¡Saludos, amigas y amigos, donde quiera que estén!
Les doy la bienvenida al inicio oficial del cuarto centenar de entradas de mi blog…. O por lo menos, a la entrada de hoy la voy a tener como la número 301 desde que inicié esta fase de mi blog (en Blogger.com) en mayo de 2004. (Cinco años… ¡como pasa el tiempo!) Y es así, si consideramos que como administrador de mi blog he tenido que eliminar una que otra entrada por X o Y razón (y si fuera por eso, la entrada de hoy sería en realidad… no sé… la número 306 o la 308). Pero no hay mal que por bien no venga, si eso me ayuda a dedicar este blog, más hacia las cosas de las que me interesa escribir, las cosas que a mí me preocupan, que a cosas sobre las que al mirar hacia atrás veo que no tiene sentido escribirlas. Y mientras pueda seguirlo haciendo—y yo pienso seguirlo haciendo, y con mucho gusto—, ése será el camino a seguir. Así que les doy las gracias a todos ustedes, mi gente, por permitirme llegar hasta aquí.
Pero ya basta de esta digresión. El caso es que esta semana han saltado a la luz tres situaciones que creo que voy a tener que comentar aquí, así que voy a tratar de que esto quede tan short and sweet como me sea posible. Así que… ¡vamo’ al mambo!
1) Y seguimos de bofetada en bofetada: Los proyectos legislativos de la nueva ley de permisos
Y empiezo en la misma línea con la que cerré la entrada anterior, cuando mencioné las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) de las que tanto se ha abusado en los Estados Unidos. Junto con los proyectos de ley que pretenden (a la larga) privar de sus tierras a las ocho comunidades circundantes al Caño Martín Peña, otro par de proyectos presentados en ambos hemiciclos legislativos están causando bastante furor: el Proyecto del Senado 880 y el Proyecto de la Cámara 1649. Ambos proyectos pretenden crear la “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”, con el fin de agilizar y mejorar el proceso por medio del cual se otorgan los permisos de desarrollo en Puerto Rico. Me imagino que ello responde a una queja—que a mi entender, es casi tan vieja como el frío—de los sectores desarrollistas del país, sobre lo lento y complicado del otorgamiento de permisos para el desarrollo en Puerto Rico y lo que ello representa en términos de los costos en los que tienen que incurrir y de la “competitividad” de Puerto Rico para la inversión en el desarrollo. (¿No se les parece eso a la excusa que tuvo en su momento el que fuera el vicepresidente de los EE.UU., L. Danforth “Dan” Quayle, para echar por tierra todo lo que se había logrado allí en el terreno medioambiental?) Ambos proyectos conllevan transformar la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en una nueva agencia que se conocería como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), y crear las siguientes figuras y oficinas relacionadas: el “Profesional Autorizado”, los “Gerentes de Permisos” y “Oficiales de Permisos”, el “Inspector General de Permisos” (con su oficina correspondiente), la “Junta de Apelaciones de Permisos”…
(¡Sí! Ya sé que los estoy mareando…)
Sin embargo, para no hacer esta entrada más larga de lo que creo que me va a salir de todos modos, hay un aspecto que parece enlazar bastante bien con las triquiñuelas legales como la que mencioné la vez pasada. Por ejemplo, se le da a la agencia a crearse—y al “Profesional Autorizado” (que por lo general será un ingeniero, un arquitecto o un inspector)—la facultad de tomar determinaciones finales (o sea, definitivas) sobre las solicitudes de endoso o permiso ante su atención. Se presume la certeza de las “determinaciones finales” favorables a los permisos solicitados, al punto de que…
El descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso o recomendación favorable expedido por la Oficina de Gerencia y por un Profesional Autorizado, luego de finalizada la construcción de una obra al amparo de los mismos y obtenido el permiso de uso para la misma, no conllevará la revocación del permiso ni la destrucción de la obra. Disponiéndose que las disposiciones de este párrafo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso.
Artículo 9.10, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (énfasis añadido intencionalmente).
Con esto, parece que se quiere evitar la ola de protestas que han surgido contra proyectos como Paseo Caribe, cuyos permisos están todavía en tela de juicio. Pero esto no es lo único. Cualquier parte afectada por una de estas “determinaciones finales” puede solicitar un recurso de apelación ante la Junta Apelativa, dentro de los 30 días laborables siguientes a la notificación de dicha determinación. Sin embargo, para procurar la suspensión de una “determinación final”…
En dicha petición, el apelante deberá demostrar claramente cuáles los daños irreparables que sufrirá de no concederse la suspensión solicitada y prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte apelada de concederse dicha solicitud…. La mencionada fianza no será requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades ni a ninguno de sus funcionarios en su carácter oficial.
Artículo 12.3, tanto del Proyecto de la Cámara 1649 como del Proyecto del Senado 880 (de nuevo, énfasis añadido intencionalmente).
