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Que Hace Toda Esa Gente Metida En Una Cama?

¡Hola, mi gente!  Seguro que me echaron de menos por el pasado par de semanas, pero no se preocupen, que aquí estoy nuevamente con ustedes.  La cosa es que…

No van ni las primeras tres semanas del 2008, y las controversias se ponen cada vez más fuertes en Puerto Rico y en el mundo.  Aun entre quienes profesan estar en un mismo bando, no deja de haber molestia por algún comentario sobre un tema delicado, que se toma como algo ofensivo (real o potencialmente).  (Algo más o menos como la controversia entre los dos pre-candidatos del Partido Demócrata estadounidense a la presidencia de los EE.UU., Hillary Clinton y Barack Obama, por un comentario de la primera—o del esposo de ésta, el ex-presidente Bill Clinton—que algunos tomaron como un insulto al recuerdo del Dr. Martin L. King, al valorar más la firma de la Ley Federal de Derechos Civiles por el entonces presidente Lyndon B. Johnson.)  Pero no es a esa clase de controversia a lo que quiero dedicar mi tiempo hoy.

A lo que voy es a comentar sobre la controversia que lleva algún tiempo, en torno a la propuesta de la legislatura puertorriqueña para que se eleve a rango constitucional el matrimonio entre las parejas heterosexuales en Puerto Rico, mediante una enmienda que se votaría en las elecciones generales del 11/04/2008.  La Resolución 99 (que presumo es una resolución conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado) procura que sea política pública del Estado Libre Asociado reconocer el matrimonio como la unión hombre-mujer, lo que podría dejar fuera de la protección de la carta magna a las parejas heterosexuales que cohabitan sin haberse casado y a los matrimonios entre parejas del mismo sexo.  Como es de esperarse, se han tomado bandos en torno a la medida: los sectores religiosos y defensores de la familia, se agarran de la resolución aun si ésta fuese un clavo caliente, por considerar que se protege a la familia según se concibe tradicionalmente; por su parte, los sectores más liberales y “progresistas” (y las comillas no se las pongo con mala intención, ¡que conste!) atacan la medida, por considerar que deja fuera las parejas del mismo sexo y que la pretendida política pública que se implantaría podría degenerar en una campaña de odio contra las mismas.

Tal vez una manera interesante de ver este asunto sería definiendo lo que es política pública.  Para los fines presupuestarios del gobierno de Puerto Rico, esta frase se define así:

Política Pública – Posición básica o curso de acción seleccionado por el gobierno para orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Las principales fuentes de expresión de política pública son la Constitución, el Código Político, las leyes, el Programa de Gobierno y los pronunciamientos oficiales del gobierno. Las políticas públicas definen un orden de prioridad y el ámbito de acción del gobierno en el tratamiento de los problemas o necesidades, según su naturaleza y urgencia.

(FUENTE: Definiciones Presupuesto de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.)

Si mi entendimiento de esta controversia es el correcto, esto implica que el gobierno de Puerto Rico, ante lo que percibe como una necesidad o interés apremiante de sus ciudadanos, estaría llamado a adoptar una posición básica en el sentido de validar el matrimonio entre el hombre y la mujer, y daría prioridad a ese único tipo de unión legal en la validación de sus derechos y prerrogativas.  Si eso es así, me pregunto si quienes impulsan la resolución saben exactamente cuales son las implicaciones de lo que están proponiendo, y si hay alguna manera de aliviar las situaciones que se podrían generar como consecuencia de que se implante la resolución.  Por ejemplo, ¿qué habrá que hacer con las parejas de hecho?  ¿Qué derechos cobijarán a este otro tipo de unión, a la que se dejará de lado en favor del matrimonio legal?  ¿Y qué hay de los hijos que se produzcan de las uniones de hecho?  Y en cuanto a las parejas del mismo sexo—que dicho sea de paso, es un estilo de vida que yo personalmente no favorezco, aunque sí respeto a quien hace esa elección personal—, ¿estarán compitiendo en desigualdad de condiciones con las parejas “normales”?  ¿Serán objeto de la ignorancia, el odio y la ira de quienes creen ser mejores hijos de Dios que los demás?  O si viene alguna de esas personas bañadas de “rectitud” de arriba para abajo, a decirme que eso no es así, ¿qué soluciones propondrá para atender el problema que resultaría si se elevara el matrimonio heterosexual  a un rango constitucional?

