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Hemos visto al enemigo, y el enemigo… ¡son los otros!

Jan Brewer
Image via Wikipedia

¡Saludos, mi gente!

Estoy tratando de imaginar por un momento cuando se reflexionaba sobre cómo sería el Siglo 20.  Tal vez se pensaba que sería el inicio de una nueva era, de una era moderna, de avances en la realización de los seres humanos, en la que los conflictos y los actos y actitudes negativas de unos para con otros serían cosa del pasado.

Por supuesto, acontecimientos del Siglo 20 como las dos guerras mundiales, los asesinatos políticos (como los de los hermanos Kennedy), la guerra (o como lo llamaba la mamá de una amiga mía, “acción policial”) de Vietnam y otros, fueron el gran desmentido para quienes así pensaran entonces, de la misma manera que parecen ser el gran desmentido para los eventos que ocurren en estas primeras décadas del Siglo 21—por no hablar de los que ocurrirán según avance el siglo, ya sea que los presenciemos o no mientras vivamos.

Prueba de ello parecen ser los recientes acontecimientos originados en el estado de Arizona, cuya asamblea legislativa aprobó hace varias semanas un proyecto de ley que le achaca la delincuencia, principalmente a los mexicanos y otros latinoamericanos que entran de manera ilegal a los Estados Unidos.  (¿Será que en Arizona no hay delincuentes entre la población “blanca-anglosajona-protestante”, o sea, WASP?)  El proyecto senatorial, conocido popularmente por las siglas SB 1070 (aquí en Puerto Rico sería algo así como el P. del S. 1070), firmado como ley por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer (Republicana), tiene los siguientes propósitos:

Requires officials and agencies of the state and political subdivisions to fully comply with and assist in the enforcement of federal immigration laws and gives county attorneys subpoena power in certain investigations of employers. Establishes crimes involving trespassing by illegal aliens, stopping to hire or soliciting work under specified circumstances, and transporting, harboring or concealing unlawful aliens, and their respective penalties.

([Mi traducción] “(Esta ley) Requiere que los oficiales y las agencias del estado y de las subdivisiones políticas cumplan completamente con y ayuden en el cumplimiento de las leyes federales de inmigración, y da a los fiscales de los condados poder de citación a comparecencia en ciertas investigaciones a patronos.  Establece delitos que involucran la entrada de extranjeros ilegales, parar a otros para reclutar o solicitar trabajo bajo circunstancias especificadas, y transportar, albergar o esconder extranjeros fuera de la ley, y sus respectivas penalidades.”)

De particular interés es esta enmienda que la nueva ley incorpora a los estatutos estatales existentes:

11-1051. Cooperation and assistance in enforcement of immigration laws; indemnification.

[…]

B. FOR ANY LAWFUL CONTACT MADE BY A LAW ENFORCEMENT OFFICIAL OR AGENCY OF THIS STATE OR A COUNTY, CITY, TOWN OR OTHER POLITICAL SUBDIVISION OF THIS STATE WHERE REASONABLE SUSPICION EXISTS THAT THE PERSON IS AN ALIEN WHO IS UNLAWFULLY PRESENT IN THE UNITED STATES, A REASONABLE ATTEMPT SHALL BE MADE, WHEN PRACTICABLE, TO DETERMINE THE IMMIGRATION STATUS OF THE PERSON.

([Otra vez, mi traducción, pero con énfasis añadido] “B.  Para cualquier contacto de ley hecho por un oficial o agencia de cumplimiento de la ley de este estado, o de un condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política de este estado, donde exista una sospecha razonable de que la persona es un extranjero que esté presente fuera de la ley en los Estados Unidos, se hará un intento razonable, cuando ello sea practicable, para determinar el status de inmigración de la persona.”)

