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Episodio 301: De permisos, despidos y el surgimiento de una estrella

¡Saludos, amigas y amigos, donde quiera que estén!

Les doy la bienvenida al inicio oficial del cuarto centenar de entradas de mi blog….  O por lo menos, a la entrada de hoy la voy a tener como la número 301 desde que inicié esta fase de mi blog (en Blogger.com) en mayo de 2004.  (Cinco años… ¡como pasa el tiempo!)  Y es así, si consideramos que como administrador de mi blog he tenido que eliminar una que otra entrada por X o Y razón (y si fuera por eso, la entrada de hoy sería en realidad… no sé… la número 306 o la 308).  Pero no hay mal que por bien no venga, si eso me ayuda a dedicar este blog, más hacia las cosas de las que me interesa escribir, las cosas que a mí me preocupan, que a cosas sobre las que al mirar hacia atrás veo que no tiene sentido escribirlas.  Y mientras pueda seguirlo haciendo—y yo pienso seguirlo haciendo, y con mucho gusto—, ése será el camino a seguir.  Así que les doy las gracias a todos ustedes, mi gente, por permitirme llegar hasta aquí.

Pero ya basta de esta digresión.  El caso es que esta semana han saltado a la luz tres situaciones que creo que voy a tener que comentar aquí, así que voy a tratar de que esto quede tan short and sweet como me sea posible.  Así que… ¡vamo’ al mambo!

1) Y seguimos de bofetada en bofetada: Los proyectos legislativos de la nueva ley de permisos

Y empiezo en la misma línea con la que cerré la entrada anterior, cuando mencioné las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) de las que tanto se ha abusado en los Estados Unidos.  Junto con los proyectos de ley que pretenden (a la larga) privar de sus tierras a las ocho comunidades circundantes al Caño Martín Peña, otro par de proyectos presentados en ambos hemiciclos legislativos están causando bastante furor: el Proyecto del Senado 880 y el Proyecto de la Cámara 1649.  Ambos proyectos pretenden crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”, con el fin de agilizar y mejorar el proceso por medio del cual se otorgan los permisos de desarrollo en Puerto Rico.  Me imagino que ello responde a una queja—que a mi entender, es casi tan vieja como el frío—de los sectores desarrollistas del país, sobre lo lento y complicado del otorgamiento de permisos para el desarrollo en Puerto Rico y lo que ello representa en términos de los costos en los que tienen que incurrir y de la “competitividad” de Puerto Rico para la inversión en el desarrollo.  (¿No se les parece eso a la excusa que tuvo en su momento el que fuera el vicepresidente de los EE.UU., L. Danforth “Dan” Quayle, para echar por tierra todo lo que se había logrado allí en el terreno medioambiental?)  Ambos proyectos conllevan transformar la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en una nueva agencia que se conocería como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), y crear las siguientes figuras y oficinas relacionadas: el “Profesional Autorizado”, los “Gerentes de Permisos” y “Oficiales de Permisos”, el “Inspector General de Permisos” (con su oficina correspondiente), la “Junta de Apelaciones de Permisos”…

(¡Sí!  Ya sé que los estoy mareando…)

Sin embargo, para no hacer esta entrada más larga de lo que creo que me va a salir de todos modos, hay un aspecto que parece enlazar bastante bien con las triquiñuelas legales como la que mencioné la vez pasada.  Por ejemplo, se le da a la agencia a crearse—y al “Profesional Autorizado” (que por lo general será un ingeniero, un arquitecto o un inspector)—la facultad de tomar determinaciones finales (o sea, definitivas) sobre las solicitudes de endoso o permiso ante su atención.  Se presume la certeza de las “determinaciones finales” favorables a los permisos solicitados, al punto de que…

El descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso o recomendación favorable expedido por la Oficina de Gerencia y por un Profesional Autorizado, luego de finalizada la construcción de una obra al amparo de los mismos y obtenido el permiso de uso para la misma, no conllevará la revocación del permiso ni la destrucción de la obra.  Disponiéndose que las disposiciones de este párrafo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso.

