta fuese un clavo caliente, por considerar que se protege a la familia según se concibe tradicionalmente; por su parte, los sectores más liberales y “progresistas” (y las comillas no se las pongo con mala intención, ¡que conste!) atacan la medida, por considerar que deja fuera las parejas del mismo sexo y que la pretendida política pública que se implantaría podría degenerar en una campaña de odio contra las mismas.

Tal vez una manera interesante de ver este asunto sería definiendo lo que es política pública.  Para los fines presupuestarios del gobierno de Puerto Rico, esta frase se define así:

Política Pública – Posición básica o curso de acción seleccionado por el gobierno para orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Las principales fuentes de expresión de política pública son la Constitución, el Código Político, las leyes, el Programa de Gobierno y los pronunciamientos oficiales del gobierno. Las políticas públicas definen un orden de prioridad y el ámbito de acción del gobierno en el tratamiento de los problemas o necesidades, según su naturaleza y urgencia.

(FUENTE: Definiciones Presupuesto de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.)

Si mi entendimiento de esta controversia es el correcto, esto implica que el gobierno de Puerto Rico, ante lo que percibe como una necesidad o interés apremiante de sus ciudadanos, estaría llamado a adoptar una posición básica en el sentido de validar el matrimonio entre el hombre y la mujer, y daría prioridad a ese único tipo de unión legal en la validación de sus derechos y prerrogativas.  Si eso es así, me pregunto si quienes impulsan la resolución saben exactamente cuales son las implicaciones de lo que están proponiendo, y si hay alguna manera de aliviar las situaciones que se podrían generar como consecuencia de que se implante la resolución.  Por ejemplo, ¿qué habrá que hacer con las parejas de hecho?  ¿Qué derechos cobijarán a este otro tipo de unión, a la que se dejará de lado en favor del matrimonio legal?  ¿Y qué hay de los hijos que se produzcan de las uniones de hecho?  Y en cuanto a las parejas del mismo sexo—que dicho sea de paso, es un estilo de vida que yo personalmente no favorezco, aunque sí respeto a quien hace esa elección personal—, ¿estarán compitiendo en desigualdad de condiciones con las parejas “normales”?  ¿Serán objeto de la ignorancia, el odio y la ira de quienes creen ser mejores hijos de Dios que los demás?  O si viene alguna de esas personas bañadas de “rectitud” de arriba para abajo, a decirme que eso no es así, ¿qué soluciones propondrá para atender el problema que resultaría si se elevara el matrimonio heterosexual  a un rango constitucional?

(Y que conste, esta vez las comillas en la palabra “rectitud” son con todo propósito.  Y además, la última pregunta en el párrafo anterior es para ver cómo enmudece gente como ésa… ¡eso nunca falla!)

Y ya que hablamos de personas bañadas de “rectitud” de arriba para abajo, no hay más que mirar a los legisladores que propulsan esa resolución.  Del lado senatorial, la resolución es impulsada por Jorge de Castro, el mismo senador que protagonizó la patética “sacá ‘e pecho” de hace unas semanas frente al sitio donde se construye el proyecto Paseo Caribe (si se perdieron eso, vean mi mensaje de 12/16/2007).  Ahora bien, recién acaba de darse una ironía: el “distinguidísimo” senador se divorció de su esposa hace apenas un par de días… ¡por trato cruel!  ¿Y ésa es la clase de ejemplo que los legisladores le quiere dar a los demás, a quienes les tiene que aplicar la misma ley que ellos evaden?  Por su parte, la portaestandarte de la resolución en la Cámara de Representantes es Liza Fernández, a quien ya conocimos como alguien que parece que pasó por la Universidad, sin que necesariamente la Universidad pasara por ella.  (Por si acaso, es a ella a quien me refiero—aunque no la identifiqué entonces; sorry!—en el mensaje Luces Apagadas, en el que vemos cómo ante el fallecimiento de Don Enrique Laguerre ella demostró su cultura… ¡o la falta de la misma!)  ¿Será para congraciarse ambos legisladores con los sectores favorecedores de la medida?  ¿Tanto necesitarán de los votos de ese sector de nuestra sociedad para mantenerse en el poder?

Yo lo lamento mucho.  Pero por mejores intenciones que pueda tener una medida como la Resolución 99, la misma no me parece la forma más adecuada de resolver un problema social apremiante, como lo es la crisis del entorno familiar en Puerto Rico.  Esa es una crisis que requiere atención directa, que se busque ayudar a las familias en problemas, en lugar de perjudicarlas.  Es una crisis que debe atacarse de frente, con firmeza, responsabilidad y voluntad.  Y lamentablemente, ésas son cosas que le faltan a quienes actualmente tienen en sus manos el poder para resolver esa crisis, y en su lugar pueden acabar creando un problema mayor.