(Y que conste, esta vez las comillas en la palabra “rectitud” son con todo propósito.  Y además, la última pregunta en el párrafo anterior es para ver cómo enmudece gente como ésa… ¡eso nunca falla!)

Y ya que hablamos de personas bañadas de “rectitud” de arriba para abajo, no hay más que mirar a los legisladores que propulsan esa resolución.  Del lado senatorial, la resolución es impulsada por Jorge de Castro, el mismo senador que protagonizó la patética “sacá ‘e pecho” de hace unas semanas frente al sitio donde se construye el proyecto Paseo Caribe (si se perdieron eso, vean mi mensaje de 12/16/2007).  Ahora bien, recién acaba de darse una ironía: el “distinguidísimo” senador se divorció de su esposa hace apenas un par de días… ¡por trato cruel!  ¿Y ésa es la clase de ejemplo que los legisladores le quiere dar a los demás, a quienes les tiene que aplicar la misma ley que ellos evaden?  Por su parte, la portaestandarte de la resolución en la Cámara de Representantes es Liza Fernández, a quien ya conocimos como alguien que parece que pasó por la Universidad, sin que necesariamente la Universidad pasara por ella.  (Por si acaso, es a ella a quien me refiero—aunque no la identifiqué entonces; sorry!—en el mensaje Luces Apagadas, en el que vemos cómo ante el fallecimiento de Don Enrique Laguerre ella demostró su cultura… ¡o la falta de la misma!)  ¿Será para congraciarse ambos legisladores con los sectores favorecedores de la medida?  ¿Tanto necesitarán de los votos de ese sector de nuestra sociedad para mantenerse en el poder?

Yo lo lamento mucho.  Pero por mejores intenciones que pueda tener una medida como la Resolución 99, la misma no me parece la forma más adecuada de resolver un problema social apremiante, como lo es la crisis del entorno familiar en Puerto Rico.  Esa es una crisis que requiere atención directa, que se busque ayudar a las familias en problemas, en lugar de perjudicarlas.  Es una crisis que debe atacarse de frente, con firmeza, responsabilidad y voluntad.  Y lamentablemente, ésas son cosas que le faltan a quienes actualmente tienen en sus manos el poder para resolver esa crisis, y en su lugar pueden acabar creando un problema mayor.

Bueno, ¡vamos a dejar eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta la próxima.  Bye!

LDB

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Una Cuestion de Vida o Muerte

Hola, mi gente. ¡Esto es lo que está ocurriendo!

Retomando el tema del Tribunal de Distrito de los EE.UU. en San Juan, además de los eventos no muy auspiciosos que se dieron allí la semana anterior, también vimos cómo se barajaba con la vida y la muerte en un caso por demás controvertible. Se trata del asesinato, ocurrido en 2002, de un agente de seguridad del Hospital de Veteranos de San Juan a manos de un drogadicto que junto con otros como él, buscaba un arma de fuego diz que para “cuidar” un “punto” de drogas. Muy desafortunadamente para el asesino, las cámaras de seguridad captaron el momento del crimen y ello, junto con otra evidencia, llevaron a que se le declarara culpable ulteriormente en un juicio. Hasta ahí, vamos bien, pero entonces… ¿cuál debía ser la sentencia que se le aplicaría al caso? ¿Cadena perpetua? O peor aún… ¿pena de muerte?

El problema es que la cosa no es tan sencilla, porque en Puerto Rico se decidió hace muchos años… de hecho, desde 1929… que no se aplicaría ese castigo funesto. Y ello se recrea en nuestra Constitución de 1952, cuya Carta de Derechos establece claramente que el gobierno de Puerto Rico NO aplicará la pena de muerte… Por supuesto, ésta es la misma constitución que ocasionalmente queda a la merced de las leyes estadounidenses. Y éstas son las que vienen determinando desde la década de 1970 que se aplique la pena de muerte a todo aquél que haya cometido ciertos delitos castigables en el ámbito federal, dentro de los estados, territorios y posesiones estadounidenses… ¡aun en aquellos estados, territorios y posesiones donde no existe oficialmente este castigo!