Artículo 9.10, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (énfasis añadido intencionalmente).

Con esto, parece que se quiere evitar la ola de protestas que han surgido contra proyectos como Paseo Caribe, cuyos permisos están todavía en tela de juicio.  Pero esto no es lo único.  Cualquier parte afectada por una de estas “determinaciones finales” puede solicitar un recurso de apelación ante la Junta Apelativa, dentro de los 30 días laborables siguientes a la notificación de dicha determinación.  Sin embargo, para procurar la suspensión de una “determinación final”…

En dicha petición, el apelante deberá demostrar claramente cuáles los daños irreparables que sufrirá de no concederse la suspensión solicitada y prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte apelada de concederse dicha solicitud….  La mencionada fianza no será requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades ni a ninguno de sus funcionarios en su carácter oficial.

Artículo 12.3, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (de nuevo, énfasis añadido intencionalmente).

O sea, que tras de que como apelante tengo que demostrar los daños que le está haciendo una obra (objeto de una “determinación final favorable”) a mi comunidad, ¿tengo yo que pagarle a la parte apelada por los “daños” que sufrirá si no se lleva a cabo la misma?  ¿Y qué tal si el monto de la fianza equivale al costo diario de las labores en la obra de la parte apelada?  Peor aún, ¿tendrá una comunidad de escasos recursos—por más conscientes y organizados que estén sus residentes—los recursos para enfrentarse a un desarrollador poderoso cuyo proyecto sea una amenaza contra su bienestar?  ¿Será ésta una estrategia similar a la de las demandas SLAPP, para “mandar a callar” a las comunidades pobres y someterlas a un régimen de marginación y dependencia de las dádivas gubernamentales?

Personalmente, yo me resisto a creer que ésa sea la intención detrás de proyectos legislativos como éstos y como los que mencioné en mi entrada anterior.  Más aún, me resisto a creer que esa injusticia se pueda sostener.

2) Y la recuperación económica… ¿a’onde e’tá?

Después de las renuncias “involuntariamente voluntarias” de empleados públicos en Puerto Rico, ha llegado el momento para los despidos “voluntariamente involuntarios”.  Y éstos ya comenzaron a notificarse el pasado viernes, 29 de mayo de 2009.  Como ya dije anteriormente, con estos movimientos el gobierno de Puerto Rico espera ponerse en camino de la “recuperación” económica y de la disminución de tamaño y agilización de las agencias y servicios públicos.

Lógicamente, mi lugar de trabajo no ha sido la excepción, y ya se ha iniciado el despido de varios de los empleados irregulares, transitorios y por contrato que fueron reclutados en años recientes.  (Y aun si alguno de ellos fue reclutado en violación a la ley que prohíbe reclutar personal en el gobierno pocos meses antes de las elecciones, debe quedar claro que no es su culpa.)  Y eso es algo que me tiene un tanto apenado, porque muchos de los que se nos van de esta manera son jóvenes de cuyo talento y dedicación he sido testigo, sobre todo en la evaluación de solicitudes de endosos para desarrollos y en el área de informática.  Debe ser que en este momento siento lo que los especialistas estadounidenses en conducta humana denominan como “la culpa del sobreviviente”, como si me pareciera injusto que gente prometedora como ésta tenga que sucumbir ante una crisis de la que no tienen culpa, y dejarnos en el camino a nosotros, los “veteranos” en estas lides, en momentos en los que más los necesitamos.

Pero bueno, así es la vida, y lo mejor que puedo hacer desde aquí es darles las gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros, desearles a tod@s ell@s la mejor de las suertes, y recordarles que cuando nos necesiten… ¡pa’ eso estamos!