Así, el SB 1070 convierte a las autoridades del estado de Arizona en agentes de control de inmigración de facto, al requerirle a la persona con la que se está interviniendo prueba de que está en el país de manera legal, sólo si esas autoridades tienen la mera sospecha de que la persona no es lo que aparenta ser.  La señora Brewer alega que la ley que firmó es necesaria para atender una situación de delincuencia, cuyo origen ella (y quienes cantan en su mismo coro ideológico) rastrea hasta los inmigrantes ilegales (como si no hubiera gente “pobre, pero honrada” entre esos inmigrantes), y que hasta el momento el gobierno federal (o sea, la administración de Barack H. Obama) no ha querido o no ha sido capaz de atender.

Lógicamente… (por favor, pellízquenme si yo he usado estas palabras antes en este blog) las reacciones no se han hecho esperar.  Protestas—con o sin mayor razón—se han dado en la propia capital de Arizona y en otras ciudades de los Estados Unidos, en contra de lo que representa una medida legislativa así (que por mi experiencia personal, podría decir que no tiene nada que envidiarle a muchas de las “joyas” que han salido de la asamblea legislativa puertorriqueña últimamente), en tanto la mera sospecha sea la base para intervenir con una persona que no encaje en el patrón étnico prevaleciente, y que ello se pueda prestar para la formación de perfiles raciales (creo que en algún lugar leí que a eso lo llaman “individuación”).  Y aunque anteayer (30 de abril de 2010), la gobernadora Brewer firmó como ley unas enmiendas a la controvertida ley para “suavizar” algunos aspectos controvertibles, el hecho es que sigue el descontento contra lo que, a mi juicio, es una medida peligrosa, que se puede prestar para abusos de parte de las autoridades, solamente por la sospecha, y que pudiera fomentar una mayor intolerancia entre los ciudadanos.

Más aún, hoy es Arizona.  Mañana puede ser cualquiera de los 49 estados restantes… aunque no hay que ir muy lejos para ver el sentimiento en contra de los extranjeros.  Basta con decir que en el estado de Alabama, un candidato a la gobernación de ese estado por el Partido Republicano (¡unjú, del mismo partido que la gobernadora de Arizona!) ha lanzado un anuncio político pagado en el que él le exige a todos los extranjeros residentes que aprendan a hablar en inglés si quieren conducir vehículos de motor allí.  (Can you see a pattern here?)

Me pregunto si tanto la gobernadora Brewer como el legislador que presentó el SB 1070 saben que la frontera mexicana con los Estados Unidos no es la única a través de la cual se cuelan los ilegales.  ¿Y qué hay de la frontera con Canadá?  ¿Qué tal la inmigración ilegal a “Puerto Rico-USA”, procedente de la República Dominicana y otros países del Caribe?  (Aunque probablemente no ven con tan malos ojos la inmigración “ilegal” que llega a Miami desde Cuba—ya eso es cosa aparte, aun cuando de vez en cuando se cuele uno que otro “scarface”.)  Y todos los que cruzan ilegalmente estas otras fronteras, aun cuando técnicamente están cometiendo un delito al entrar en un país extranjero sin estar debidamente autorizados para ello (y lo lamento mucho, pero no podemos tapar el cielo con un dedo), ¿son automáticamente delincuentes?  ¿Tendrán las personas que ostentan esa mentalidad—retrógrada, a mi juicio—la misma vehemencia contra los delincuentes que entran ilegalmente desde esas otras fronteras, que la que tienen en contra de los que entran ilegalmente desde México, América Central o del Sur?  A lo mejor estas personas no tienen el tiempo para entender estas sutilezas—siempre tienen asuntos más importantes que atender, siempre tienen “una agenda cargada”.