Merece especial atención una ampliación de las leyes federales anticrimen de 1994, en la cual se extiende la aplicación federal de la pena de muerte a unos 60 delitos u ofensas, tales como asesinar a ciertos oficiales del gobierno federal, secuestros o robos violentos de automóviles los cuales resulten en la muerte de la víctima, y varios otros. Y lo peor de todo es que de unos 382 casos en los que se aplicó la pena de muerte desde 1988, la mayoría de los condenados (278, o 73%) eran de lo que por allá llaman “minorías”; en éstas había unos 64 hispanos.

(Información adaptada de las páginas de: THE DEATH PENALTY INFORMATION CENTER, de Washington, D.C.)

Volviendo al caso, la atención principal estuvo en el dilema de si el jurado que entendió en el juicio, a los que yo “cariñosamente” bautizaría como los “12 angry boricuas”, estaban dispuestos a plantar bandera y decidir en favor de un castigo de por sí impopular para el resto de nosotros, o si decidían que era mejor que el asesino (un joven en sus 20s tardíos) pagara su fechoría en reclusión por el resto de su vida natural. Ahora bien, poco o nada se recordó el sufrimiento de los familiares de la víctima, quienes tuvieron que estar aguantando por días y días y días mientras se decidía la suerte de quien privó a una familia puertorriqueña de su principal proveedor. Y ése es el contraste: El occiso, un ejemplar padre de familia, que lo único que hacía era llevarle el pan de cada día, que se ganaba sirviendo a Dios y a la humanidad; el asesino, hijo de un ex-líder político hoy en desgracia y una profesora universitaria, un muchacho de esos a quienes se les dan muchas cosas, pero se le escatima el amor familiar.

Para su suerte, los “12 angry boricuas” (6 hombres y 6 mujeres) decidieron que el asesino no fuera sentenciado a muerte, sino que pasara el resto de sus días sin ver la luz del sol, excepto tal vez por una sóla hora en el “recreo”… Atrás quedará el dolor que ese asesino le infirió a una familia puertorriqueña que no se merecía ese suplicio… Pero total, ¿acaso a él le importa eso ahora?

¡Sumamente deprimente!

OK, ahora cambiamos de tema…

ESTA SEMANA (30 DE OCTUBRE—5 DE NOVIEMBRE DE 2006): Un hombre agobiado por las deudas intenta suicidarse… ¡pero esperen a ver lo que sucede después!… Una ancianita encuentra una manera fácil de ganarse su dinerito extra… Las más extrañas notas de los hospitales… Si usted está considerando un romance con alguien de su lugar de trabajo, vea por qué debe pensarlo muy bien… Y… Descubren un nuevo método para la cura del hipo, pero… ¡utilícelo a su propio riesgo!

Se los digo con tiempo: Ustedes NO QUERRÁN SABER de qué se trata esta cura para el hipo, pero si aun así quieren enterarse, visiten Sitio ‘Web’ de Luis Daniel Beltrán, y hagan click donde dice “Humor, según Luis Daniel Beltrán”. ¡Pero no digan después que no les advertí!

¡Y vamos a dejarlo ahí! Cuídense mucho y pórtense bien. Bye!

P.S. Si no sucede otra cosa que lo impida, haré lo posible porque la próxima entrada de mi blog trate sobre cómo han estado las cosas, 6 meses después del cierre patronal del que fuimos víctimas los 95,000 servidores públicos de Puerto Rico los primeros 14 días de mayo pasado. Sin embargo, ya hay quien está empezando a decir que la historia pudiera repetirse, quien sabe si hasta antes de tiempo. Quiera Dios (o el Ser Supremo según cada quien lo entienda) que eso no llegue a suceder, pero como lo vengo diciendo desde entonces, no parece haber muchas razones para estar optimista. Ya veremos…

LDB