Pero esto no quita que yo llame la atención sobre algo curioso que encontré ayer: Según las cifras anunciadas el viernes 29 de mayo por el gobernador Luis G. Fortuño Bruset, estarán saliendo de la nómina pública unos 10401 empleados públicos.  De éstos, 2585 se acogieron a las renuncias “involuntariamente voluntarias”, mientras que los 7816 restantes cayeron en la redada de los despidos “voluntariamente involuntarios”; noten que de estos últimos, 6797 (o un 87%) son empleados transitorios (los mismos que yo creo que no deberían estar más de dos años bajo esa condición—aunque lamentablemente, hay empleados transitorios que llevan años de espera para que se le haga regulares, pero eso ya es otro cuento).

Vamos bien hasta ahí, ¿no?  Pero hay un problema cuando uno observa las cifras de las “economías” que se estarían logrando por estos medios:

Fase Monto (US$)
1: Renuncias y reducción laboral "voluntaria" 51800000
2: Despidos (Primera ronda) 153000000
3: Reducciones salariales y cancelación de beneficios 186800000
TOTAL 391600000
META DEL AHORRO GUBERNAMENTAL 2000000000

Interesantemente, si comparamos el ahorro que se lograría a través de las tres fases del plan gubernamental (US$391600000), con la meta de reducción del déficit que se propone en el mismo (US$2000000000), encontraremos que todavía falta un tramo largo por recorrer, ya que el porciento de diferencia entre uno y otro (que cualquiera que lea esto puede calcular, si quiere) es de –80.4% (-80,4%).  En otras palabras, aun si hasta el momento se ahorra aproximadamente unos US$37650 por cada empleado eliminado de la plantilla gubernamental (y por supuesto, no todos ellos ganan esa cantidad al año), eso prácticamente no hace ni una mella en el problema del déficit gubernamental.  ¡Y eso no pare más!  Es más, como decía el finado Raúl Vale… “les dejo ésa de asignación”.

3) Puerto Rico’s Got Talent!

Último, pero no por ello menos importante: La designación, por parte del presidente Barack H. Obama, de la jueza apelativa federal Sonia Sotomayor a la plaza que David Hackett Souter (cuya biografía se encuentra en esta página, en formato PDF) se espera que deje vacante en el Tribunal Supremo estadounidense, también ha causado furor desde que se anunció en Washington, D.C. la semana pasada.  Ciertamente se ha dicho mucho sobre ella, sobre su historia de haber nacido de padres puertorriqueños en un caserío en el Bronx neoyorquino, sobre la pérdida de su padre cuando ella tenía 9 años de edad, sobre que ella “salió del caserío” para destacarse académicamente en las universidades en las que estudió, sobre su participación en decisiones trascendentales, como la que ella emitió para terminar la huelga de los peloteros de grandes ligas de 1994–1995 (a favor de los peloteros), y un montón de cosas más que se han repetido hasta el cansancio.

Por supuesto, no han faltado los detractores que le han salido al paso—que como era de suponerse, se trata principalmente de elementos pertenecientes a los sectores más recalcitrantes de la derecha estadounidense.  Muchos de ellos la recriminan por haber planteado—en lo que tal vez fue un desacertado ejercicio verbal—la diferencia entre un juez que no ha tenido la experiencia de convivir en “el Barrio” con “los de abajo”, de experimentar sus penurias, de luchar por sobrevivir en un mundo hostil, y un juez (o una jueza) que sí ha vivido esa experiencia.

Justice (Sandra Day) O’Connor has often been cited as saying that a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases.  I am not so sure Justice O’Connor is the author of that line…  I am also not so sure that I agree with the statement.  First, as Professor Martha Minnow has noted, there can never be a universal definition of wise.  Second, I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn’t lived that life.

[…]

However, to understand takes time and effort, something that not all people are willing to give.  For others, their experiences limit their ability to understand the experiences of others.  Other simply do not care….  Personal experiences affect the facts that judges choose to see.  My hope is that I will take the good from my experiences and extrapolate them further into areas with which I am unfamiliar.  I simply do not know exactly what that difference will be in my judging.  But I accept there will be some based on my gender and my Latina heritage.