De hecho, “una agenda cargada” fue la excusa que le dieron a la cantautora colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll (sitio web oficial; información en Wikipedia, en inglés) cuando a nombre de la fundación que ella estableció para ayudar a las causas sociales (Fundación Pies Descalzos), quiso conversar sobre el particular con la gobernadora Brewer.  Y déjenme aprovechar para hacer aquí una confesión: Shakira no es santo de mi devoción; a mí nunca me han gustado ni su voz ni su manera de cantar, ni me ha gustado la forma en la que ella ha llevado su carrera en los años recientes, o sea, como una diva al estilo de Beyoncé, Christina Aguilera o Mariah Carey—más allá de la imagen que proyectaba a comienzos de su carrera, de una cantautora con una vena poética, que expresaba las vivencias y aspiraciones de su generación.  Pero ello no significa que a una figura del renombre mundial de Shakira, quien sólo viene con la intención de dialogar, de ofrecer ayuda, de buscar soluciones a un problema como el impacto de la nueva ley sobre los inmigrantes hispanos, se la deba despachar así porque sí, con la simple excusa de “una agenda cargada”.  Como hubiese dicho mi madre, “desde que se inventaron las excusas…”

(De paso, yo también llegué a admirar los primeros años de la carrera de Mariah Carey, pero ya eso es otro tema.)

Pero más importante aún que el repudio (tapaíto) a los gestos de buena voluntad: ¿a qué viene la actitud que se desprende de iniciativas como la ley del SB 1070, de estar tratando a los indocumentados hispanoparlantes como “el enemigo”?  ¿Se sentirá tan amenazada la nación más poderosa del mundo por gente que procede de un tipo cultural diferente?  ¿Será que lo único que los WASP conocen de los inmigrantes son las cosas malas que hacen algunos—aquéllos que han traído algunos malos hábitos desde sus lugares de origen, que llegan con el propósito de “vivir del cuento” (e insisto en que no podemos tapar el cielo con un dedo, porque ésa es la realidad)—y quieren juzgar a “los otros” con la misma vara?  ¿Será simplemente miedo a encontrarse con gente “diferente”, que les ayude a abrir sus perspectivas del mundo que—quieran o no—los rodea?

Y ese mismo miedo es el que hace que los otros sean “el enemigo”…

¡Y vamos a dejarlo ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien.


Actualización (29 de julio de 2010): Afortunadamente, una jueza del sistema de justicia federal ordenó que se paralizara la implantación de los aspectos más controvertibles de la Ley S.B. 1070 de Arizona, lo que debe dar un respiro hasta tanto se determine el impacto de las disposiciones pertinentes.  Por supuesto, ello no ha impedido que la gobernadora Brewer haya jurado vengarse haya anunciado que acudirá a los tribunales para defender esa ley, que ella ve como “una ayudita” que le está dando su estado al gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.  (Pero con “ayudas” como ésa… ¡gracias, pero no, gracias!)  Obviamente, las líneas de batalla seguirán trazadas, con los simpatizantes de la ley en cuestión queriendo arreciar la lucha para sacar del país a quienes consideran “indeseables”, aún si muchos de esos inmigrantes hacen las tareas que quienes así piensan no hacen por considerarlas “indignas”.  Otra de esas ironías que nos da la vida.  Pero ése siempre será el precio a pagar por buscar la dignidad de todos los seres humanos.  De todos, sin distinción.

Actualización (20 de abril de 2011): Yo no sé cómo ustedes lo vean, pero creo que de vez en cuando, alguna gente saca de donde no hay para demostrarle al mundo que tiene temple o espinazo o “babilla” (como la llamamos en Puerto Rico).  A juzgar por lo que dice un editorial publicado en la página A22 del The New York Times de ayer (Gov. Brewer Shows Some Moxie, del 19 de abril de 2011), la gobernadora Brewer tuvo el buen juicio de vetar lo que el “periódico de récord” de la Gran Manzana denominó como dos medidas legislativas absurdas (énfasis mío), a saber: un proyecto de ley para permitir la portación de armas de fuego dentro de los recintos universitarios (que me imagino que vendrá a la zaga de los violentos hechos de enero pasado) y uno que requeriría que los candidatos a la presidencia estadounidense proveyeran prueba detallada de ser ciudadanos estadounidenses, que incluiría un affidavit jurado y un certificado de nacimiento completo y válido para poder figurar en la papeleta electoral en Arizona (lo que seguramente hubiera complacido a algunos teteros por ahí, que están obsesionados por sacarse al presidente Barack H. Obama del sistema a como dé lugar—y a lo que me refiero con “teteros” no es lo que algun@s se imaginan, ¿OK?).  Aunque el editorial apunta que su motivación para vetar lo de las armas de fuego en las universidades no fue tan clara, la señora Brewer habría dicho que el proyecto sobre la prueba de ciudadanía iba demasiado lejos—y eso, según el editorial, es algo que viene de quien en 2010 firmó orgullosamente una medida mal intencionada dirigida a darle a las agencias policiales locales el poder extraordinario para arrestar a quien no pudiese demostrar su presencia legal en los EE.UU.  El último párrafo del editorial comienza con la siguiente oración:

“This does not mean that Ms. Brewer is a new person politically, but it does suggest that she has limits.”

(Mi traducción, por supuesto: «Esto no significa que la señora Brewer sea políticamente una nueva persona, pero sugiere que ella tiene límites.»)

¡Bueno por ella!  ¡Ojalá y así siga siendo!


LDB

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Episodio 301: De permisos, despidos y el surgimiento de una estrella

¡Saludos, amigas y amigos, donde quiera que estén!

Les doy la bienvenida al inicio oficial del cuarto centenar de entradas de mi blog….  O por lo menos, a la entrada de hoy la voy a tener como la número 301 desde que inicié esta fase de mi blog (en Blogger.com) en mayo de 2004.  (Cinco años… ¡como pasa el tiempo!)  Y es así, si consideramos que como administrador de mi blog he tenido que eliminar una que otra entrada por X o Y razón (y si fuera por eso, la entrada de hoy sería en realidad… no sé… la número 306 o la 308).  Pero no hay mal que por bien no venga, si eso me ayuda a dedicar este blog, más hacia las cosas de las que me interesa escribir, las cosas que a mí me preocupan, que a cosas sobre las que al mirar hacia atrás veo que no tiene sentido escribirlas.  Y mientras pueda seguirlo haciendo—y yo pienso seguirlo haciendo, y con mucho gusto—, ése será el camino a seguir.  Así que les doy las gracias a todos ustedes, mi gente, por permitirme llegar hasta aquí.

Pero ya basta de esta digresión.  El caso es que esta semana han saltado a la luz tres situaciones que creo que voy a tener que comentar aquí, así que voy a tratar de que esto quede tan short and sweet como me sea posible.  Así que… ¡vamo’ al mambo!

1) Y seguimos de bofetada en bofetada: Los proyectos legislativos de la nueva ley de permisos

Y empiezo en la misma línea con la que cerré la entrada anterior, cuando mencioné las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) de las que tanto se ha abusado en los Estados Unidos.  Junto con los proyectos de ley que pretenden (a la larga) privar de sus tierras a las ocho comunidades circundantes al Caño Martín Peña, otro par de proyectos presentados en ambos hemiciclos legislativos están causando bastante furor: el Proyecto del Senado 880 y el Proyecto de la Cámara 1649.  Ambos proyectos pretenden crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”, con el fin de agilizar y mejorar el proceso por medio del cual se otorgan los permisos de desarrollo en Puerto Rico.  Me imagino que ello responde a una queja—que a mi entender, es casi tan vieja como el frío—de los sectores desarrollistas del país, sobre lo lento y complicado del otorgamiento de permisos para el desarrollo en Puerto Rico y lo que ello representa en términos de los costos en los que tienen que incurrir y de la “competitividad” de Puerto Rico para la inversión en el desarrollo.  (¿No se les parece eso a la excusa que tuvo en su momento el que fuera el vicepresidente de los EE.UU., L. Danforth “Dan” Quayle, para echar por tierra todo lo que se había logrado allí en el terreno medioambiental?)  Ambos proyectos conllevan transformar la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en una nueva agencia que se conocería como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), y crear las siguientes figuras y oficinas relacionadas: el “Profesional Autorizado”, los “Gerentes de Permisos” y “Oficiales de Permisos”, el “Inspector General de Permisos” (con su oficina correspondiente), la “Junta de Apelaciones de Permisos”…