O sea, que tras de que como apelante tengo que demostrar los daños que le está haciendo una obra (objeto de una “determinación final favorable”) a mi comunidad, ¿tengo yo que pagarle a la parte apelada por los “daños” que sufrirá si no se lleva a cabo la misma? ¿Y qué tal si el monto de la fianza equivale al costo diario de las labores en la obra de la parte apelada? Peor aún, ¿tendrá una comunidad de escasos recursos—por más conscientes y organizados que estén sus residentes—los recursos para enfrentarse a un desarrollador poderoso cuyo proyecto sea una amenaza contra su bienestar? ¿Será ésta una estrategia similar a la de las demandas SLAPP, para “mandar a callar” a las comunidades pobres y someterlas a un régimen de marginación y dependencia de las dádivas gubernamentales?
Personalmente, yo me resisto a creer que ésa sea la intención detrás de proyectos legislativos como éstos y como los que mencioné en mi entrada anterior. Más aún, me resisto a creer que esa injusticia se pueda sostener.
2) Y la recuperación económica… ¿a’onde e’tá?
Después de las renuncias “involuntariamente voluntarias” de empleados públicos en Puerto Rico, ha llegado el momento para los despidos “voluntariamente involuntarios”. Y éstos ya comenzaron a notificarse el pasado viernes, 29 de mayo de 2009. Como ya dije anteriormente, con estos movimientos el gobierno de Puerto Rico espera ponerse en camino de la “recuperación” económica y de la disminución de tamaño y agilización de las agencias y servicios públicos.
Lógicamente, mi lugar de trabajo no ha sido la excepción, y ya se ha iniciado el despido de varios de los empleados irregulares, transitorios y por contrato que fueron reclutados en años recientes. (Y aun si alguno de ellos fue reclutado en violación a la ley que prohíbe reclutar personal en el gobierno pocos meses antes de las elecciones, debe quedar claro que no es su culpa.) Y eso es algo que me tiene un tanto apenado, porque muchos de los que se nos van de esta manera son jóvenes de cuyo talento y dedicación he sido testigo, sobre todo en la evaluación de solicitudes de endosos para desarrollos y en el área de informática. Debe ser que en este momento siento lo que los especialistas estadounidenses en conducta humana denominan como “la culpa del sobreviviente”, como si me pareciera injusto que gente prometedora como ésta tenga que sucumbir ante una crisis de la que no tienen culpa, y dejarnos en el camino a nosotros, los “veteranos” en estas lides, en momentos en los que más los necesitamos.
Pero bueno, así es la vida, y lo mejor que puedo hacer desde aquí es darles las gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros, desearles a tod@s ell@s la mejor de las suertes, y recordarles que cuando nos necesiten… ¡pa’ eso estamos!
Pero esto no quita que yo llame la atención sobre algo curioso que encontré ayer: Según las cifras anunciadas el viernes 29 de mayo por el gobernador Luis G. Fortuño Bruset, estarán saliendo de la nómina pública unos 10401 empleados públicos. De éstos, 2585 se acogieron a las renuncias “involuntariamente voluntarias”, mientras que los 7816 restantes cayeron en la redada de los despidos “voluntariamente involuntarios”; noten que de estos últimos, 6797 (o un 87%) son empleados transitorios (los mismos que yo creo que no deberían estar más de dos años bajo esa condición—aunque lamentablemente, hay empleados transitorios que llevan años de espera para que se le haga regulares, pero eso ya es otro cuento).
Vamos bien hasta ahí, ¿no? Pero hay un problema cuando uno observa las cifras de las “economías” que se estarían logrando por estos medios:
| Fase | Monto (US$) |
|---|---|
| 1: Renuncias y reducción laboral "voluntaria" | 51800000 |
| 2: Despidos (Primera ronda) | 153000000 |
| 3: Reducciones salariales y cancelación de beneficios | 186800000 |
| TOTAL | 391600000 |
| META DEL AHORRO GUBERNAMENTAL | 2000000000 |
Interesantemente, si comparamos el ahorro que se lograría a través de las tres fases del plan gubernamental (US$391600000), con la meta de reducción del déficit que se propone en el mismo (US$2000000000), encontraremos que todavía falta un tramo largo por recorrer, ya que el porciento de diferencia entre uno y otro (que cualquiera que lea esto puede calcular, si quiere) es de –80.4% (-80,4%). En otras palabras, aun si hasta el momento se ahorra aproximadamente unos US$37650 por cada empleado eliminado de la plantilla gubernamental (y por supuesto, no todos ellos ganan esa cantidad al año), eso prácticamente no hace ni una mella en el problema del déficit gubernamental. ¡Y eso no pare más! Es más, como decía el finado Raúl Vale… “les dejo ésa de asignación”.