Lecture: A Latina judge’s voice (The New York Times, 15 de mayo de 2009) (y—¡adivinaron!—el énfasis lo añadí intencionalmente).

Huelga decir que la primera parte de esta cita es la que ha causado que se la caiga la boca de tanto hablar bazofia a cuanto comentarista conservador existe en estos momentos (empezando por Rush Limbaugh, un adicto confeso a los analgésicos controlados, que desde su programa de radio parece haber tomado la batuta de la derecha vocinglera estadounidense).  Y a muchos de estos comentaristas les cayó como una bomba el que una simple leguleya proveniente de una minoría étnica se comparara con un juez blanco-anglosajón-protestante (WASP)… ¡y en la comparación ella saliera airosa!  De hecho, hasta la han tildado se ser “racista” (¿no será eso lo que Freud denominó “proyección”?), de ser “no tan brillante” (como la senadora Evelyn Vázquez dijo aquella vez)…

Alarmante, ¿no es verdad?  Como que se confirma la primera oración en el segundo párrafo de la cita que hice de la jueza Sotomayor (y hasta me alegra haber hecho intencionalmente el énfasis en esa oración): entender, sobre todo entender las experiencias de los demás, saber qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente padece, es una capacidad que requiere dedicar tiempo y esfuerzo—y yo añadiría a ello una frase: “hacer un sacrificio”—, y eso algo a lo que no todo el mundo está dispuesto (y por eso, la jueza Sotomayor añade que hay a quien simple y sencillamente eso no le importa).  Pero qué se va a hacer…

Ya veremos qué sucede desde este punto en adelante, ya que el presidente Obama quiere que el Congreso estadounidense confirme a la jueza Sotomayor lo antes posible, antes de que se inicie el periodo de sesiones de 2009–2010 el lunes, 5 de octubre de 2009 (como es la tradición).  En lo que el hacha va y viene, envío desde aquí a la jueza Sonia Sotomayor mis mejores deseos de éxito en su designación como magistrada del Tribunal Supremo estadounidense, y que sea confirmada cuanto antes, para que pueda representar a Puerto Rico con mucho orgullo en ese alto foro judicial… ¡y que no pierda esa capacidad de entendimiento que a muchos parece molestar!  Después de todo, como dice una frase que se suele atribuir al Quijote de Cervantes (aunque erróneamente; vean la explicación aquí):

Si los perros ladran es señal de que avanzamos, Sancho.

 

¡Y vamos a dejar todo eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, que nos estaremos viendo al comienzo del quinto centenar de entradas, ¿OK?

LDB

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Cuando tenga la tierra…

¡Saludos, mi gente!

Ustedes saben que en entradas anteriores he escrito sobre el trabajo que hacen las organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico.  Es más, déjenme retroceder un poco para ver lo que escribí el año pasado al respecto, cuando contrasté la digna labor de las organizaciones de base comunitaria con el bochornoso espectáculo de los legisladores boricuas (en eventos separados ocurridos un mismo día):

De particular interés fueron las presentaciones que hicieron los líderes o representantes de las comunidades, ya que como la experiencia reciente ha demostrado, estas comunidades son las que están desarrollando las maneras de resolver sus propios asuntos y de reclamarle a los gobiernos pertinentes (particularmente los gobiernos municipales) la atención debida a sus necesidades.  En dichas presentaciones se observaba el interés, el empeño, el tesón con el que estas comunidades luchan día a día contra vientos y mareas, para exigir la reparación de los agravios que cometemos todos los días contra nuestro ambiente.  Ya sea exigir respeto por los árboles cuando éstos son cortados por razones que al final resultan espurias… o defender los derechos de una comunidad que vive, trabaja y sueña dentro de lo que ha sido su hogar histórico… las comunidades nos demuestran que toman su responsabilidad en serio, que tienen el empeño de legarle a las futuras generaciones, un futuro de paz, donde puedan disfrutar de una vida segura, en armonía con su medio ambiente.