(¡Sí!  Ya sé que los estoy mareando…)

Sin embargo, para no hacer esta entrada más larga de lo que creo que me va a salir de todos modos, hay un aspecto que parece enlazar bastante bien con las triquiñuelas legales como la que mencioné la vez pasada.  Por ejemplo, se le da a la agencia a crearse—y al “Profesional Autorizado” (que por lo general será un ingeniero, un arquitecto o un inspector)—la facultad de tomar determinaciones finales (o sea, definitivas) sobre las solicitudes de endoso o permiso ante su atención.  Se presume la certeza de las “determinaciones finales” favorables a los permisos solicitados, al punto de que…

El descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso o recomendación favorable expedido por la Oficina de Gerencia y por un Profesional Autorizado, luego de finalizada la construcción de una obra al amparo de los mismos y obtenido el permiso de uso para la misma, no conllevará la revocación del permiso ni la destrucción de la obra.  Disponiéndose que las disposiciones de este párrafo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso.

Artículo 9.10, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (énfasis añadido intencionalmente).

Con esto, parece que se quiere evitar la ola de protestas que han surgido contra proyectos como Paseo Caribe, cuyos permisos están todavía en tela de juicio.  Pero esto no es lo único.  Cualquier parte afectada por una de estas “determinaciones finales” puede solicitar un recurso de apelación ante la Junta Apelativa, dentro de los 30 días laborables siguientes a la notificación de dicha determinación.  Sin embargo, para procurar la suspensión de una “determinación final”…

En dicha petición, el apelante deberá demostrar claramente cuáles los daños irreparables que sufrirá de no concederse la suspensión solicitada y prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte apelada de concederse dicha solicitud….  La mencionada fianza no será requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades ni a ninguno de sus funcionarios en su carácter oficial.

Artículo 12.3, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (de nuevo, énfasis añadido intencionalmente).

O sea, que tras de que como apelante tengo que demostrar los daños que le está haciendo una obra (objeto de una “determinación final favorable”) a mi comunidad, ¿tengo yo que pagarle a la parte apelada por los “daños” que sufrirá si no se lleva a cabo la misma?  ¿Y qué tal si el monto de la fianza equivale al costo diario de las labores en la obra de la parte apelada?  Peor aún, ¿tendrá una comunidad de escasos recursos—por más conscientes y organizados que estén sus residentes—los recursos para enfrentarse a un desarrollador poderoso cuyo proyecto sea una amenaza contra su bienestar?  ¿Será ésta una estrategia similar a la de las demandas SLAPP, para “mandar a callar” a las comunidades pobres y someterlas a un régimen de marginación y dependencia de las dádivas gubernamentales?

Personalmente, yo me resisto a creer que ésa sea la intención detrás de proyectos legislativos como éstos y como los que mencioné en mi entrada anterior.  Más aún, me resisto a creer que esa injusticia se pueda sostener.

2) Y la recuperación económica… ¿a’onde e’tá?

Después de las renuncias “involuntariamente voluntarias” de empleados públicos en Puerto Rico, ha llegado el momento para los despidos “voluntariamente involuntarios”.  Y éstos ya comenzaron a notificarse el pasado viernes, 29 de mayo de 2009.  Como ya dije anteriormente, con estos movimientos el gobierno de Puerto Rico espera ponerse en camino de la “recuperación” económica y de la disminución de tamaño y agilización de las agencias y servicios públicos.