3) Puerto Rico’s Got Talent!
Último, pero no por ello menos importante: La designación, por parte del presidente Barack H. Obama, de la jueza apelativa federal Sonia Sotomayor a la plaza que David Hackett Souter (cuya biografía se encuentra en esta página, en formato PDF) se espera que deje vacante en el Tribunal Supremo estadounidense, también ha causado furor desde que se anunció en Washington, D.C. la semana pasada. Ciertamente se ha dicho mucho sobre ella, sobre su historia de haber nacido de padres puertorriqueños en un caserío en el Bronx neoyorquino, sobre la pérdida de su padre cuando ella tenía 9 años de edad, sobre que ella “salió del caserío” para destacarse académicamente en las universidades en las que estudió, sobre su participación en decisiones trascendentales, como la que ella emitió para terminar la huelga de los peloteros de grandes ligas de 1994–1995 (a favor de los peloteros), y un montón de cosas más que se han repetido hasta el cansancio.
Por supuesto, no han faltado los detractores que le han salido al paso—que como era de suponerse, se trata principalmente de elementos pertenecientes a los sectores más recalcitrantes de la derecha estadounidense. Muchos de ellos la recriminan por haber planteado—en lo que tal vez fue un desacertado ejercicio verbal—la diferencia entre un juez que no ha tenido la experiencia de convivir en “el Barrio” con “los de abajo”, de experimentar sus penurias, de luchar por sobrevivir en un mundo hostil, y un juez (o una jueza) que sí ha vivido esa experiencia.
Justice (Sandra Day) O’Connor has often been cited as saying that a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases. I am not so sure Justice O’Connor is the author of that line… I am also not so sure that I agree with the statement. First, as Professor Martha Minnow has noted, there can never be a universal definition of wise. Second, I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn’t lived that life.
[…]
However, to understand takes time and effort, something that not all people are willing to give. For others, their experiences limit their ability to understand the experiences of others. Other simply do not care…. Personal experiences affect the facts that judges choose to see. My hope is that I will take the good from my experiences and extrapolate them further into areas with which I am unfamiliar. I simply do not know exactly what that difference will be in my judging. But I accept there will be some based on my gender and my Latina heritage.
Lecture: A Latina judge’s voice (The New York Times, 15 de mayo de 2009) (y—¡adivinaron!—el énfasis lo añadí intencionalmente).
Huelga decir que la primera parte de esta cita es la que ha causado que se la caiga la boca de tanto hablar bazofia a cuanto comentarista conservador existe en estos momentos (empezando por Rush Limbaugh, un adicto confeso a los analgésicos controlados, que desde su programa de radio parece haber tomado la batuta de la derecha vocinglera estadounidense). Y a muchos de estos comentaristas les cayó como una bomba el que una simple leguleya proveniente de una minoría étnica se comparara con un juez blanco-anglosajón-protestante (WASP)… ¡y en la comparación ella saliera airosa! De hecho, hasta la han tildado se ser “racista” (¿no será eso lo que Freud denominó “proyección”?), de ser “no tan brillante” (como la senadora Evelyn Vázquez dijo aquella vez)…
Alarmante, ¿no es verdad? Como que se confirma la primera oración en el segundo párrafo de la cita que hice de la jueza Sotomayor (y hasta me alegra haber hecho intencionalmente el énfasis en esa oración): entender, sobre todo entender las experiencias de los demás, saber qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente padece, es una capacidad que requiere dedicar tiempo y esfuerzo—y yo añadiría a ello una frase: “hacer un sacrificio”—, y eso algo a lo que no todo el mundo está dispuesto (y por eso, la jueza Sotomayor añade que hay a quien simple y sencillamente eso no le importa). Pero qué se va a hacer…
Ya veremos qué sucede desde este punto en adelante, ya que el presidente Obama quiere que el Congreso estadounidense confirme a la jueza Sotomayor lo antes posible, antes de que se inicie el periodo de sesiones de 2009–2010 el lunes, 5 de octubre de 2009 (como es la tradición). En lo que el hacha va y viene, envío desde aquí a la jueza Sonia Sotomayor mis mejores deseos de éxito en su designación como magistrada del Tribunal Supremo estadounidense, y que sea confirmada cuanto antes, para que pueda representar a Puerto Rico con mucho orgullo en ese alto foro judicial… ¡y que no pierda esa capacidad de entendimiento que a muchos parece molestar! Después de todo, como dice una frase que se suele atribuir al Quijote de Cervantes (aunque erróneamente; vean la explicación aquí):
Si los perros ladran es señal de que avanzamos, Sancho.
¡Y vamos a dejar todo eso ahí! Cuídense mucho y pórtense bien, que nos estaremos viendo al comienzo del quinto centenar de entradas, ¿OK?
LDB
El Mundo de Luis Daniel Beltrán 