Bueno, ¡vamos a dejar eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta la próxima.  Bye!

LDB

… y Porque Soy El Mas Macho!

¡Saludos otra vez, mi gente! La cosa es que…

Hay quien dice que las maravillas nunca cesan. No hago más que comentar las “hazañas” del legislador estatal Jorge de Castro Font en mi mensaje del pasado fin de semana, cuando esta semana que acaba de concluir él nos ha dado una muestra visible de por qué se está ganando una antipatía tal en muchos sectores del público. Seguramente ustedes sabrán que el pasado miércoles (12/12/2007), el flamante senador fue a donde se está protestando la construcción de los apartamentos “Paseo Caribe” a la entrada de la isleta de San Juan (isleta que contiene los sectores Viejo San Juan, La Perla y Puerta de Tierra), objeto de controversia por la posibilidad de que los permisos para su desarrollo fueran otorgados ilegalmente y por estar parcialmente en terrenos que bajo las leyes “de tiempos de España” vigentes al día de hoy son un bien común del Pueblo de Puerto Rico (y por ello no se pueden privatizar). Allí, el flamante senador hizo gala de lo que aquí llamamos vulgarmente “peste a guapo” y se vio en una batalla verbal contra varios de los opositores al proyecto, a los cuales tildó de “comunistas”, entre otras lindezas más apropiadas para los tiempos de la guerra fría que para los primeros años del Siglo 21.

Personalmente, yo no soy comunista porque yo no creo en esa ideología (ni siquiera en sus variantes light). Pero de ahí a etiquetar a una persona como “comunista” por oponerse a un proyecto con notables visos de ilegalidad, como si la persona etiquetada fuera un criminal, como si tener una ideología distinta a la ideología oficial fuera un delito, o conviertiera a esa persona en alguien que no debe ser visto(a) en compañía de “gente decente”, como un “enemigo de la sociedad civilizada” al que hay que erradicar de la faz de la tierra a como dé lugar…

Eso como que dice muchísimo de quien aplica esa etiqueta, ¿no? Dice mucho del rechazo a entender y aceptar otras formas de pensar; del fanatismo ciego (al punto de la idolatría) hacia una ideología, en rechazo a todo aquello que se le oponga (como lo escribí la semana pasada); de la inseguridad personal que lleva a muchos de nosotros los seres humanos a actuar con miedo

Total, asumir esa actitud de guapo de barrio, de “aquí mando yo, y tú te callas”, no es de personas sabias. Es más, permítanme citar algo que lo dejará claramente expresado:

El inteligente no hace alarde de su saber, pero el necio hace gala de su estupidez.
(Proverbios 12:23)

Y bastante alarde que hizo ese senador en el incidente de marras.  Pero bueno, habrá que seguir cargando con gente así por un tiempo más, pero al mismo tiempo, habrá que ponerles el ojo constantemente…

Es más: ¡vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  ¡Hasta la próxima!

LDB

Aclaracion Sobre “La Democracia en Accion en Puerto Rico”

¡Hola, mi gente! ¡Esto es lo que está ocurriendo!

Quiero tomar un poco de espacio en esta ocasión, ya que me he dado cuenta de que no cumplí un compromiso con ustedes. En mi mensaje que continuaba el relato sobre lo del proyecto “Paseo Caribe” yo anuncié que había incorporado a mi página de vídeos un vídeo sobre la manera en la que el gobierno estadounidense estaba “conservando la democracia” en la ruralía puertorriqueña hacia el año 1940. Muchos de mis lectores posiblemente encuentren interesante ese vídeo, porque les dará una mirada a la manera en la que se vivía en nuestros campos en aquellos tiempos, una forma de vida que se ve cada vez menos casi ni se ve al comienzo del Siglo 21.

Desafortunadamente, al procesar el código mediante el cual se inserta el vídeo en dicha página (con el propósito de sanearle y validarle el código HTML), los parámetros que hacían funcionar el vídeo se perdían, lo que impedía que apareciera el vídeo en mi página. He intentado por todos los medios posibles, pero no hay manera de poder corregir esa situación.

Ante ello, voy a colocar seguidamente la dirección de ese vídeo, a fin de que lo puedan ver allí:

Internet Archive: Democracy at Work in Rural Puerto Rico (1940)

Con esto, deseo pedir disculpas a quienes tenían curiosidad por ver el vídeo.

¡Y vamos a dejar eso ahí! Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego.

LDB