Lógicamente, mi lugar de trabajo no ha sido la excepción, y ya se ha iniciado el despido de varios de los empleados irregulares, transitorios y por contrato que fueron reclutados en años recientes.  (Y aun si alguno de ellos fue reclutado en violación a la ley que prohíbe reclutar personal en el gobierno pocos meses antes de las elecciones, debe quedar claro que no es su culpa.)  Y eso es algo que me tiene un tanto apenado, porque muchos de los que se nos van de esta manera son jóvenes de cuyo talento y dedicación he sido testigo, sobre todo en la evaluación de solicitudes de endosos para desarrollos y en el área de informática.  Debe ser que en este momento siento lo que los especialistas estadounidenses en conducta humana denominan como “la culpa del sobreviviente”, como si me pareciera injusto que gente prometedora como ésta tenga que sucumbir ante una crisis de la que no tienen culpa, y dejarnos en el camino a nosotros, los “veteranos” en estas lides, en momentos en los que más los necesitamos.

Pero bueno, así es la vida, y lo mejor que puedo hacer desde aquí es darles las gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros, desearles a tod@s ell@s la mejor de las suertes, y recordarles que cuando nos necesiten… ¡pa’ eso estamos!

Pero esto no quita que yo llame la atención sobre algo curioso que encontré ayer: Según las cifras anunciadas el viernes 29 de mayo por el gobernador Luis G. Fortuño Bruset, estarán saliendo de la nómina pública unos 10401 empleados públicos.  De éstos, 2585 se acogieron a las renuncias “involuntariamente voluntarias”, mientras que los 7816 restantes cayeron en la redada de los despidos “voluntariamente involuntarios”; noten que de estos últimos, 6797 (o un 87%) son empleados transitorios (los mismos que yo creo que no deberían estar más de dos años bajo esa condición—aunque lamentablemente, hay empleados transitorios que llevan años de espera para que se le haga regulares, pero eso ya es otro cuento).

Vamos bien hasta ahí, ¿no?  Pero hay un problema cuando uno observa las cifras de las “economías” que se estarían logrando por estos medios:

Fase Monto (US$)
1: Renuncias y reducción laboral "voluntaria" 51800000
2: Despidos (Primera ronda) 153000000
3: Reducciones salariales y cancelación de beneficios 186800000
TOTAL 391600000
META DEL AHORRO GUBERNAMENTAL 2000000000

Interesantemente, si comparamos el ahorro que se lograría a través de las tres fases del plan gubernamental (US$391600000), con la meta de reducción del déficit que se propone en el mismo (US$2000000000), encontraremos que todavía falta un tramo largo por recorrer, ya que el porciento de diferencia entre uno y otro (que cualquiera que lea esto puede calcular, si quiere) es de –80.4% (-80,4%).  En otras palabras, aun si hasta el momento se ahorra aproximadamente unos US$37650 por cada empleado eliminado de la plantilla gubernamental (y por supuesto, no todos ellos ganan esa cantidad al año), eso prácticamente no hace ni una mella en el problema del déficit gubernamental.  ¡Y eso no pare más!  Es más, como decía el finado Raúl Vale… “les dejo ésa de asignación”.

3) Puerto Rico’s Got Talent!

Último, pero no por ello menos importante: La designación, por parte del presidente Barack H. Obama, de la jueza apelativa federal Sonia Sotomayor a la plaza que David Hackett Souter (cuya biografía se encuentra en esta página, en formato PDF) se espera que deje vacante en el Tribunal Supremo estadounidense, también ha causado furor desde que se anunció en Washington, D.C. la semana pasada.  Ciertamente se ha dicho mucho sobre ella, sobre su historia de haber nacido de padres puertorriqueños en un caserío en el Bronx neoyorquino, sobre la pérdida de su padre cuando ella tenía 9 años de edad, sobre que ella “salió del caserío” para destacarse académicamente en las universidades en las que estudió, sobre su participación en decisiones trascendentales, como la que ella emitió para terminar la huelga de los peloteros de grandes ligas de 1994–1995 (a favor de los peloteros), y un montón de cosas más que se han repetido hasta el cansancio.