Dos ejemplos de conducta pública en un día (10 de febrero de 2008 ) (el énfasis está incluido en el original)

Y hasta insistí en eso mientras esperábamos a que se realizaran las pasadas elecciones generales en Puerto Rico:

En lo que el hacha va y viene, lo mejor que yo puedo hacer es pensar en las cosas que me hubiera gustado ver en los cuatro programas de gobierno para el ejercicio electoral de 2008.  Cosas como por ejemplo, un mayor apoyo del gobierno a las organizaciones comunitarias, que en el análisis final, son las que están ayudando a la gente a pararse sobre sus propios pies, sin “recostarse” de las dádivas de los programas de asistencia social estadounidense.

Cosas que a mí me hubiera gustado ver (27 de octubre de 2008 )

Yo no sé, pero me pregunto si un gobierno—sea del partido político que sea—puede estar en contra de que la gente más necesitada sea capaz de pararse sobre sus propios pies.  Después de todo, una de las funciones de los partidos políticos es buscar alternativas para ayudar a la gente a solucionar los males que la aquejan—me refiero a problemas tan serios como la pobreza, la violencia delictiva, la salud física y emocional, el deterioro de la economía, etc.—y pueda vivir su vida aportando al bienestar y el progreso del país… ¿o me equivoco?

El caso es que en los últimos días han salido a relucir dos proyectos de la Asamblea Legislativa puertorriqueña—pero para los efectos estoy hablando de una misma cosa—, que se han visto como una amenaza a la capacidad de apoderamiento (lo que algunos que pretenden hablar inglés sin siquiera saber hablar buen español llaman empowerment) de estas comunidades pobres.  Tanto el Proyecto del Senado 365 como el Proyecto de la Cámara de Representantes 1403 pretenden enmendar una ley del 2004, por medio de la cual los terrenos en las márgenes del Caño Martín Peña se traspasan (en última instancia) a las comunidades existentes a uno y otro lado.

Para quienes no conocen la zona, el Caño Martín Peña (el cuerpo de agua que se indica con la tachuela roja en este mapa) discurre de este a oeste desde la Laguna San José hasta donde se une con el Río Puerto Nuevo, cerca de donde éste desemboca en la Bahía de San Juan.  El caño separa los distritos sanjuaneros de Santurce al norte y Hato Rey al sur.  A ambos lados del caño están asentadas unas ocho comunidades (Barriada Israel-Bitumul, Parada 27, Península de Cantera, Las Monjas, Barrio Obrero Marina, Barrio Obrero, Buena Vista de Santurce y Buena Vista de Hato Rey), cuyos 27000 habitantes, al decir del Consorcio del Estuario de la Bahía de San Juan (SJBEC), viven “en condiciones de marginalidad y pobreza”.  Dichos residentes, según la página informativa del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña,

… son vulnerables a problemas de salud e inundaciones frecuentes relacionadas con la falta de infraestructura de alcantarillado sanitario y la resultante degradación de este cuerpo de agua.

Irónicamente, estas ocho comunidades pobres se encuentran a poca distancia del tramo de las avenidas Ponce de León (carretera [25] en el mapa) y Muñoz Rivera (carretera [1], no identificada en el mapa, pero que discurre paralela a la Ponce de León) entre el caño y el sector central de Hato Rey, donde radican algunas sedes de los principales bancos e instituciones financieras de Puerto Rico, conocido como “la Milla de Oro”.  ¡Nada más con el testigo! 

(Por cierto, les dejo aquí este enlace para que conozcan parte de la historia de las comunidades que rodean el caño, a través de un proyecto de historia oral dirigido por el profesor Pedro González. de la Universidad Interamericana de Puerto Rico [UIAPR].)