Por supuesto, no han faltado los detractores que le han salido al paso—que como era de suponerse, se trata principalmente de elementos pertenecientes a los sectores más recalcitrantes de la derecha estadounidense.  Muchos de ellos la recriminan por haber planteado—en lo que tal vez fue un desacertado ejercicio verbal—la diferencia entre un juez que no ha tenido la experiencia de convivir en “el Barrio” con “los de abajo”, de experimentar sus penurias, de luchar por sobrevivir en un mundo hostil, y un juez (o una jueza) que sí ha vivido esa experiencia.

Justice (Sandra Day) O’Connor has often been cited as saying that a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases.  I am not so sure Justice O’Connor is the author of that line…  I am also not so sure that I agree with the statement.  First, as Professor Martha Minnow has noted, there can never be a universal definition of wise.  Second, I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn’t lived that life.

[…]

However, to understand takes time and effort, something that not all people are willing to give.  For others, their experiences limit their ability to understand the experiences of others.  Other simply do not care….  Personal experiences affect the facts that judges choose to see.  My hope is that I will take the good from my experiences and extrapolate them further into areas with which I am unfamiliar.  I simply do not know exactly what that difference will be in my judging.  But I accept there will be some based on my gender and my Latina heritage.

Lecture: A Latina judge’s voice (The New York Times, 15 de mayo de 2009) (y—¡adivinaron!—el énfasis lo añadí intencionalmente).

Huelga decir que la primera parte de esta cita es la que ha causado que se la caiga la boca de tanto hablar bazofia a cuanto comentarista conservador existe en estos momentos (empezando por Rush Limbaugh, un adicto confeso a los analgésicos controlados, que desde su programa de radio parece haber tomado la batuta de la derecha vocinglera estadounidense).  Y a muchos de estos comentaristas les cayó como una bomba el que una simple leguleya proveniente de una minoría étnica se comparara con un juez blanco-anglosajón-protestante (WASP)… ¡y en la comparación ella saliera airosa!  De hecho, hasta la han tildado se ser “racista” (¿no será eso lo que Freud denominó “proyección”?), de ser “no tan brillante” (como la senadora Evelyn Vázquez dijo aquella vez)…

Alarmante, ¿no es verdad?  Como que se confirma la primera oración en el segundo párrafo de la cita que hice de la jueza Sotomayor (y hasta me alegra haber hecho intencionalmente el énfasis en esa oración): entender, sobre todo entender las experiencias de los demás, saber qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente padece, es una capacidad que requiere dedicar tiempo y esfuerzo—y yo añadiría a ello una frase: “hacer un sacrificio”—, y eso algo a lo que no todo el mundo está dispuesto (y por eso, la jueza Sotomayor añade que hay a quien simple y sencillamente eso no le importa).  Pero qué se va a hacer…

Ya veremos qué sucede desde este punto en adelante, ya que el presidente Obama quiere que el Congreso estadounidense confirme a la jueza Sotomayor lo antes posible, antes de que se inicie el periodo de sesiones de 2009–2010 el lunes, 5 de octubre de 2009 (como es la tradición).  En lo que el hacha va y viene, envío desde aquí a la jueza Sonia Sotomayor mis mejores deseos de éxito en su designación como magistrada del Tribunal Supremo estadounidense, y que sea confirmada cuanto antes, para que pueda representar a Puerto Rico con mucho orgullo en ese alto foro judicial… ¡y que no pierda esa capacidad de entendimiento que a muchos parece molestar!  Después de todo, como dice una frase que se suele atribuir al Quijote de Cervantes (aunque erróneamente; vean la explicación aquí):

Si los perros ladran es señal de que avanzamos, Sancho.

 

¡Y vamos a dejar todo eso ahí!  Cuídense mucho y pórtense bien, que nos estaremos viendo al comienzo del quinto centenar de entradas, ¿OK?

LDB