Volviendo al tema, los proyectos legislativos que mencioné arriba procuran intervenir con el Artículo 16 de la Ley 489 del 24 de septiembre de 2004, la Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña.  Según está redactado, ese artículo establece lo siguiente:

Las Agencias Públicas, según definidas en esta Ley, que administren, custodien, dominen, arrienden o posean terrenos en el Distrito se entenderá por esta Ley que han transferido, a partir de los ciento sesenta (160) días de la vigencia de la misma, el respectivo título a la Corporación.  En el caso de los terrenos de dominio o patrimonio público la titularidad de los mismos queda por esta Ley investida en la Corporación, con las excepciones más adelante establecidas en relación con la Zona Marítimo Terrestre.

Pero más allá de lo que esto signifique, sería bueno ver la intención detrás de que la Corporación sea la dueña de esos terrenos bajo esta ley.  Tres artículos más adelante, la Ley 489 de 2004 crea el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, el cual abarcará todos los terrenos que le se le hayan transferido a la Corporación del Proyecto ENLACE (que también se crea bajo dicha ley).  Según redactado,

(a) El Fideicomiso de la Tierra tendrá los siguientes objetivos: (1) Contribuir a resolver el problema de titularidad de muchos residentes en el Distrito mediante la tenencia colectiva del terreno.  (2) Atender con equidad el desplazamiento físico o económico de los residentes de bajos ingresos que resulta de los proyectos de reconstrucción urbana, evitando la desintegración y el desplazamiento de la comunidad.  (3) Garantizar viviendas asequibles en el Distrito.  (4) Adquirir y poseer tierras en beneficio de la comunidad, incrementando el control local sobre la tierra y evitando la toma de decisiones por dueños ausentes.  (5) Facilitar la participación de los residentes y la inversión estratégica del sector privado, y redistribuir con equidad el aumento en el valor de la tierra mediante el mecanismo de bonos de participación, diversificando las fuentes de ingresos de las familias y reinvirtiendo en el Distrito.  (6) Facilitar la reconstrucción y valorización de los espacios urbanos, de acuerdo a la política pública establecida por esta Ley, y los planes de desarrollo y uso de suelo que adopte la Junta de Planificación para el Distrito….

(b) Para cumplir con estos objetivos, el Fideicomiso podrá:…

(Agárrense de sus asientos, porque aquí es que viene lo bueno…)

…  (6) Adquirir por medio de la transferencia de título, los terrenos y solares de origen público que se determina por el estudio que se ordena en el Artículo 16 de esta Ley y proteger los bienes patrimoniales de Puerto Rico en el Distrito….  (8) Administrar los terrenos de forma efectiva para el beneficio equitativo de los residentes del Distrito….

Ley 489 de 2004, Artículo 19 (énfasis añadido por mí intencionalmente).

Digo yo, si como lo dice el artículo de ley que acabo de citar, la obtención de esos terrenos por parte del fideicomiso que se crea bajo esa ley es para el beneficio equitativo de los residentes del distrito del Caño Martín Peña, ¿quién puede tener alguna objeción a ello?  Claro está, a menos que se trate de otros intereses que tienen puestos sus ojos en los terrenos alrededor del caño, especialmente los que las agencias públicas poseen en el área.  Intereses que ven en los terrenos alrededor del Caño Martín Peña la posibilidad de desarrollo, pero no la clase de desarrollo que beneficie a los residentes de la zona.  Y no hace falta decir a qué me refiero, pero eso incluye la construcción de apartamentos y viviendas de lujo, de esas que comienzan en los “bajos” US$500000 (y eso es el modelo “básico” con un sólo dormitorio y un cuarto de baño, con estacionamiento para un sólo auto)… la clase de vivienda en la que ninguna de las familias que residen actualmente en estas comunidades podrá poseer, a menos que (en el mejor de los casos) se saquen los millones de dólares en el premio mayor de la Lotto

(Y aún si fuese así, yo sigo cuestionando si en realidad existe en Puerto Rico tal demanda que justifique la venta de viviendas a precios como ése, porque yo lo veo muy dudoso… ¡pero ésa es sólo mi opinión!)

Ante ese cuadro, la impresión es que la Asamblea Legislativa ha salido al rescate… pero no de los residentes de las ocho comunidades alrededor del caño (que se han hecho bautizar “G-8”, como los países que forman la cumbre de países industrializados), sino de los propios intereses desarrollistas que tienen en la mira los terrenos alrededor del caño.  O por lo menos, eso es lo que vemos en los siguientes comentarios sobre la manera en la que el Senado aprobó su versión del proyecto (P.S. 365), por descargue, sin una discusión concienzuda de los méritos del proyecto en el hemiciclo:

La medida me parece un enorme retroceso en el proceso de apoderamiento social y de autogestión, y plantea un empujón a la agenda gubernamental que en ocasiones parece descartar a las comunidades a la hora de tomar decisiones sobre sus tierras.  Eso, por no hablar del desplazamiento que era la norma antes de la aprobación del Fideicomiso.  Ya sabes: sacamos a los pobres para construir para los ricos.  Lo peor de todo es que la aprobación por descargue se dio sin siquiera avisar a las comunidades afectadas.

Caño Martín Peña: Golpe mortal a la autogestión (Julio Rivera Saniel: Blogueando, 22 de mayo de 2009)

Esta aprobación pone en serio riesgo un proyecto que ejemplifica extraordinariamente los principios de democracia participativa, autogestión comunitaria, integración de los objetivos de superación de la pobreza con el medioambiente y mecanismos efectivos para lograr justicia distributiva en materia patrimonial.  Por lo que su defensa, permanencia y éxito beneficia a todos los proyectos comunitarios que se basan en estos principios.

Una vez más: Apoya al Caño desde donde puedas…, por la Lcda. Érika Fontánez Torres (Poder, Espacio y Ambiente, 21 de mayo de 2009)

De hecho, a mí me parece que esto podría ser un disparo de advertencia en una guerra no declarada, entre los intereses desarrollistas y sus aliados legislativos, de un lado, y las comunidades y sus organizaciones de base, del otro lado, con el propósito de reducir a estas últimas a entes impotentes, a simples mantenidos dependientes del estado benefactor, que ni sueñen con tener la capacidad de hacerse una vida mejor sin la “ayuda” de un gobierno o partido político (el que sea).  Que no tengan la capacidad de defenderse en contra de las injusticias provocadas por un desarrollo desmedido y que las acepten sin protestar, para que no se perjudiquen el “progreso” y el “bienestar económico” del país.  (¿No se les parece esto último al fin con el cual las corporaciones en los Estados Unidos suelen usar—más bien, abusar—de lo que se conoce como la demanda estratégica contra la participación pública, SLAPP?*  ¿Será esto una señal de lo que está por venir?)

Yo no sé en qué acabe esto, pero me parece que es el reflejo de cómo la ambición de unos pocos, ayudada por la complicidad—y la complacencia—de los mecanismos políticos principales, busca acabar con las ansias de superación de los seres humanos con mayor desventaja social.  (Y después nos preguntamos de dónde sale tanta violencia, tanto desasosiego, tanto pesimismo.)  Pero creo que de las comunidades depende elegir entre dejarse vencer o ponerse de pie… ¡y yo creo que se mantendrán de pie y seguirán de pie, le guste a quien le guste!

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.  Hasta luego.


* Por cierto, en mi búsqueda de información para esta entrada acabo de dar con un libro escrito por los dos catedráticos de la Universidad de Denver que descubrieron y alertaron sobre la tendencia de las SLAPP en la década de 1980:

SLAPPs.  Getting Sued for Speaking Out, por George W. Pring y Penelope Canan.  Philadelphia, PA: Temple University Press, 1996.  296 pp.  ISBN: 1-56639-369-8 en rústica, ISBN: 1-56639-368-X en tapa dura.


LDB